Las criptomonedas se abren paso en las economías de América Latina, ya sea para invertir, enviar remesas, protegerse de la inflación o realizar pagos; sin embargo, su adopción aún no es masiva y su uso sigue siendo de nicho.
Este reportaje integra una investigación regional del Grupo de Diarios América (GDA), red de medios de comunicación líderes en América Latina a la cual pertenece La Nación. La cobertura compara la situación de las criptomonedas en varios países de la región para identificar similitudes y diferencias en su regulación, adopción y los retos que plantean para las autoridades, los mercados y los usuarios.
Este avance ocurre en un escenario regulatorio desigual. Mientras algunos países han desarrollado marcos legales específicos para supervisar los criptoactivos, otros mantienen normas parciales o carecen de una legislación integral.
Al mismo tiempo, en la mayoría de las naciones de la región, las autoridades han vinculado el uso de estos activos digitales con investigaciones por lavado de dinero, fraude y otras actividades ilícitas, lo que mantiene abierto el debate sobre esta industria en la región.
Si bien su uso no está prohibido, las criptomonedas no tienen la condición de moneda de curso legal en ningún país de la región, lo cual deja su aceptación como medio de pago en un plano voluntario.
Una de las pocas excepciones fue El Salvador, que en 2021 aprobó la Ley Bitcoin, legislación que otorgó la categoría de moneda de curso legal al bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo.
Sin embargo, como parte de los compromisos adquiridos por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la normativa se reformó con el objetivo de que dejara de ser moneda de curso legal, un paso que se concretó en 2025.
Las criptomonedas son monedas digitales en las cuales se usa criptografía para asegurar las transacciones y la titularidad de quienes participan de los intercambios. No son controladas por ninguna institución, no existen físicamente y tampoco requieren de intermediarios; solo usuarios directos.
Criptomonedas en América Latina: así avanza su adopción
Los criptoactivos se abren paso en las economías latinoamericanas, aunque su uso sigue siendo relativamente de nicho
FUENTE: Elaboración propia con base en la información suministrada por los medios de comunicación de Grupo de Diarios América (GDA).
Inversión, pagos y eludir la inflación...
El uso de las criptomonedas se concentra en actividades como la inversión, pese a que suelen considerarse instrumentos especulativos; el envío de remesas, así como para protegerse frente a la inflación y algunas transacciones comerciales.
Venezuela es uno de los casos más llamativos. Allí, las criptomonedas y especialmente las stablecoins (atadas al valor de una divisa, como el dólar) ganan espacio como alternativa al dólar físico y frente a la inflación y la pérdida de valor de la moneda local, según el diario El País.
Aunque el uso no es masivo, sí está extendido en la práctica cotidiana, en particular en la economía informal y el envío de remesas. Es decir, se utiliza para pagos entre particulares y para la compra de bienes y servicios. Su uso está más ligado a la necesidad económica y a la supervivencia financiera.
Al igual que en Venezuela, en Argentina las cripto tienden a estar ligadas a ser un refugio de valor y ahorro debido a la devaluación de la moneda, según el último informe anual de Lemon del Estado de la Industria Cripto.
Según el índice de Adopción Cripto 2025, publicado por Chainalysis, Argentina ocupa el lugar 20 en penetración mundial y el segundo en Latinoamérica. El análisis estima que 19,8% de la población utiliza criptomonedas, con un volumen de transacciones de $93.900 millones.
Si bien existe una adopción extendida como instrumento financiero, en Argentina uso todavía es limitado a nivel cotidiano. No obstante, no se descarta que pueda convertirse en moneda de uso corriente en muchos ámbitos; pues se utiliza en algunos comercios y en el transporte público.
En otros mercados, como Brasil, México y Chile, también han comenzado a consolidarse como mecanismos para realizar pagos y transferencias internacionales, aunque todavía de forma limitada y concentrada en algunos sectores de la economía.
Fábio Plein, de Coinbase Brasil, afirmó que las stablecoins en Brasil se han convertido en una infraestructura de pagos real. En la práctica, es posible adquirir desde bienes de alto valor, como inmuebles y vehículos, hasta productos de comercio electrónico y viajes, a menudo a través de plataformas que realizan la conversión a la moneda local.
La Asociación Brasileña de Criptoeconomía (ABCripto) refuerza que esta expansión se ve facilitada por tarjetas de débito cripto y procesadores de pago que eliminan el riesgo de volatilidad para el comerciante.
