La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, planteará a la Contraloría General de la República evaluar la posibilidad legal de improbar los presupuestos de las instituciones públicas que se resistan a utilizar el Sistema Único de Compras (Sicop).
“Si la ley lo obliga a usted a usar un sistema de estos y no lo usa, bueno hay un tema de legalidad y la aprobación de presupuestos tiene que ver con temas de legalidad, entonces es buscarle alguna opción. Eso obviamente quedará bajo criterio exclusivo de la Contraloría”, comentó la jerarca.
Al ser consultada sobre el asunto, la Contraloría contestó, por medio de la unidad de prensa, que está en disposición de analizar esta opción.
“La Contraloría General de la República estaría en disposición de valorar la posibilidad legal de tomar en cuenta en el acto de aprobación presupuestaria, aquellos parámetros y elementos relacionados con el ordenamiento fiscal, siempre dentro del marco de sus competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública”, respondió la entidad.
Ocho años de intentos
El Sicop es una plataforma que permite a las entidades acceder a todos los proveedores que quieran inscribirse, lo que ayudaría a bajar los costos de los productos y servicios que contratan y, además, la información del sistema es pública, lo cual permite a cualquier ciudadano conocer quiénes venden al Estado.
El país ha tratado de implementar este mecanismo desde el 2010, cuando inició con el instrumento llamado Mer-Link; no obstante, ha sido difícil que todas las entidades participen y, por ello, el exdiputado oficialista Ottón Solís impulsó una ley para hacerlo obligatorio.
Dicha ley empezó a regir en setiembre del 2016 y daba tiempo un año máximo para que todas ingresaran. No obstante, a abril pasado, apenas poco más de la mitad de las entidades (152 que representan un 52%), realizaban compras, total o parcialmente por medio de este mecanismo.
Aguilar explicó que el Sicop es muy importante en este momento de angustia fiscal porque permite bajar costos y además da transparencia al sistema.
“Imagínese lo potente que es consolidar compras para efectos de descuentos y además desde el punto de vista de transparencia, donde cualquier ciudadano puede ver en un sistema esa información, de manera muchísimo más eficiente y rápida se puede adjudicar”, dijo Aguilar, quien también ocupó el puesto de contralora.
Para el ejercicio económico 2018, la Contraloría recibió un total de 283 presupuestos, de los cuales aprobó 167, avaló parcialmente 103 e improbó 13. El total del monto autorizado para el 2018 asciende a ¢15,8 billones.
Si la Contraloría no aprueba un presupuesto, rige el del año anterior, lo cual dejaría a las entidades en dificultades para atender los incrementos normales de cada año, así como los nuevos proyectos.