El proceso de intervención de la financiera Desyfin, ordenado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el pasado 13 de agosto, concluyó este miércoles con la declaración de inviabilidad y la orden de resolución inmediata.
¿De qué se trata este mecanismo? La Nación explica en qué consiste una resolución y cuál es el propósito de ejecutar un procedimiento de esta naturaleza.
Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), comentó que la intervención tiene como fin determinar si se puede establecer un plan de regularización financiera que permitiría a la entidad continuar operando; o proponer un mecanismo de resolución porque se determinó que no pueda ser salvada.
En el caso de Desyfin, la interventoría liderada por Marianne Kött Salas propuso ante el Conassif la opción de una resolución. El órgano supervisor aprobó la propuesta este miércoles 9 de octubre.
En este escenario, se aplica el proceso establecido en la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de Entidades Financieras de los Intermediarios Financieros.
Solano recordó que la primera vez que se aplicó esta norma fue para la intervención y la posterior resolución de Coopeservidores. De momento, el procedimiento en esta entidad aún continúa.
La resolución es un conjunto de procedimientos y medidas para solucionar la situación de una entidad que, tras una intervención, se considera financieramente inviable. Entre los posibles desenlaces que propone la normativa están la aplicación de mecanismos como la venta de la entidad o su absorción total o parcial por parte de un ente solvente.
También es posible la transmisión de activos y pasivos a un fideicomiso o un vehículo de propósito especial, así como la recapitalización interna, es decir, la transformación de pasivos en capital.
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El abogado de la OCF explicó que la ley permite una combinación de estos mecanismos y también deja espacio para propuestas de la Administración de Resolución. Agregó que el Conassif es el ente encargado de su aprobación y que debe privar el principio de menor costo.
Para Desyfin se propuso la separación de activos en un “banco bueno”, que se transfiere a una entidad solvente junto con el mismo grupo de pasivos; y un “banco malo”, que se consolidará con los activos de menor calidad en un fideicomiso.
De acuerdo con la normativa, la resolución puede terminar en una liquidación residual de la entidad o con el pago de la garantía de depósitos y solicitud de apertura del proceso concursal (solicitud de quiebra).
“La idea es generar el menor daño a las personas. Si se echa mano del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), habría que, sí o sí, ir a la sede judicial con la apertura de un proceso concursal. Se busca que todo se resuelva en la parte administrativa y no tener que ir a la judicial, porque hay menos posibilidad de recuperar el dinero", explicó Solano.
El objetivo de la resolución es minimizar el impacto negativo sobre la estabilidad del sistema financiero, proteger a los depositantes y evitar el uso de fondos públicos en el rescate de una institución en problemas.
También, conservar la confianza del público en la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero y evitar efectos perjudiciales para este último, como contagios hacia otras entidades o al sistema.
Regularización, el camino que se descartó
La otra opción disponible, descartada por la interventoría en el caso de Desyfin debido a que la entidad fue considerada inviable, es la del plan de regularización. Esta es una propuesta de acatamiento obligatorio cuando se decide tomar ese camino.
Bernardo Alfaro, exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), explicó que, dependiendo de las causales de la intervención, el plan buscaría solventar estos inconvenientes.
Alfaro agregó que estos planes pueden considerar aportes de capital para sustituir las pérdidas y restituir la suficiencia, así como medidas para evitar que se repitan estos problemas, como ajustes en políticas de crédito o cambios en alta gerencia.
“Un plan que termine siendo aceptado por el Consejo y que, por lo tanto, permita que se devuelva la entidad a sus dueños, tendría que ser muy completo y contemplar muchos factores", señaló Alfaro. Añadió que el plan es monitoreado de cerca por Sugef.
Al aprobar el plan o incluso antes, si por motivos de urgencia el Conassif lo considera apropiado, se pueden restringir las nuevas operaciones de crédito, el otorgamiento de prórrogas a las operaciones vencidas y la distribución de utilidades o excedentes.
También se podrá convocar a asambleas de accionistas o asociados para evaluar una recapitalización y disponer la suspensión o limitación en el pago de las obligaciones a cargo de la entidad.
De igual manera, se puede ordenar una reorganización de la entidad, lo que incluye la separación temporal o total de funcionarios, y nombrar a quienes ejecutarán el plan de regularización. Las personas encargadas serán las que decidan cuáles medidas van a adoptar.
“Este plan se da siempre que sea viable financieramente la entidad. Si las pérdidas ya superan todo el patrimonio y no hay anuencia de los socios a inyectar capital, es que se decreta una resolución", agregó Solano.
Esto es lo que ocurrió con Desyfin, que de acuerdo con la administración de la intervención, fue necesario hacer ajustes en la información financiera y contable por ¢17.015 millones, lo que llevó las pérdidas acumuladas a ¢21.968 millones en agosto del 2024. Ese resultados se comió todo el patrimonio de la entidad y dejó, además, un faltante de ¢6.704 millones, lo que representa una caída del 158% del patrimonio y de 10,7% en la suficiencia patrimonial.
¿Por qué se intervino?
La intervención de Desyfin se ordenó luego de analizar un informe preparado por la Sugef, donde se revela, entre otras cosas, deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la compañía.
La entidad financiera empezó un proceso de deterioro desde el 2023 cuando finalizó con una pérdida de ¢1.141 millones. Durante este 2024, el resultado adverso se profundizó, con un acumulado, de enero a agosto, por ¢21.968 millones, tal y como se indicó anteriormente. Desyfin cayó en irregularidad financiera grado tres.
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Sugef también consideró que la entidad ocultó información y obstaculizó el proceso de supervisión. Por ello, presentó una denuncia en contra de la alta gerencia y el Consejo de Administración.
¿Quién es el Grupo Desyfin?
La financiera Desyfin pertenece a la sociedad anónima Grupo Desyfin. Además de esta entidad, el grupo posee otras dos subsidiarias: Arrendadora Desyfin y Desyfin Corredora de Seguros, según el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2023.
El documento señala que la agrupación cuenta con seis accionistas, quienes poseen la participación del 100% del grupo. El Fondo Noruego de Inversión posee el 23,18% de las acciones.
Otras tres sociedades —Inversiones Activas Siglo XXI, S. A., Sociedad Administradora de Acciones Cosi, S. A., y Asesorías Capitalistas Fresh, S. A.— tienen una participación del 12,38% cada una.
Por último, las sociedades anónimas Inversiones Básicas, S. A. y Arrienda Comercial de Sétima GF, S. A. cuentan con un 39,68% de las acciones, con una distribución igual de 19,84% cada una.
