En el acuerdo también dictó que en las instituciones excluidas de la tutela de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no tendrán que entregar información financiera básica, pese a que así se había acordado en noviembre del 2017.

El Conassif dispuso que las cooperativas no fiscalizadas estarán bajo la supervisión del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), entidad intervenida por anomalías en su administración, desde febrero del 2017.

En el caso de las solidaristas será el Ministerio de Trabajo el fiscalizador. Ambos tipos de entidades mantienen la obligación de cumplir con la reserva de liquidez en el Banco Central. Este es un fondo del 15% de las captaciones de recursos de sus asociados.

Tras establecer el umbral de activos, el Consejo dictó que 24 cooperativas, de un total de 64, serán fiscalizadas, las cuales ya están bajo los parámetros de Sugef.

En el caso de las asociaciones solidaristas solo cinco comenzarán a entregar información, de un total de 1.493 entidades inscritas ante el Ministerio de Trabajo.

Las solidaristas que serán fiscalizadas son en su mayoría de instituciones públicas: Asociación Solidarista de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS), la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio), la Asociación Solidarista de Empleados del Banco de Costa Rica (Asobancosta) y la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud).

Del sector privado la única será la Asociación Solidarista de Empleados de la Corporación de Supermercados Unidos. Esta es la de los trabajadores de Walmart.

La supervisión efectiva de estas organizaciones asociativas iniciará a finales del 2020.

Tanto el sector solidarista como el cooperativo tienen un peso relevante en la economía costarricense. El primero cerró el año pasado con un patrimonio de más de ¢1,6 billones, mientras que el segundo de ¢581.546 millones.

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Fundamento de decisión

Genaro Segura, jerarca a.í. de la Sugef, explicó que para establecer cuáles nuevas entidades supervisar, el nivel mínimo de activos fue clave, así como la cantidad de créditos y depósitos que poseen con el Sistema Financiero Nacional.

“La determinación de cooperativas y solidaristas por supervisar responde a la relevancia de las entidades en el sistema financiero y a los riesgos de impacto que le podrían conllevar si fracasaran”, afirmó Segura.

El funcionario descartó que la decisión del Consejo deje desprotegidos a las personas afiliadas a cooperativas o solidaristas, pues están bajo la vigilancia y control legal del Infocoop y el Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, el Conassif cuestionó que tanto en el sector cooperativo como el solidarista persiste una “cultura de informalidad”, pues tienen niveles bajos de cumplimiento de información.

El 62% de las entidades solidaristas y el 25% de las cooperativas de ahorro y crédito no entregó la información pedida por el Consejo y ni la ha reportado al Banco Central.

“La mayor rigurosidad que implicaría una supervisión directa bajo los criterios que habitualmente impone la Sugef, posiblemente agravaría sus posibilidades de adaptación y subsistencia”, argumentó el Conassif.

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Guido Alberto Monge, vicepresidente del Movimiento Solidarista Costarricense, descartó que en el sector haya informalidad porque deben cumplir con requerimientos legales en protección de los recursos de sus asociados.

“No todas las organizaciones pueden soportar una supervisión que es cara. Debe recordarse de que entre el 75% y el 80% de las asociaciones solidaristas son pequeñas”, recalcó Monge.

El representante enfatizó que las organizaciones, en los últimos años, han fortalecido sus gobiernos corporativos y su gestión de riesgo.

Entrevista: Cinco minutos

Jerarca a.í. de Sugef: Supervisión responde a relevancia de la entidad

Genaro Segura aseguró que las cooperativas y solidaristas exentas de fiscalización quedan bajo la vigilancia de Infocoop y el Ministerio de Trabajo.

– ¿Cómo se determinó que solo se supervisará a las cooperativas y solidaristas con activos de ¢35.000 millones?

– Se basó en un modelo que se desarrolló considerando tres variables: el tamaño de su activo, la cantidad de deuda que posea con el resto del Sistema Financiero Nacional (créditos) y la cantidad de recursos aportados (fuente de fondeo).

“El umbral representa un nivel de activos mínimo que sustenta un volumen de negocio suficiente para soportar los requerimientos que exige la regulación y supervisión de las entidades que ingresan a la fiscalización de Sugef”.

– ¿Por qué el Consejo y la Superintendencia renuncian a supervisar 40 cooperativas y 1.488 solidaristas?

– La determinación de cooperativas y solidaristas por supervisar responde a la relevancia de las entidades en el sistema financiero y a los riesgos de impacto que le podrían conllevar si fracasaran; todo ello en línea con un enfoque de supervisión basado en riesgos.

– ¿Quedan desprotegidas a miles de personas que forman parte de las solidaristas y cooperativas que no serán supervisadas?

– En el caso de las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito que no estén sujetas a la fiscalización de la Sugef, quedarán bajo la supervisión del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), así como lo indicado en el dictamen de 6 de diciembre de 1996 de la Procuraduría General de la República.

“Las Asociaciones Solidaristas quedarán bajo la vigilancia y el control legal y estatutario del Ministerio de Trabajo”.

– ¿Se justifica que Infocoop, una entidad intervenida, se encargue de supervisar 40 cooperativas?

– La legislación vigente establece que a dicho organismo le corresponde llevar a cabo la más estricta vigilancia de las organizaciones cooperativas.

“Es relevante apuntar que las Cooperativas supervisadas por la Superintendencia representan el 98% del total de activos del sector cooperativo”.