El Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están enfrascados en una disputa por impagos millonarios de cuotas estatales al seguro de salud y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La CCSS cuantificó en ¢182.500 millones el pendiente de pago para ambos regímenes, durante 2020, y en dos informes internos se puso en duda que el Gobierno tenga la capacidad de afrontar las contribuciones este año.

Sin embargo, Elian Villegas, ministro de Hacienda, enfatizó en que el Gobierno sí cumple con sus obligaciones a la seguridad social, en su contribución como Estado.

“Cualquier duda que puedan tener sobre las obligaciones para pagos a la Caja son injustificadas. Trasladamos alrededor de ¢2 billones (al año) a la Caja por distintos componentes. Al final, se llevan prácticamente el 40% de la recaudación tributaria del Gobierno Central”, destacó Villegas.

El Ministro también cuestionó los cobros millonarios realizados por la entidad autónoma.

“Vamos a aplicar un control para saber exactamente qué es la factura que nos están pasando y por qué razón nos hacen el cobro”, enfatizó el Villegas.

Además, achacó los atrasos en los pagos a problemas en la gestión financiera de la Caja.

Para ejemplificar su argumento, el funcionario remitió una copia de la factura del mes de enero, por la contribución estatal al IVM. Esta se envió el 17 de marzo, por ¢16.000 millones, según el oficio GF-DFC-0579-2021.

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Los cuestionamientos de Caja se señalan en dos informes de la Dirección Actuarial y Económica en los cuales alertó de un alto riesgo de que el Poder Ejecutivo tenga dificultades para efectuar transferencias de recursos en el 2021, a raíz de la estrechez fiscal provocada por la pandemia sanitaria.

En los documentos, de los cuales tiene copia La Nación, también se advierte de los riesgos de las emisiones de valores del Gobierno, la complicada situación económica y los vencimientos de deuda para este año.

“Es relevante considerar la disminución en el flujo de ingresos del Ministerio de Hacienda, lo cual representa un alto riesgo para el Seguro de Pensiones, ya que en el peor de los escenarios podría llevar a este emisor a no cumplir con el pago de su deuda”, se detalla en el oficio PE-DAE-0100-2021, del 28 de anterior.

En otro informe, el PE-DAE-0111-2021, del 29 de enero, se describe la misma complicación, pero en referencia al seguro de salud.

Ambos documentos efectuaron una revisión del flujo de ingresos de la contribución estatal durante el año pasado.

La Junta Directiva de la Caja conoció los estudios el pasado 11 de marzo, en la presentación del informe anual del Comité de Riesgos.

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Los pagos pendientes, en el caso del seguro de salud, son por la contribución de trabajadores independientes, asegurados voluntarios, privados de libertad y menores de edad.

Con el aporte del Estado al IVM se financia parte de la pensión de 305.835 jubilados.

Ambos pagos son claves para realizar la atención médica de esos pensionados y de 1,7 millones de trabajadores y de sus familiares asegurados.

El monto pendiente de cancelar no es parte de la deuda histórica que el Gobierno tiene con la Caja y que, al cierre del 2020, reportó un saldo de ¢2,01 billones, según la Dirección Actuarial.

Desglose del monto

La situación del impago estatal al IVM y al seguro de salud se conoció en la Junta Directiva de la CCSS, en las últimas semanas.

El pasado 25 de febrero, Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la institución, confirmó un pendiente de ¢51.000 millones correspondiente al aporte de los últimos meses del 2020.

Cada mes, el Estado debe aportar el equivalente al 1,24% del total de la masa salarial que cotiza al fondo.

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“El pago que tenía que entrar en octubre, noviembre y diciembre (del 2020) y que se había planteado entrara a finales de año no se pagó (...). Hablamos de que casi un 40% de los recursos no ingresó. Y al inicio de año (2021) vemos que tampoco está pagando, entonces ya se están generando acercamiento con Hacienda”, afirmó Barrantes a los directivos de la Caja, el pasado 25 de febrero.

Este viernes 23 de abril, el Gerente de Pensiones dijo a la La Nación que la situación de la falta de contribución estatal al régimen se mantiene y que el faltante de recursos se cubre con los intereses de las inversiones de la reserva del IVM.

El jerarca de Hacienda cuestionó que se achaquen atrasos en pagos si el cobro del primer mes del año se hizo 45 días después de finalizado enero.

“No es que nos atrasamos, es que la Caja debe ser más eficiente en sus procesos financieros. También ayudarnos en el proceso de saber qué es la factura que nos pasan y qué es el cobro”, afirmó Villegas.

En el caso del seguro de salud, la previsión de la entidad autónoma era recibir transferencias de Hacienda por ¢719.723 millones, durante el año pasado.

Sin embargo, el ingreso real fue de ¢588.313 millones, es decir, ¢131.510 millones menos de lo previsto.

A raíz de la reducción, los estudios de la Dirección Actuarial recomendaron fortalecer los contactos con el Gobierno.

“Se considera importante que la Alta Gerencia coordine y gestione la transferencia oportuna de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda con el objetivo de lograr fortalecer tanto el seguro de pensiones como el seguro de salud”, se destaca en los informes elaborados por la entidad.

También se instó a la Directiva de la Caja a coordinar con el Gobierno para que, con los eventuales préstamos aprobados en la Asamblea Legislativa, se transfiera el 10% como pago a la institución de la deuda estatal.

Concentración

Las dudas planteadas por la Caja en relación con el Gobierno no se limitan a los pagos de las cuotas estatales.

José Luis Quesada, jefe del Área de Administración de Riesgo de la Caja, advirtió de la alta concentración de las inversiones de recursos de la seguridad social en bonos emitidos por Hacienda.

Por ejemplo, a diciembre pasado, el seguro de salud tenía inversiones bursátiles por ¢1,19 billones, de los cuales el 87,5% estaba colocado en títulos de Gobierno y el Banco Central.

En el caso del IVM, la entidad tenía inversiones por ¢2,38 billones, y el 87% estaba bonos de deuda de Hacienda.