
El conflicto comercial entre Costa Rica y Panamá subió de magnitud. Este 21 de mayo, el presidente panameño José Raúl Mulino anunció que suspenderá la venta de electricidad a Costa Rica, luego de las críticas lanzadas el miércoles por la mandataria Laura Fernández sobre la disputa entre ambos países.
El diferendo entre ambos países comenzó en 2019 y, por un momento, pareció resolverse en diciembre de 2024, cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un fallo favorable para Costa Rica.
Sin embargo, la calma duró poco. Apenas 48 días después, el 23 de enero de 2025, Panamá decidió apelar y el conflicto quedó nuevamente abierto.
Ante esa decisión, Costa Rica propuso resolver el caso mediante un arbitraje especial, ya que el órgano de apelaciones de la OMC lleva años sin funcionar. Panamá no respondió a la propuesta.
La instancia encargada de resolver apelaciones en la órgano multilateral está paralizada desde finales de 2019 por falta de jueces. El último integrante activo terminó su mandato el 30 de noviembre de 2020 y desde entonces el sistema quedó prácticamente congelado.
El conflicto ha golpeado principalmente a los productores lácteos costarricenses, quienes perdieron acceso al mercado panameño y reportan pérdidas millonarias.
La génesis
Todo empezó en enero de 2019, cuando Panamá comenzó a poner restricciones a la entrada de piña fresca costarricense.
Meses después, en octubre, extendió las trabas al banano y al plátano, alegando razones fitosanitarias. En febrero de 2020 también limitó el ingreso de fresas bajo argumentos similares.
La situación escaló en junio de 2020. Panamá dejó de renovar permisos sanitarios para plantas procesadoras de lácteos, carnes bovinas y porcinas, embutidos, alimentos para peces y mascotas, entre otros productos.
Luego, el 1. ° de julio de 2020, cerró el ingreso a productos de origen animal provenientes de 26 plantas industriales costarricenses. Las autoridades panameñas argumentaron que esas empresas no tramitaron a tiempo la renovación de permisos sanitarios.
Panamá, por su parte, sostiene que Costa Rica tampoco autorizó desde 2020 la certificación de unas 25 plantas lácteas y cárnicas panameñas interesadas en exportar al mercado costarricense.
La Nación remitió desde el 18 de mayo consultas al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá para conocer los argumentos. Al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
La Cámara Nacional de Productores de Leche calcula que las restricciones frenaron ventas anuales de entre $35 millones y $40 millones, durante el periodo del conflicto.
Con base en esos cálculos, los productores lecheros costarricenses habrían dejado de exportar más de $200 millones durante todo el período de restricciones.
Antes del conflicto, Panamá era el segundo mercado más importante para los productos lácteos costarricenses, según datos de la Cámara.
El fallo de la OMC a favor de Costa Rica se publicó el 5 de diciembre de 2024 y consta de 392 páginas. En sus conclusiones, el organismo respaldó los reclamos costarricenses sobre las restricciones aplicadas a fresas, lácteos, carnes, piña, plátano y banano.
A finales de abril, el entonces jerarca de Comex y actual ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, afirmó a La Nación que Panamá acumulaba seis meses sin responder las solicitudes de Costa Rica para sentarse a discutir una salida al conflicto comercial.
