EscucharLa redacción vigente del proyecto de ley de fondo de avales y garantías, que pretende destrabar opciones de crédito por unos $3.000 millones para empresas afectadas por la pandemia de covid-19, podría poner en riesgo los objetivos fiscales del Gobierno en el marco de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ministerio de Hacienda advirtió a los diputados que la redacción actual del proyecto de ley podría elevar las estimaciones de déficit fiscal, pues aumentó los montos que el Gobierno tendría que presupuestar para los avales y garantías durante sus primeros tres años de aplicación.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios redujeron de cinco a tres años el plazo que tendría el Gobierno para presupuestar los $270 millones con los que se alimentaría la iniciativa. Esto implicaría que cada año el Gobierno tenga que transferir $90 millones al fondo, en lugar de los $60 millones anuales.
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El fondo de avales y garantías consiste de “un aporte que se realiza y por el cual no se recibe ninguna contrapartida”, recordó a los legisladores el ministro de Hacienda, Elian Villegas. En una carta enviada el 13 de octubre pasado, el jerarca subrayó que, entonces, presupuestar los recursos en tres años en lugar de cinco implicaría aumentara el gasto contable de ese periodo.
El gasto adicional de $30 millones anuales, durante los primeros tres años del fondo, correspondería a poco menos de ¢20.000 millones anuales, según el tipo de cambio promedio de las transacciones en el mercado Monex hasta este 1.° de noviembre. La cifra es un 0,05% del PIB estimado para este 2021.
Efecto ‘importante’, pero ‘innecesario’
La presupuestación adicional de recursos en los próximos tres años sería de una cuantía “importante”, pero “innecesaria”, criticó el ministro Villegas. La indicación la realizó en la misma carta del 13 de octubre, antes de que los diputados aprobaran la más reciente versión del texto de ley, que incluyó ese cambio.
Hacienda estima que el efecto sería “importante” porque implicaría sumar unos ¢60.000 millones en los gastos presupuestarios para los próximos tres años, sin contar eventuales diferencias por tipo de cambio.
Todo esto tendría “un impacto directo en las metas de déficit acordadas con el FMI”, detalló Villegas.
Como parte de su acuerdo con el Fondo, el país se comprometió a mantener a raya distintos indicadores fiscales. Por ejemplo, el déficit primario (ingresos menos gastos sin contar intereses) no debería superar los ¢34.000 millones y la deuda pública no podría superar los ¢28,7 billones, a marzo del 2022.
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En cuanto a la necesidad o no del recorte de los plazos, el Ejecutivo considera que no tiene mayor sentido.
Según dijo Villegas a los diputados, “pensar que el fondo de avales requerirá todo el capital en los primeros tres años significa que se le estarían trasladando al fondo solo créditos de muy mala calidad crediticia, lo cual claramente no es la idea detrás de este fondo de avales”.
Preocupaciones
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios, Ana Lucía Delgado, afirmó a La Nación, el 9 de noviembre pasado, que el recorte en los tiempos de presupuestación intenta hacer “un balance”.
Indicó que este tema va más allá del impacto fiscal, porque también debe considerar la seguridad jurídica y de liquidez que se dé a las entidades financieras.
Según señaló, dicha seguridad es un punto crucial para que los oferentes puedan otorgar las mejores condiciones crediticias a sus eventuales beneficiarios.
Delgado recordó que la discusión sobre el tema seguiría abierta en las próximas semanas, a pesar de esas observaciones. Sin embargo, este 17 de noviembre, los legisladores de Hacendarios rechazaron una moción impulsada por la diputada liberacionista Yorleny León, la cual pretendía atender las observaciones de Hacienda.
La oficialista Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que la decisión correspondió a un acuerdo de mayoría para garantizar el avance de la iniciativa. “Se rechaza porque se trata de buscar un punto medio para avanzar con el proyecto”, indicó.
La iniciativa de ley se encuentra actualmente en su segundo de dos espacios para recibir cambios, vía mociones de fondo. Solo se le podrán realizar nuevas enmiendas en el plenario legislativo, si así lo desean los legisladores.
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La preocupación sobre los plazos de presupuestación no es nueva en el Congreso. La diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), preguntó desde mayo pasado a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sobre este tema.
La legisladora cuestionó por medio del oficio MISQ-0981-2021 si era viable presupuestar los recursos de los avales en cinco años, a pesar de que los créditos ligados al fondo tendrían que otorgarse en un máximo de 18 meses (prorrogables a seis más).
Ante esa consulta, la superintendenta Rocío Aguilar señaló en el oficio SGF-1593-2021, con fecha del 8 de junio pasado, que obligar al Ministerio de Hacienda a presupuestar extraordinariamente los recursos adicionales, “cuando ello sea necesario para cumplir con los pagos de los avales”, sería “un compromiso suficiente”.
Esa salvaguarda ya estaba en el proyecto y se mantiene en su artículo 11, aún con el plazo recién reducido a tres años.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, recordó recientemente que los recursos presupuestados son necesarios para liquidar los avales, en caso de incumplimiento; pero no para otorgarlos desde un inicio.
El proyecto
El proyecto de Ley de Creación del Programa Nacional de Avales y Garantías (22.144) establece los mecanismos para la utilización de $270 millones de un crédito ya aprobado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Inicialmente se iban a destinar los $300 millones totales del empréstito a este proyecto; sin embargo, al final se restaron $30 millones que serán dirigidos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los $270 millones se podrán utilizar para cubrir avales de hasta 75% del saldo principal de los créditos que se otorguen a empresas afectadas por la pandemia de covid-19.
Las estimaciones iniciales proyectaban que los recursos permitirían respaldar las garantías bancarias para créditos, ampliaciones o reestructuraciones, por unos $3.000 millones, a unas 18.000 empresas afectadas por la covid-19.
La idea es que las operaciones sean potencialmente recuperables, pero el fondo trabajaría bajo la figura de “pérdida esperada”.
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Los créditos otorgados con este tipo de avales se tendrían que suscribir en un plazo máximo de 18 meses, prorrogable por seis más, a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Las empresas beneficiarias tendrían que cumplir con obligaciones propias de sus contratos, incluido el compromiso de mantener o aumentar sus niveles de empleo al momento de la solicitar el financiamiento.
La vigencia del fondo y de los avales sería por un plazo máximo de 10 años, según el texto actualizado.
El fiduciario de los recursos sería el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la gestión de los avales solo estará disponible para las entidades financieras supervisadas por Sugef.
El proyecto de fondo de avales se presentó al Congreso desde agosto del 2020, como una medida de respuesta ante los indicadores de desempleo, que por entonces se ubicaron encima del 20%. No obstante, su trámite ha sido complejo por divergencias técnicas relacionadas con su mecanismo de aplicación.
