Con el incremento del 3,91% se cumple con holgura la regla fiscal, un límite al aumento de este tipo de gasto que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 4 de diciembre pasado, y que permitía un aumento de 4,67% (unos ¢60.000 millones más).

La aplicación de dicha regla intenta frenar el crecimiento del gasto para reducir progresivamente el exceso de erogaciones del Gobierno sobre los ingresos que provienen principalmente de impuestos (el déficit fiscal), que cada año se acumula y que aumenta el saldo de la deuda del Gobierno generando una alta cuenta de pago de intereses que limita el resto de gastos del Gobierno, por ejemplo, en educación, salud y seguridad.

¿Cómo se logra el freno?

El freno se logra a pesar de que el gasto en intereses crecerá 18,9% en el 2020, respecto al presupuesto inicial del 2019. Algunas partidas muy grandes crecen poco, o incluso se redujeron.

Entre los principales ajustes está el de las remuneraciones, las cuales aumentarán apenas 1,1%, y en las transferencias corrientes (giros que son para pagar salarios de otras entidades), las cuales decrecerán 2,8%.

En el caso de remuneraciones (que representan la cuarta parte del presupuesto total), la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó que el poco crecimiento que muestran es producto de que ahora los incentivos no se calculan como un porcentaje del salario base, sino que serán un monto fijo para todos los empleados del Gobierno, excepto los del Poder Judicial.

A eso se suma que el salario base ya no tendrá un incremento porcentual, sino también un monto nominal.

Otro factor que contribuye es que solo se crearán 367 plazas, el menor crecimiento de puestos en los últimos nueve años.

Para recortar las transferencias corrientes (las cuales representan un 27,5% del plan total), el Ministerio de Hacienda realizó un reacodomo de partidas.

Aguilar explicó que antes las transferencias eran un solo rubro en el presupuesto, ahora se separaron las corrientes, que van principalmente a pagar salarios y las de capital, que son para invertir en obras.

El caso más importante es el de las universidades estatales a las cuales la transferencia les aumenta en 2,3%; no obstante, deben dedicar cerca de 12% de dicha transferencia a inversiones en obras (aulas y laboratorios, por ejemplo), eso son unos ¢70.000 millones.

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José Luis Arce, director de Presupuesto, explicó que históricamente las universidades dedican entre ¢60.000 millones y ¢80.000 millones a inversión y por eso se acordó esa suma.

Esta nueva distribución no tiene impacto en el nivel de déficit del Gobierno, pues el monto total del gasto se mantiene, solo que ahora dividido en erogaciones corrientes y de capital. No obstante, la ministra defiende la importancia del cambio, pues argumentar que una transferencia de capital ya no es recurrente como la corriente.

Sobre este punto, ella explicó que el gasto corriente cuando nace, “no muere”, por ejemplo, se crea una plaza, surge un salario y luego una pensión, mientras que el gasto de capital sí muere cuando termina la obra.

En esta ocasión la regla fiscal puso límites al gastos corriente, pero si el nivel de la deuda del Gobierno supera el 60% de la producción, como sucederá en el 2020, cuando se estima que alcanzará el 64,7%, también se tendrán que ajustar las inversiones de capital.

Aguilar añadió que en el caso de otras transferencias corrientes se les limitó su crecimiento con base en lo que permite la legislación, que es que no pueden ser menores al monto desembolsado en el 2018.

Este reacomodo de transferencias influye en que el gasto de capital del presupuesto registre un aumento de 16,1% respecto al presupuesto del 2019.

También influye la menor presión de otras partidas de gasto, como remuneraciones, transferencias y amortización.

Aguilar explicó que es difícil separar cuánto del aumento en el gasto de capital es por la redistribución de transferencias y cuánto es por que efectivamente se están contemplando nuevas obras.

¿Cómo queda el plan total?

El ajuste en el gasto corriente fue una de las razones que permitió que el plan de gasto total, por ¢10,5 billones (millones de millones), registrara una reducción de 4,3% respecto al presupuesto original del 2019.

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El otro factor importante que explica la reducción fueron las amortizaciones de deuda, que bajaron 28,6%. Esto se explica porque el Gobierno aumentó los plazos de los vencimientos de sus bonos de manera que varios que se tenían para el 2020 se trasladaron a los siguientes.

Este plan será financiado en 52% por impuestos y 48% por deuda, con lo cual se revierte una tendencia de financiarlo en más de la mitad con préstamos.

Representantes del sector empresarial y financiero del país consideraron positivo el proyecto de ley de gastos para el próximo año por la reducción del gasto público previsto.

Este proyecto será analizado primero por una subcomisión de Asuntos Hacendarios, luego por la Comisión y por último por el plenario, el cual tendrá tiempo para votarlo, en segundo debate, hasta el 29 de noviembre.

Entrevista

Ministra de Hacienda: ‘El reto es mantener la disciplina’

Rocío Aguilar confirmó que la gestión de la deuda y el freno a las remuneraciones fundamentaron la reducción en el presupuesto del 2020,

– ¿Cómo se logró la reducción en el presupuesto del 2020?

– Tiene un decrecimiento del 4,3% y es histórico porque los presupuestos de la República normalmente crecen.

“Se logra fundamental por la estrategia que ha seguido el Ministerio en la gestión de la deuda que permitió que en el 2020 el nivel amortizaciones se redujera frente al periodo anterior.

”En segundo lugar se logra porque el gasto corriente tiene el menor crecimiento de los últimos 10 años, es más, al quitarle los intereses no crece, sino que decrece. Se logra porque se aplica a plenitud el capítulo sobre remuneraciones de la ley (fiscal), con la nominalización de los pluses.

”Todo se logró sin renunciar al gasto de capital pues creció un 16% y también porque se mantuvo la asignación del 12% del PIB al sector social".

– Pese a la reingeniería en las amortizaciones, la deuda consume buena parte del presupuesto.

– El servicio de la deuda consume el 38% del presupuesto total. Más preocupante es que de los ingresos que recibimos, incluidos los adicionales generados por impuestos, casi un 40% se va para pagar intereses.

“El gran reto es mantener la disciplina con la que hemos trabajado el presupuesto, sino buscar reformas adicionales para reducir la deuda. La reforma fiscal lo permite, pero hasta el 2023 es que se revierte la tendencia de la deuda pública”.

– ¿Costó mucho alinear a las instituciones?

– Cuando todos estamos acostumbrados a que tiene un presupuesto y, el año entrante le crece tanto por ciento, nada más tiene que ver dónde acomodo. Pero cuando le dicen que no va crecer, entonces hay que buscar áreas donde pueda haber grasa o donde puedo ser eficiente.