Óscar Rodríguez. 16 noviembre, 2018
La aprobación de la reforma fiscal y la obtención del financiamiento para el pago de deuda son los aspectos claves que esperan las calificadoras para definir la nota crediticia de Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco

La calificación soberana de Costa Rica, como emisor de deuda pública, está al borde una degradación.

Fitch Ratings se convirtió, este 15 de noviembre, en la segunda agencia calificadora que puso al país a las puertas de una rebaja en su nota crediticia.

Moody’s ya había dado un paso similar, el pasado 18 de octubre, cuando puso en revisión la calificación de riesgo del país.

Las dos agencias estadounidenses coincidieron en que están a la espera del desenlace de la reforma fiscal –actualmente en análisis en en la Sala IV–, de las medidas para reducir el crecimiento de la deuda pública y de la obtención del financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda, para pagar los vencimientos de sus bonos en las próximas semanas.

Fitch fue más vehemente en su comunicado de este jueves y estableció un plazo de tres meses para tomar una decisión sobre si degrada la calificación de Costa Rica.

“La calificación se mantiene en BB porque esperaremos el desenlace de la reforma fiscal y el pago de la deuda al final de año. Pero (el comunicado) es para indicar que hay una mayor probabilidad de la degradación”, manifestó a La Nación, Carlos Morales, director del grupo de Soberanos de América Latina de Fitch.

El analista explicó que la revisión es de muy corto plazo y tiene un énfasis especial en el pago de la deuda y del préstamo de casi ¢500.000 millones otorgado por el Banco Central al Gobierno.

“Estaremos revisando esos eventos y en base al resultado decidiremos si el resultado se puede bajar uno (peldaño) o si el deterioro es tal, se discutirá la posibilidad de más degradación”, enfatizó Morales.

Fitch hizo un énfasis hace el énfasis en las necesidades de financiamiento del Gobierno las cuales calificó de “onerosas”.

Hacia final de año, estima el calificador, las necesidades de financiación bruta soberana totalizarán 5,2% del PIB (producto interno bruto), incluyendo 1,8% del PIB para financiar el déficit financiero $1.900 millones (3,3% del PIB) en vencimientos programados de deuda.

Reforma tributaria

Cuando una agencia evaluadora de crédito pone en observación la nota de las emisiones de un país significa que existe un alta probabilidad de un cambio de calificación en la dirección “positiva”, indicando que podría permanecer en su nivel actual o en “negativo”, cuando indica que la calificación podría permanecer en su nivel actual o, posiblemente, ser degradada.

Las calificaciones soberanas son relevantes porque son la guía dada a los inversionistas para determinar si un país tiene capacidad para pagar su deuda.

Una degradación en la nota implica que, cuando un gobierno pide dinero prestado, se le exija un mayor rendimiento debido a la existencia de un mayor riesgo.

Por su parte, uno de los énfasis de Moody’s es en la incapacidad de toma de decisiones políticas que den sostenibilidad a las finanzas públicas y reduzcan la deuda pública, la cual estima llegará al 60% de la producción, en el 2019.

“A lo largo de los años, los gobiernos han fallado repetidamente en promulgar esfuerzos efectivos de consolidación fiscal”, detalló Moody′s en un comunicado de octubre.

La agencia enfatizó que durante el periodo en que tiene en revisión al país –no detalló cuánto tiempo– se verificará si se aprueba una reforma incapaz de revertir el deterioro en los indicadores y finanzas del Gobierno.

Sin embargo, Moody’s manifestó que estabilizaría la perspectiva en el nivel de calificación actual –Ba2– si percibe que el Gobierno adopta ajustes presupuestarios estructurales que combinaran el aumento de los ingresos fiscales y los recortes de gastos.

La calificadora estadounidense fue la única que otorgó, en el 2010, el grado de inversión al país. Sin embargo, degradó la nota crediticia tiempo después debido al deterioro fiscal del país.