La Junta Directiva del Banco Nacional (BN) restituida por la Sala Constitucional, retiró la confidencialidad de algunos temas analizados por los directivos nombrados por el Consejo de Gobierno.
La Nación tuvo acceso a los temas, que fueron analizados por los exdirectivos designados por el Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves: Maximiliano Alvarado Ramírez, Javier Zúñiga Moya, María del Milagro Solórzano León, Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.
A continuación un resumen de los asuntos discutidos y el acta completa. La actual Directiva, restablecida por la Sala IV, fue la que levantó la confidencialidad de los temas.
⇒ Evaluación de idoneidad
El 1.º de julio, en la sesión N.º 12.758, los exdirectivos analizaron el Informe de evaluación de idoneidad de nuevos miembros del directorio presentado por Jennifer Vargas Madrigal, analista de gobernanza corporativa del BN.
En la presentación del documento se indicó que varios de los directores no cumplían con algunos parámetros establecidos por la normativa vigente y directrices de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“... específicamente en formación académica y conocimientos, conforme a la normativa tenemos un 100% de cumplimiento a nivel de formación, teniendo cobertura del 50% de los ámbitos que requiere la norma, concentrados principalmente en formación académica en administración. Y, a nivel de conocimientos, tenemos un estado de aplicación general del 48% en un nivel avanzado, un 43% en un nivel intermedio y cuatro en reforzar”, indica el documento.
En la sesión, la directora, María del Milagro Solórzano León, planteó no enviar este informe a la Auditoría del banco. “... revelarlo a la Auditoría pierde el tema de confidencialidad, no creemos que sea necesario mandarlo a la Auditoría”, según consta en el artículo 17 del acta.
No obstante, la Secretaria General, Cinthia Vega Arias, le respondió que ya había sido remitido a la Auditoría.
Tras una discusión en torno al rol de la Auditoría sobre el conocimiento de este documento y su nivel de confidencialidad, los directivos acordaron en firme tener por presentado el Informe de evaluación de idoneidad de los nuevos miembros de la Junta Directiva del BN, para ser remitido a las superintendencias y al Consejo de Gobierno como órgano decisor de los nombramientos.
Además de informar a las juntas directivas del Conglomerado Financiero Banco Nacional sobre este acuerdo. Los órganos de dirección de las subsidiarias de la entidad estaba conformado por los mismos directivos.
⇒ Remuneración por participación en comités
Otro de los temas que fue declarado confidencial por los exdirectivos está relacionado con la propuesta de un proyecto de Ley para la remuneración de comités.
Durante la sesión N.º 12.761 del 22 de julio, la directora María del Milagro Solórzano León, expuso que estaba trabajando en un proyecto de ley para la participación de los directivos, tanto del Banco Nacional como del Banco de Costa Rica (BCR), en las comisiones o en los comités de las entidades, se precisa en el artículo 5.
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La moción planteada por Solorzáno fue aprobar la elaboración del proyecto de ley. “Para que se puedan remunerar los comités de las dos instituciones financieras; pero, es un proyecto que apenas vamos a trabajar... para que se revise y ya después vemos los procedimientos siguientes”, indicó la exdirectora.
Solorzáno agregó que el proyecto lo estaría trabajando con el asesor legal del Banco, Rafael Brenes Villalobos, con base en una propuesta que él había elaborado en 2021.
El exdirectivo Rolando Saborío Jiménez, dijo estar de acuerdo en el fondo de la propuesta, pero le preocupaba que sean los miembros de la directiva que lo propusieran.
“Creo que esos comités son trabajo, involucran mucho trabajo y también tienen que ser remunerados, lo que sí me preocupa un poco es ser nosotros mismos los que planteemos que se remuneren los comités y vamos a ser beneficiarios...”, dijo Saborío.
La respuesta de Solorzáno fue que sería presentada por el asesor legal. “Estamos apoyando el proyecto de don Rafael”, indicó.
En tanto, Saborío afirmó: “Manifestamos que puede haber un conflicto de interés; pero, que creemos que en el fondo es lo correcto”.
Por su parte, el asesor legal, explicó que el objetivo de proyecto no es solo de remuneración, sino también del número de comités y de órganos colegiados en los que pueden participar los miembros de las juntas, con base en la normativa vigente.
“... estamos superlimitados, hay un montón de comités que no podemos participar, porque ya no alcanzamos los números de Junta... no sé otras instituciones; pero, no alcanzan los miembros de Junta para tantos órganos”, refirió Solórzano.
“Las horas ya no alcanzan”, agregó el expresidente de la directiva, Maximiliano Alvarado Ramírez.
Al final, los exdirectivos votaron de forma unánime en dar por conocido el informe verbal de Solórzano.
“Respecto a la reactivación de una propuesta de proyecto de ley formulada por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, que pretende, entre otros aspectos, que se revise el límite máximo de integración de órganos colegiados por parte de los miembros de la Junta Directiva, así como que se valore la posibilidad de remunerar la participación en comités corporativos”, reza el acuerdo de la Directiva.
⇒ Investigación preliminar a gerente general
En la sesión N.º 12.768, del 29 de agosto pasado, los exdirectivos votaron de manera unánime y en firme investigar si existen eventuales nulidades en el acto administrativo de nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos en el puesto de Gerente General.
Para ello aprobaron designar a la firma BDS Asesores Jurídicos, S.A., en la persona del Ronald Gutiérrez Abarca, para que lleve a cabo la investigación preliminar.
Los exdirectivos encargaron al asesor legal, Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, fungir como enlace entre la firma de abogados y el Banco Nacional.
El costo de la investigación se estima en ¢10 millones (unos $20.000), de acuerdo con el presidente de la Junta Directiva, Marvin Arias.
A finales de octubre, el jerarca dijo a La Nación que la orden de investigación se realizó en una sesión privada y declarada confidencial.
En la sesión no participó Ulloa, de acuerdo con el artículo 4 del acta de la reunión.
Durante la reunión, el asesor legal del Banco, Rafael Brenes Villalobos, externó que anteriormente se le solicitó elaborar un dictamen sobre el recurso que interpuso el Consejo de Gobierno contra la decisión de nombrar a Ulloa y su recomendación fue declaralo sin lugar.
“Porque yo encontré, y eso fue una revisión que hice yo de todo ese procedimiento de nombramiento de la señora Rosaysella, que no existía ningún vicio”, señaló.
Y añadió: “... por una cuestión de transparencia, que ustedes sepan que yo ya emití, en lo personal, o sea, ya actuando como Asesor de Junta (Directiva), un criterio en el que yo me refiero a un tema en el que ese procedimiento se ajusta a derecho, entonces, yo no quisiera tener que referirme a temas de fondo de esa investigación que ustedes ahorita estarían resolviendo”.
Ulloa fue nombrada el 3 de setiembre de 2024, pero su designación fue cuestionada por el Consejo de Gobierno.
El Consejo destituyó al anterior directorio en un proceso administrativo encabezado por el vicepresidente Stephan Brunner en medio de la disputa entre Zapote y la cúpula del BN por el nombramiento de Ulloa.
Brunner sustentó la decisión en una supuesta violación al deber de probidad, contemplado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito(N.º 8422), a la Ley Marco de Empleo Público, una presunta violación al reglamento sobre gobierno corporativo y supuestas transgresiones éticas a normas internas del banco.
La Junta Directiva fue restituida por la Sala Constitucional el 10 de octubre.