Aldesa propuso desinscribir el fondo de inversión del proyecto Monte del Barco, ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval), a raíz del remate de más del 40% de los terrenos del plan.
La empresa bursátil convocó a los 161 inversionistas, el próximo jueves 12 de agosto, a asamblea con el propósito de discutir la eliminación el fondo de inversión, como estructura jurídica, y continuar su administración como una sociedad anónima.
La ejecución de varias fincas, dadas como garantía en deudas con los bancos Lafise, Bancentro y Grupo Maklouf, provocó que los activos del fondo disminuyeran en una proporción mayor al pasivo, con lo cual se incrementó la razón de endeudamiento.
“Este ajuste contable implicará, consecuentemente, registrar un nivel de endeudamiento excedente al límite regulatorio del 60% permitido para los fondos de desarrollo de proyectos”, explicó la empresa en comunicado enviado a sus inversionistas, este martes 3 de agosto.
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Si los inversionistas aprueban la desinscripción del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco implicará que este instrumento dejará de ser público y Aldesa no estará obligado a informar al mercado de valores sobre temas de las finanzas o avance del plan.
Además implicará que dicho proyecto ya no estará bajo la fiscalización de la Sugeval, y que todos los inversionistas del fondo serían accionistas en proporción a su inversión original.
Pérdida de terrenos
La compañía detalló que apeló los remates, ejecutados a comienzo de este año, pero aún no se han resuelto las apelaciones.
“Debe destacarse que el límite de endeudamiento mencionado se aplica específicamente a los fondos de desarrollo inmobiliario, no así a otras figuras jurídicas, como las sociedades anónimas”, subrayó Aldesa.
Adicionalmente informó que “es materialmente imposible” capitalizar el fondo de inversión para reducir el nivel de deuda porque varias de las sociedades están dentro del convenio preventivo de acreedores.
“Es importante dejar claro que este cambio es solo del vehículo de inversión y que no tiene implicaciones de carácter financiero sobre el proyecto; tampoco afecta los términos del convenio de acreedores que está en trámite”, informó Aldesa a sus inversionistas.
La ejecución 26 fincas del proyecto Monte del Barco se llevó acabo en febrero pasado, e implicó que el plan perdiera una extensión de 172,2 hectáreas, de un total de 432 hectáreas.
En junio del 2020, el inversionista Grupo Maklouf también se adjudicó 29,6 hectáreas, es decir el 6% de los terrenos del proyecto, por una deuda de $331.319, pero que generó una pérdida contable al fondo de $9.805.329, detalló Aldesa en un hecho relevante, este martes, donde informa sobre el rechazo de su apelación.
Ambos procesos fueron en los terrenos privados del proyecto, pues 31,6 hectáreas corresponden a propiedades otorgadas en concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
El plan de desarrollo Monte del Barco posee la concesión de los terrenos en el Golfo de Papagayo, desde 1996, cuando el ICT otorgó el derecho de explotación en los terrenos públicos.
La iniciativa tiene previsto el desarrollo de un hotel de lujo de 140 habitaciones, un campo de golf y la venta de contratos de residencias.
Cambios legales
La liquidación del fondo de desarrollo inmobiliario implicará que Aldesa deba efectuar varios ajustes.
Por ejemplo, la disolución de una sociedad panameña que es la dueña de un holding domiciliado en Costa Rica que, a su vez, es la propietaria del 100% de todas las sociedades del proyecto Monte del Barco.
“De aprobarse la desinscripción del fondo y la disolución de la sociedad panameña, se estarían intercambiando con una relación de 1:1 las participaciones del Fondo de Inversión por acciones de la sociedad anónima existente, por un valor facial total de $85.484.000”, explicó Aldesa a sus inversionistas.
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Los problemas que enfrenta el desarrollo turístico implican un riesgo para el éxito de la concreción del proyecto turístico Monte del Barco y el futuro de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI), conglomerado de iniciativas privadas, y las de las firmas bajo la fiscalización de la Sugeval.
En el plan de salvamento presentado por Aldesa ante el Juzgado Concursal se prevé que el 97% de los ingresos futuros de la empresa dependen del éxito de esta obra de infraestructura. La previsión es que la iniciativa turística generare ingresos por $136,4 millones.
La empresa solicitó, desde marzo del 2019, la intervención judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones, de un grupo de casi 600 inversionistas.
El proceso se convirtió en un convenio preventivo de acreedores, en abril del 2020, como medida para evitar la quiebra de la empresa.