Sin embargo, Plein destacó que, culturalmente, los usuarios todavía ven a los criptoactivos como un instrumento para ahorrar y no para gastar, lo que retrasa la transición hacia el uso cotidiano.
Una situación muy similar ocurre en México, que se encuentra en una etapa de transición. Si bien no constituyen un método de pago cotidiano utilizado por la mayoría de la población, ya han dejado de ser un nicho exclusivo de entusiastas para integrarse en sectores específicos de la economía.
Su uso se concentra en algunas cadenas comerciales, bienes raíces, en el pago de servicios profesionales, así como en el envío de remesas y como activo de inversión.
Durante su participación en el Foro de Davos, Suiza, que se celebró en enero, Felipe Vallejo, presidente del consejo directivo de Fintech México y country manager de Bitso en ese país, destacó el uso que se le da para realizar pagos internacionales y subrayó que “México es de los principales 20 mercados en el tema de cripto”.
“La penetración la hay. Siete millones de cuentas en Bitso (plataforma de compra y venta de cripto), de clientes mexicanos, es algo impresionante. Para ponerlo en contexto, hay 20 millones de cuentas de intermediación bursátil. Así que hay interés”, señaló Vallejo.
En Chile, aunque el mercado es aún pequeño, se está ampliando, especialmente a través de billeteras digitales de uso extendido, con las que se puede comprar en algunos comercios y pagar servicios. También existen alternativas de inversión, aunque existe reticencia en la banca.
Según el Informe Geográfico de las Criptomonedas 2025 de Chainalysis, Chile es el sexto país de Latinoamérica en cuanto al volumen de transacciones, con $23.800 millones recibidos en criptomonedas entre julio de 2022 y junio de 2025.
En otros países, las criptomonedas siguen siendo utilizadas, sobre todo, como instrumentos de inversión. En Perú, Costa Rica y República Dominicana los usuarios suelen adquirirlas con la expectativa de obtener rendimientos o para preservar valor, aunque también se utilizan, en menor medida, como medio de pago para adquirir algunos bienes y servicios.
En República Dominicana, la herramienta interactiva BTC Map, basada en la base de datos cartográfica OpenStreetMap, estima que el país cuenta con 123 comercios que aceptan bitcoin, además de aproximadamente 20 cajeros automáticos de criptomonedas.
En Costa Rica, solo el 2% de la población posee estos activos y los utilizan como inversión o medio de pago, según un estudio del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Los tenedores son, principalmente, hombres jóvenes con ingresos relativamente altos que los adquieren por motivos especulativos, es decir, en menor medida se utilizan para pagar.
En el caso de Perú, un reporte de la billetera digital Lemon indicó que ha pasado de ser un mercado emergente a posicionarse entre los seis más grandes de Latinoamérica a nivel de valor de criptomonedas recibido en los últimos dos años. Solo en 2025 se registraron más de 2,9 millones de descargas de aplicaciones de cripto, según este mismo análisis.
En El Salvador y Colombia, aunque existe adopción, su uso todavía es limitado en el uso cotidiano, como en la compra de bienes y servicios. En Colombia, esto se limita a comercios específicos en las principales capitales y zonas con alta afluencia de turismo internacional.
En El Salvador, una encuesta publicada en junio de 2023 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) reveló que, según las personas encuestadas, el bitcoin “no ayuda” en “nada” a mejorar la economía de las familias. Además, el uso de la billetera Chivo Wallet, lanzada por el Gobierno en 2021, ha perdido presencia.
Regulación desigual
A medida que las criptomonedas ganan usuarios, los países latinoamericanos avanzan a ritmos distintos en su regulación. Algunos cuentan con reglas específicas orientadas a ordenar el sector; otros mantienen normas menos integrales o regulaciones parciales que solo cubren una parte de la industria.
Brasil, Chile y El Salvador figuran entre los países latinoamericanos con marcos regulatorios más desarrollados para las criptomonedas. En el caso salvadoreño, la aprobación de la Ley Bitcoin en 2021 dio origen a un ecosistema institucional específico para estos activos, que incluye supervisión, entrega de licencias para operar y protección al consumidor.
