La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) aprobó créditos a miembros de dicho órgano de dirección, en sesiones en las cuales participaron los beneficiarios de dichos financiamientos.
Así se detalla en el Informe de Análisis de Expedientes de Créditos a Asociados, efectuado por la firma KPMG, en el cual se señala la carencia de una política para el manejo de los conflictos de interés dentro de esta asociación.
En una revisión de préstamos otorgados entre el 2013 y el 2017, la firma encontró operaciones aprobadas a los ahora exdirectores Prado Mendoza y Picado Villalobos en sesiones de Junta en las cuales ambos participaron.
“Lo anterior evidencia un posible conflicto de interés, ya que en la sesión donde asiste el señor Prado, es aprobado un crédito donde él es beneficiario directo. Cabe mencionar que en el acta no se evidencia la realización de una acción en particular ante esta situación”, se detalla en el informe de KPMG, del cual tiene copia La Nación.
En la sesión N°. 60-2014, del 28 de mayo del 2014, fue que se acordó el financiamiento del 100% para la compra de un vehículo a Prado Mendoza quien era presidente de Asebanacio en ese momento.
El documento de KPMG también señala que el crédito fue formalizado siete días antes de que fuera aprobado por la Junta Directiva.
Prado Mendoza también recibió otras cuatro operaciones de financiamiento por parte de la Asociación entre el 2015 y el 2017.
En dos de los créditos no se efectuó el análisis del historial de pago con base en el Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
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En otra operación, por ¢59 millones, no se le sometió a un estudio de capacidad de pago, ni se logró identificar las garantías ni la autorización de la Directiva, según el análisis de KPMG.
De los préstamos brindados al expresidente de la Solidarista, tres estaban al día en el pago, dos fueron canceladas y una estaba en cobro judicial al 28 de noviembre del 2018, según el informe de fiscalización.
La firma auditora también reveló que al exvicepresidente de la Asociación, de apellidos Picado Villalobos, la directiva otorgó una garantía para crédito y un préstamo durante una sesión, celebrada el 14 de mayo del 2014, en la cual él participó, según consta en el acta N°. 59-2014.
“Se evidencia la participación del señor Picado Villalobos en la sesión donde se le aprueba el uso de una garantía para una operación de crédito de quien es beneficiario (...) posteriormente se le aprobó al señor Picado un crédito bajo la línea autoamortizable. En dicha sesión, también se evidencia la participación del señor Picado dentro del quórum de la Junta Directiva”, señala el informe de KPMG.
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El financiamiento otorgado al exmiembro de Junta ya fue cancelado, según pudo comprobar la empresa auditora.
A febrero del 2018, Asebanacio contaba con una cartera de préstamos a asociados con un saldo de ¢46.729 millones, en tarjetas de crédito un saldo de ¢2.388 millones y con exasociados un saldo de ¢793 millones en operaciones crediticias, según los estados financieros de la solidarista.
El patrimonio de la organización, al mismo periodo, ascendió a ¢99.120 millones de los cuales ¢76.623 millones es el aporte patronal correspondiente a la cesantía de los trabajadores del Banco Nacional, ¢20.375 millones de ahorro obrero y los restantes ¢2.122 millones en excedentes.
Erick Ramos, abogado de los exdirectores de Asebanacio, respondió que no brindaría ninguna declaración sobre este caso, pues no conoce el informe.
Ramos insistió hace dos semanas que la Directiva de la solidarista nunca aprobó ningún crédito, pues no era potestad de la Junta. Este martes, La Nación envió una consulta acerca de los hallazgos de este informe, sin embargo, al cierre de edición no había respondido.
Sin embargo, el análisis de KPMG sí reseña actas en las que los entonces directores avalaron préstamos.
Por su parte, Karen Vargas, actual gerenta general de Asebanacio, dijo que por ley no puede referirse a operaciones de crédito otorgadas a asociados.
“Los casos en los que se considera mantienen irregularidades están en investigación por parte de la Fiscalía de Fraudes de San José”, recalcó Vargas.
El Ministerio Público investiga, desde el 2017, una denuncia presentada por la actual Junta Directiva de Asebanacio sobre supuesta administración fraudulenta contra los directivos que dirigieron la organización, entre el 2012 y el 2017.
Otros hallazgos
El informe elaborado por KPMG efectuó una revisión a una muestra de 55 créditos entregados a asociados en los cuales fiscalizó todas las etapas del proceso desde la solicitud del financiamiento, la aprobación, desembolsos, hasta el pago.
La firma encontró que el 68% de los préstamos fiscalizados no cuentan con la información completa.
“Un 27% de las operaciones de crédito analizadas sufrieron modificación en su tasa de interés y se desconoce quién las autorizó", se destaca en el documento de 37 páginas.
KPMG encontró casos en los que la operación se aprobó con una tasa del 25%, luego se modificó y se bajó al 12%.
Además, una tercera parte de las operaciones fueron otorgadas sin ningún tipo de garantía o con un aval de excepción de la garantía requerida.
Otra debilidad señalada es la falta de análisis de capacidad de pago del deudor, pues solo en el 18% de los créditos revisados se realizó dicho análisis.
“Es recomendable que la Asociación revise sus políticas sobre análisis de capacidad de pago, garantías, documentación mínima requerida en los expedientes y niveles de aprobación”, se recomendó en el informe.
La Gerenta de Asebanacio recalcó que se efectuaron cambios en la organización, como la aplicación de controles más estrictos, para garantizar el patrimonio de los asociados.