EscucharLa Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) confirmó que empresas estadounidenses instaladas en Costa Rica analizan el proyecto de ley presentado en Estados Unidos que restringiría beneficios a las compañías que trasladen o mantengan sus centros de llamadas fuera del país norteamericano, como parte de una estrategia para retener estas operaciones en territorio estadounidense.
En conversación con La Nación, Alberto Arguedas, director ejecutivo de AmCham, dijo que compañías asociadas a la Cámara, con operaciones en suelo costarricense y en otros países, informaron de que están analizando el proyecto Keep Call Centers in America junto con sus equipos y con autoridades estadounidenses.
“Las empresas, muchas asociadas a AmCham y que tienen operaciones aquí en Costa Rica y en otras partes del mundo, conocieron ya este proyecto. (...) Algunas ya nos indicaron que están haciendo el análisis con sus equipos que tienen relación con las autoridades en Estados Unidos”, afirmó Arguedas.
“Ellos también están haciendo la valoración”, agregó.
Este diario solicitó a Arguedas los nombres de las empresas que iniciaron el análisis; sin embargo, indicó que no cuentan con autorización para revelarlos.
La iniciativa bajo análisis es promovida por el senador demócrata Ruben Gallego, de Arizona, y el republicano Jim Justice, de West Virginia.
Ambos proponen restringir diversos beneficios a las empresas que operen o trasladen sus centros de llamadas al extranjero, como una estrategia para conservar estas operaciones dentro del país.
Según un comunicado de prensa oficial de Gallego, muchas compañías han externalizado sus centros de atención, lo que ha provocado una reducción o cierre de operaciones en territorio estadounidense.
El proyecto obligaría a las empresas que trasladen o subcontraten call centers fuera del territorio estadounidense a notificarlo con 120 días de antelación y quedarían en un registro público por cinco años.
Las firmas perderían acceso a subsidios y préstamos, así como preferencia en contratos públicos federales, salvo que restituyan la misma cantidad de empleos en Estados Unidos.
Cámara descarta ‘lobby’ y refuerza monitoreo
Juan Carlos Chavarría, presidente de AmCham, recordó que la aprobación de este tipo de iniciativas implica una alta complejidad, pues requiere un proceso legislativo extenso que incluye el visto bueno del Senado, donde se presentó, y de la Cámara de Representantes, ya que ambas instancias del Congreso deben aprobarlo.
“Nuestro equipo no ha hecho un análisis ya más a fondo del entorno político actual y la composición del Senado como para ver si esta iniciativa podría tener algún nivel de apoyo mayor a lo que han tenido las anteriores (iniciativas similares)”, señaló Chavarría.
No obstante, el presidente de la Cámara sostuvo que no prevén un respaldo significativo que permita su eventual aprobación y subrayó que se mantienen enfocados en monitorear su avance y grado de aceptación.
Chavarría agregó que no han realizado gestiones de lobby ni acercamientos con las autoridades correspondientes para discutir el avance de la legislación, aunque no descartó hacerlo en el futuro.
Enfoque debe mantenerse en servicios
Al referirse al posible impacto en el sector de servicios y si el país debería priorizar otros factores de competitividad, Chavarría señaló que Costa Rica debe mantener el enfoque en fortalecer el valor agregado del talento para continuar exportando servicios con mayor calidad.
Indicó que es clave impulsar el bilingüismo, las carreras STEM, la aplicación de las jornadas 4x3, así como mejorar la infraestructura, el sector eléctrico y la seguridad.
Añadió que el país ya cuenta con ventajas competitivas que deben preservarse, como el talento humano, la zona horaria y la ubicación estratégica respecto de Estados Unidos.