En Brasil, el sector dejó de operar en vacíos legales. La normativa estableció directrices para la prestación de servicios con activos virtuales y atribuyó al Banco Central de Brasil (BCB) la regulación y fiscalización de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Según Plein, de Coinbase, este marco jurídico aporta una estructura real al sector al exigir una autorización formal para los exchanges, la segregación de activos de los clientes y el encuadramiento de las stablecoins en el mercado de cambio oficial.
En Chile, quienes ofrecen servicios vinculados al uso de cripto, incluida la intermediación o asesoría de inversión, están regulados por la Ley Fintech, uno de los marcos regulatorios más sólidos de la región.
En general, la ley define los criptoactivos como la “representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente” y cuyo valor debe ser “directamente determinable y respaldado en función de dinero”, ya sea en moneda local o en divisas.
La norma exige la inscripción y autorización de las empresas para realizar estas actividades, tras cumplir una serie de requisitos relacionados con información, gobierno corporativo, capital mínimo, gestión de riesgos y capacidades operativas, según corresponda.
En otras naciones existen regulaciones parciales, pero sin llegar a cubrir todo el ecosistema. Colombia carece de una ley específica para regular los criptoactivos, por lo que el sector opera bajo un conjunto de circulares, conceptos y directrices emitidos por los organismos supervisores.
El Banco de la República de Colombia ha reiterado que las criptomonedas no constituyen una moneda de curso legal y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) también mantiene vigentes sus advertencias sobre los riesgos de operar con estos instrumentos.
En Argentina, los criptoactivos operan en un terreno regulatorio fragmentado. Si bien no existe una ley integral que los regule, en los últimos años distintos organismos avanzaron con normas parciales que intentan ordenar el ecosistema, aunque sin regularlo a plenitud.
Por ejemplo, se introdujo una ley que creó el registro obligatorio de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de ese país. Sin embargo, este avance no implica una regulación de los criptoactivos plena, sino de los intermediarios que operan en el sistema, como los exchanges y plataformas.
“Argentina no regula los criptoactivos como categoría jurídica autónoma; regula sus efectos. Y en esa diferencia se juega algo más profundo: mientras que algunos sistemas empiezan a diseñar reglas sobre la base de la función económica real de los activos digitales, otros todavía intentan encajarlos a posteriori dentro de estructuras pensadas para otra realidad”, señaló Gilberto Santamaría, del estudio homónimo, abogado de plataformas de tokenización.
En Perú tampoco existe una ley integral que aborde los criptoactivos ni hay regulación que ampare la oferta o promoción de criptomonedas en el mercado de valores. La normativa es parcial y está centrada principalmente en temas como el lavado de activos y la protección al usuario, en una línea similar a la regulación existente en México.
En el 2024 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió una resolución que obliga a todos los proveedores de servicios de activos virtuales a implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En Venezuela, aunque existe un marco legal específico, este es centralizado y controlado por el Estado. La normativa creó la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) como órgano rector del sector.
En Costa Rica se aprobó una norma que obligará a los proveedores de servicios de cripto y a quienes ejecuten actividades relacionadas con estos activos virtuales a inscribirse ante el supervisor, identificar a sus clientes y aplicar estrictos controles antilavado.
En otros países, como República Dominicana, el Banco Central no tiene un marco jurídico ni tampoco existe legislación específica. Debido a la ausencia de respaldo, si se acepta una criptomoneda como forma de pago comercial, el usuario lo hace bajo su propio riesgo.
Giuliano Simó Marra, gerente general de BitcoinRD, empresa que opera una red de cajeros de criptomonedas desde hace más de 12 años y la primera plataforma de intercambio del país, manifestó que el mercado de criptomonedas se encuentra bastante limitado por la falta de regulación, lo que dificulta su formalización.
“Mientras no haya una regulación que permita operar libremente, no vas a poder seguir creciendo. Tienes un tope y eso afecta muchísimo”, reveló Simó, mientras señalaba que actividades bancarias tan simples como abrir una cuenta de banco suelen complicarse.
Este reportaje se realizó con aportes de El Nuevo Día, de Puerto Rico; Listín Diario, de República Dominicana; La Nación, de Costa Rica; Diario O Globo, de Brasil; El Tiempo, de Colombia; La Nación, de Argentina; El País, de Uruguay; La Prensa Gráfica, de El Salvador; El Nacional, de Venezuela; El Comercio, de Perú, y El Universal. de México. Grupo Diarios de América (GDA).