La investigación que impulsa la Administración de Donald Trump sobre las importaciones de dispositivos médicos, el principal bien de exportación de Costa Rica, podría tardar varios meses en resolverse.
El 17 de octubre concluyó la consulta pública del proceso, en la que participaron el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la multinacional Boston Scientific, la mayor exportadora de dispositivos médicos instalada en el país.
El sitio web oficial de la Secretaría de Comercio de EE. UU. recopiló los comentarios de 401 aportes, pero esto es apenas el inicio del trámite, que se espera finalice hacia mediados de 2026.
La investigación arrancó el 2 de setiembre y está liderada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que abarca equipos de protección personal (EPP), consumibles médicos y equipos médicos, incluidos los dispositivos.
La Sección 232 autoriza al presidente Donald Trump a tomar medidas que ajusten las importaciones de un producto cuando se considere que amenazan la seguridad nacional.
Según el Título 19 del Código de Estados Unidos (USC), el secretario de Comercio tiene hasta 270 días para entregar un informe con las conclusiones de la investigación. En este caso, el plazo se cumple entre finales de mayo e inicios de junio de 2026. Luego, Trump dispondrá de 90 días para decidir si aplica medidas como aranceles o cuotas.
El politólogo Juan Carlos Pérez Herra consideró que los resultados no serían del todo favorables para Costa Rica, aunque advierte que el lobby de las empresas estadounidenses con operaciones en el país podría suavizar el golpe.
“La Administración Trump ha sido menos drástica con las empresas que ya tienen operaciones dentro de Estados Unidos”, explicó Pérez, recordando que alrededor de un tercio de los aranceles adoptados por esa vía se han emitido bajo la Sección 232.
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Desde la oficina de prensa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), respondieron que “se referirán al tema cuando sea el momento oportuno”.
El presidente del Banco Central (BCCR), Róger Madrigal, recordó que los aranceles son decisiones soberanas de cada país.
“Sabemos que existe una norma que permite que ciertos productos que no se producen naturalmente en Estados Unidos tengan arancel cero. Se ha hablado de la piña, el café y el banano. Pero si el arancel alcanza a los dispositivos médicos, lo que hará será encarecer los servicios de salud. Es una realidad que ocurre fuera del país, nosotros somos observadores de esa realidad”, afirmó Madrigal.
Los dispositivos médicos son el principal producto de exportación de Costa Rica. A setiembre pasado totalizaban $8.139 millones, equivalentes al 48% de las colocaciones totales en el exterior.
Costa Rica empezó la producción de dispositivos médicos, desde hace más de 30 años, como alternativa de producción especializada. La industria de dispositivos médicos genera más de 63.000 empleos.
En el país operan 235 empresas de esta industria entre extranjeras y nacionales. Pero son 10 las que empujan las exportaciones.
Fortalecer el diálogo
Marianela Urgellés, directora general de Cinde, explicó que la investigación en EE. UU. sigue en curso y que, tras el cierre de comentarios públicos, la autoridad estadounidense dispone de hasta 270 días para emitir una resolución, aunque podría hacerlo antes.
“Desde Costa Rica es fundamental fortalecer el nivel de diálogo y negociación al más alto nivel e implementar una articulación interna sólida que permita entender que el escenario global de la inversión se está reconfigurando y que sí hay margen control con acciones inmediatas”, refirió Urgellés.
Entre las acciones necesarias mencionó formar talento humano según la demanda del mercado, garantizar la seguridad como elemento de confianza para inversionistas y mejorar la infraestructura para no limitar la eficiencia ni la movilidad del personal.
“Los países que se anticipen y reaccionen rápido estarán mejor posicionados como socios confiables y competitivos en las cadenas globales de valor”, enfatizó Urgellés.
El economista Víctor Umaña estimó que si el presidente Trump así lo decide, podría imponer aranceles, establecer cuotas, negociar acuerdos bilaterales o excluir ciertos productos, explicó Umaña.
“Es muy pronto para afirmarlo, pero hay que prepararse para lo peor, realizar análisis sobre los posibles escenarios. Además, la Sección 232 prevalece sobre el DR-Cafta”, apuntó Umaña.
En tanto, Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton, destacó que una de las ventajas de Costa Rica es el talento humano calificado, pero corresponderá esperar los resultados en caso de que no sean convenientes para el país.
Colaboraron los periodistas Mónica Cerdas y Luis Enrique Brenes.