En el caso del Poder Ejecutivo, que incluye a los ministerios, este año se incorpora, por primera vez, a los órganos desconcentrados, que son entidades de los ministerios que realizan tareas específicas como, por ejemplo, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) o el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

LEA MÁS: Presupuestos de 61 órganos desconcentrados serán discutidos en Congreso, por primera vez

Si se le incorpora al presupuesto del 2020 los planes de gasto de los órganos desconcentrados, para hacerlo comparable con el del 2021, arroja un crecimiento de 4,5% que se explica, principalmente, por el incremento en las amortizaciones de deuda y el pago de intereses.

El pago de intereses crece 8% y el pago de deudas de años anteriores (amortizaciones), 33%.

Si se excluyen las amortizaciones de deuda y el pago de intereses, quedan los gastos primarios y estos se reducen en 4,9% entre el plan inicial de gasto del 2020; y el monto es equivalente al 1% del producto interno bruto (¢341.937 millones), explicó Villegas.

El plan, de acuerdo con el ministro, cumple con la regla fiscal, que es un límite al gasto corriente. Para el 2021, la regla limita el gasto corriente a un crecimiento máximo de 4,13% respecto del plan de gasto inicial del 2020, pero permite el crecimiento del gasto de capital.

En el plan presentado, el aumento en el gasto corriente es de 0,77% por lo que cumple holgadamente con la regla.

Para financiar los ¢11,4 millones de millones, el Gobierno utilizará en 45,1% los ingresos por impuestos y en 54,9%, el endeudamiento.

Villegas dijo que hay un esfuerzo de contención del gasto a lo largo de todo el presupuesto; salud, seguridad pública y educación son los que no bajan.

El Ministerio de Hacienda resaltó, en un comunicado de prensa, que pese a los esfuerzos por reducir gasto, la atención de la deuda pública que el país acumuló por años, sigue cobrando una alta cuota dentro del Presupuesto Nacional.

Para el 2021 se deberán destinar ¢4,8 billones a pagar deuda. De ese rubro, ¢2,1 billones corresponden a intereses, puntualizó esa cartera, y agregó que eso significa que el próximo año, la deuda pública le costará al país más de ¢13.000 millones por día.

“Tal y como lo hemos venido reiterando, la urgencia de sustituir deuda cara por deuda barata se hace cada vez más inminente.

“La estrategia de acceder a créditos de organismos multilaterales ha rendido frutos, pues a pesar de un mayor saldo de deuda externa, el monto presupuestado de intereses para atender esta deuda disminuye en 5,4% para el próximo año, respecto al presupuesto actual 2020″, manifestó el jerarca de Hacienda.

El funcionario aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la Asamblea Legislativa para la pronta discusión y aprobación de los créditos de apoyo presupuestario, que permitirán mejorar el perfil de la deuda, bajar su costo y liberar recursos para gasto social e inversión en obra pública necesaria para la reactivación económica.

Un presupuesto atípico

“Se trata de un presupuesto totalmente atípico y excepcional”, dijo Eduardo Cruickshank, diputado del Partido Restauración Nacional y presidente del Congreso, durante el acto de entrega del proyecto, a las 12:30 p. m. en la Asamblea Legislativa.

“Anticipo que la discusión será distinta a la de presupuestos anteriores, ya que dirigirá su enfoque a las emergencias de salud, empleo y a la necesidad de apoyo a los programas sociales para sectores afectados por la pandemia”, añadió Cruickshank.

Indicó que lo que ocurra con la economía costarricense durante el 2021 dependerá de lo que suceda con la economía mundial, con las medidas de contención de la covid-19 y de “cómo maximicemos los escasos recursos en este presupuesto”.

El ministro coincidió con Cruickshank, al señalar que este presupuesto es lo menos ordinario, es atípico, viene a constituir un “parte aguas” en la historia presupuestaria costarricense.

Por su parte, la diputada liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, se refirió a los órganos desconcentrados que se incorporan al plan.

“Como primer punto, la llegada del presupuesto 2021 y la integración de estos órganos le da al Primer Poder la posibilidad real de fiscalización más allá de una tercera parte del Presupuesto”, señaló Hernández.

Estos órganos representaron, en el 2019, un gasto de ¢1,3 billones, un monto casi equivalente a la caída de ingresos prevista para este año.

Añadió que es una oportunidad para revisar realmente cuál es el uso de los recursos. Se podría revisar si se pueden hacer más programas, qué se quiere hacer, cómo apoyan y en qué contribuyen esos recursos.

“Esto debería ser la antesala de la integración y eventualmente la desaparición de las juntas directivas (de los órganos desconcentrados)”, indicó Hernández.

“En muchos casos, los jerarcas no tienen incidencia en esas juntas. También, vendrán recursos frescos al Presupuesto y a estos órganos se les acabó el mundo del superávit. Al terminar el 2021, todo lo que no se use pasará al Gobierno. Esto contribuye a un ejercicio de rendición de cuentas por resultados, un presupuesto por resultados”, añadió Hernández.

Sobre este tema, Villegas añadió que agregar los órganos desconcentrados no es un simple ejercicio de suma. Ha sido por 30 años uno de los mayores desórdenes en el aparato estatal costarricense. Hay más de 10.000 plazas, con gasto por más de ¢1,3 millones de millones, y eso no se reflejaba bien.

“Es un cambio importantísimo y refleja más de 10% del presupuesto, no es un tema menor, es de gran impacto en la política presupuestaria”, indicó Villegas.

Se le consultó a Villegas si a raíz de esta incorporación se recortarían plazas en el 2021, y el ministro respondió que se presupuestó la totalidad de plazas.

Colaboró el periodista Esteban Ramírez