En un comunicado, la institución afirmó haber enviado una advertencia formal al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y a la Superintendencia de Pensiones (Supén) ante un “potencial conflicto de interés que podría comprometer la objetividad del estudio”.
“La preocupación surge a raíz del acuerdo del Conassif de encomendar dicho estudio al Banco Central, aun cuando su presidente ha manifestado previamente cuestionamientos sobre la metodología aprobada y los posibles efectos de la reforma”, señaló la Defensoría.
La institución explicó que documentó que el presidente del BCCR, en su condición de miembro del Conassif, emitió “criterios que anticipan una valoración negativa del proyecto”.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, enfatizó que las decisiones sobre los fondos generacionales deben estar sustentadas en análisis rigurosos, libres de potenciales presiones o injerencias jerárquicas.
A raíz de esto, la institución solicitó la adopción de dos medidas cautelares. La primera consiste en la abstención del jerarca de toda participación en supervisión, revisión o aprobación del estudio actuarial, así como de toda deliberación y votación vinculada con el tema.
Además, la Defensoría pidió el blindaje técnico y la confidencialidad del equipo investigador, incluida una cláusula que prohíba compartir borradores, avances o resultados preliminares con autoridades superiores del BCCR.
“Esta situación plantea un riesgo para la independencia técnica del análisis, pues el presidente del BCCR es, simultáneamente, el superior jerárquico de la unidad técnica responsable de ejecutar el estudio, lo cual podría generar presiones (directas o indirectas) que afecten la neutralidad del trabajo técnico”, se lee en el comunicado.
El 3 de noviembre, el Conassif aprobó abrir una consulta pública para aplazar la entrada en vigencia de los fondos hasta el 3 de abril de 2028. El jerarca del Banco Central votó a favor de proponer la postergación.
En el acuerdo, aprobado por mayoría con cuatro votos a favor y tres en contra, el Consejo anunció que solicitará al Banco Central la realización de un estudio para evaluar el impacto actuarial, financiero y sistémico del cambio.
Según el documento, el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central cuenta con la capacidad analítica para realizarlo. De darle luz verde al acuerdo, el emisor presentará el informe técnico al Conassif en un plazo máximo de cinco meses.
La Defensoría también solicitó a las autoridades competentes informar, dentro del plazo establecido por ley, las acciones y acuerdos formales que se adopten para implementar estas medidas.
