EscucharEl presupuesto de las entidades públicas, así como el gasto ejecutado, podrá crecer un máximo de 2,56% en el 2023, respecto a las erogaciones planeadas o ejecutadas del 2022, según la aplicación de la regla fiscal.
El 28 de marzo pasado, el Ministerio de Hacienda comunicó a las entidades del Gobierno General y a las empresas públicas no financieras el resultado del cálculo de esta regla, la cual está contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (número 9635), para que elaboren sus planes de gasto del 2023.
El 2,56% máximo del plan de gasto del 2023, el cual será ejecutado en su totalidad por el nuevo Gobierno, es un poco mayor al 1,96% que tuvo como techo el presupuesto del 2022.
Para el próximo año el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó una inflación promedio de 3,7% lo que indica que, en términos reales, si se considera el aumento de los precios, las entidades podrían experimentar un recorte en presupuesto o gasto real.
La regla fiscal se comenzó a aplicar desde el presupuesto del año 2020. Para el plan de gasto de dicho año y luego el gasto ejecutado el crecimiento fue de 4,67% respecto al presupuesto del 2019 y para el 2021 fue de 4,13%.
Esta regla busca mantener bajo control el gasto público para que el endeudamiento del Gobierno Central respecto a la producción se mantenga en un monto que no comprometa la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.
El cálculo
Según el artículo 10 del Título IV de dicha Ley, para el cálculo de la tasa de crecimiento asociada a la regla fiscal se debe tomar como referencia el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del producto interno bruto nominal (PIB) y el crecimiento promedio del PIB nominal para los últimos cuatro años anteriores a la formulación del presupuesto nacional.
Si la deuda del Gobierno Central en el año anterior al que se formula el presupuesto es igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no puede sobrepasar el 65% del promedio del crecimiento del producto interno bruto nominal de los últimos cuatro años.
La deuda del Gobierno Central alcanzó en el 2021 un 68,34% de la producción interna y la tasa de crecimiento de la producción nominal de los últimos cuatro años fue: 4,87% en el 2018; 5,05% en el 2019; -3,90% en el 2020 y 9,76% en el 2021; lo cual arroja una tasa promedio de 3,94% y el 65% de la misma es el 2,56%.
“Cabe señalar que, la citada tasa de crecimiento del 2,56% deberá aplicarse igualmente al gasto corriente contenido en dicho gasto total. Por su parte, el crecimiento del gasto de capital podrá sobrepasar dicha tasa, siempre y cuando la suma de ambos tipos de gasto (corriente y de capital) no sobrepase el crecimiento autorizado del 2,56% a nivel del gasto total”, indica la carta del Ministerio de Hacienda.
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El gasto corriente incluye, por ejemplo, salarios, pensiones y transferencias corrientes y el de capital se refiere a las obras públicas.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que el 2,56% es global, pero cada entidad debe sujetarse al mismo. Luego el Ministerio de Hacienda realiza los ajustes necesarios.
Esta tasa aplica para todas las entidades y órganos del Sector Público no Financiero, lo cual incluye al Gobierno General (ministerios, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros) y las empresas públicas no financieras.
El Ministerio de Hacienda también publicó el viernes 1°. de abril dos decretos (los números 43465-H y 43466-H) con las directrices que deben aplicar las entidades para el nuevo presupuesto.
Según estas directrices respecto a las obras de infraestructura se debe dar prioridad al mantenimiento de la inversión existente, luego a las obras que se encuentran en ejecución, luego a los proyectos de obra nueva que cuenten con los estudios de preinversión completos según el tipo de proyecto y por último a los estudios de preinversión y diseños finales de proyectos nuevos, así como los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
También se indica que el sector público no financiero, podrá mantener hasta 35% del saldo total de su deuda interna en el Sistema Bancario Nacional y respecto a los puestos indica que los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, deberán eliminar los puestos vacantes que se generen por movilidad laboral voluntaria o por reestructuración organizacional, excepto cuando las vacantes se originen por cambios en el perfil del puesto que conllevan a homologaciones o modificaciones en los manuales vigentes.
Con este techo las entidades deberán comenzar a elaborar el presupuesto para el próximo año. En el caso del Gobierno Central dicho plan se entregará a la Asamblea Legislativa, el próximo 1°. de setiembre.
