Las entidades financieras que respalden créditos a clientes afectados por covid-19, mediante el proyecto del fondo de avales por $300 millones, deberán agotar el proceso de cobro al deudor antes de ejecutar el respaldo estatal dado al préstamo.

Elian Villegas, jerarca del Ministerio de Hacienda, explicó que la iniciativa legal prevé la cobertura pública solo para créditos considerados como recuperables y que cuenten con garantías.

“Los bancos no podrán quitar las garantías existentes en los préstamos (...) El fondo se utilizará para compañías afectadas por el covid-19, pero de cartera recuperable. Ellos (los bancos) también tendrán metida en la operación parte de su plata”, recalcó Villegas.

La iniciativa de Ley de Creación del Programa Nacional de Avales y Garantías establece que el Estado respaldará, como máximo, el 75% del crédito otorgado y el restante 25% corresponde a la institución financiera.

Adicionalmente, cuando el banco finalice el proceso de cobro judicial, o ejecute la garantía recibida como dación de pago, el Ministerio de Hacienda recibirá, en representación del Estado, un porcentaje igual al porcentaje de cobertura avalado.

“El banco tiene que hacer todas las gestiones de cobro normal y cuando se da la pérdida, se verá qué porcentaje de la pérdida le corresponde al banco y cuál al Estado. En ningún caso debe darse una circunstancia de que le corresponda solo al Estado”, afirmó Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Dent añadió que la eventual pérdida la asumirán todos los participantes en la operación y no solo el Estado, pues el mismo cliente deberá entregar las garantías que respaldan el préstamo.

El fondo de avales se financiará mediante un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual fue aprobado en primer debate este martes en el plenario legislativo.

Los avales podrán utilizarse para respaldar créditos nuevos, ampliaciones y reestructuraciones.

La Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios aprobó, la tarde de este martes, el cuarto texto sustituto de la propuesta legal que el Gobierno presentó hace nueve meses.

En la nueva versión se propone destinar el 80% de los recursos del fondo de avales a ayudar a empresas con menos de 100 empleados.

Se prevé que dicho fondo estatal emita avales para operaciones de crédito a unas 18.000 empresas afectadas por la pandemia, principalmente del sector turismo, uno de los más golpeados por la crisis sanitaria.

El riesgo existe

El Ministro de Hacienda dijo que la iniciativa del fondo de avales no será una medida que le permita a la banca aumentar sus operaciones de crédito; para posteriormente cobrar la garantía otorgada por el Estado.

Sin embargo, reconoció que sí existe un riesgo en las operaciones que se respalden, pues el proyecto de ley funciona mediante la figura de pérdida esperada, es decir, cada entidad financiera deberá determinar el porcentaje de operaciones que podrían caer en impago.

“Se debe dar un seguimiento estricto por parte del Consejo Rector del mismo fondo, porque siempre hay un riesgo. Son fondos públicos, pero no se puede pretender que vamos a salir indemnes de este fondo”, reconoció Villegas.

El Consejo Rector del fondo de avales estará conformado por los jerarcas de los ministerios de Hacienda; Economía, Industria y Comercio; y Planificación Nacional. Además, contará con dos miembros externos.

En este programa solo pueden participar intermediarios financieros que son supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), es decir, bancos, cooperativas, mutuales y financieras.

Alberto Dent, presidente del Conassif, destacó que lo novedoso de la iniciativa es que el Estado será garante.

“Las entidades financieras también van a tener que asumir un riesgo, en el tanto se protejan ellas, se protege al Estado”, comentó Dent.

El Presidente del Conassif enfatizó que los bancos no podrán usar el respaldo del fondo de avales para sustituir garantías de los créditos que requieren algún tipo de readecuación.

“Los bancos no están en capacidad de devolver alguna garantía (crediticia) para cambiarla por la garantía del Estado. La medida solo permite tomar la operación existente y darle un poquito más de plata al deudor y, sobre el excedente descubierto, se aplica el aval del Estado”, explicó Dent.

El Presidente del Consejo destacó que no prevén un cambio en la normativa de calificación crediticia vigente para la aplicación del fondo de avales, en caso de aprobarse la legislación en la Asamblea Legislativa.