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En Costa Rica se identificaron seis riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), de acuerdo con un informe contratado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El análisis, elaborado por el consultor español Jorge Santiago Fernández-Ordás Llamas, señala que uno de esos riesgos tiene una calificación “muy alta”, cuatro fueron catalogados como “altos” y uno como “moderado”.
El resumen ejecutivo del informe Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FPADM −documento fechado en noviembre de 2024, pero publicado por la Sugef hasta abril de 2026− identifica como principal amenaza la ubicación geográfica de Costa Rica en la ruta de la droga hacia el norte.
Se trata del corredor logístico utilizado por el crimen organizado para trasladar drogas desde Suramérica hacia los principales mercados de consumo en América del Norte.
La versión pública de otro documento del ente supervisor, el Informe Final Evaluación Sectorial de Riesgos Entidades Supervisadas por Sugef, con corte a agosto del 2025, detalla que esta amenaza incluye el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los flujos financieros vinculados con el tránsito, almacenamiento y comercialización de drogas.
“La rentabilidad del comercio de la cocaína es el factor que más ambición provoca entre los grupos criminales”, señala el oficio.
Además, indica que se calcula que un kilo de cocaína trasladado desde Colombia hacia el norte tiene un costo aproximado de $5.000 en Costa Rica, $14.000 en México, $18.000 en Estados Unidos y $19.000 en Canadá.
Cuatro riesgos con nivel alto
Otro de los riesgos identificados es el incremento de la actividad delictiva en Costa Rica, que considera delitos cibernéticos, contrabando, evasión fiscal, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
El informe contratado por la Sugef también señala como riesgo el elevado movimiento y uso de efectivo en divisas.
Según Informe Final Evaluación Sectorial de Riesgos Entidades Supervisadas por Sugef, con corte a agosto de 2025, pese a que en el 2023 Costa Rica se posicionó como uno de los países latinoamericanos que menos utiliza efectivo, los decomisos de dinero en efectivo experimentaron un aumento significativo en los últimos años.
“En el 2024, las autoridades decomisaron ¢58.000 millones a estructuras criminales, una cifra que supera en 35 veces el monto decomisado en el 2023. Entre enero y octubre de 2023, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) registró decomisos de $3,45 millones y ¢1.206 millones. Para el mismo periodo en 2024, estas cifras aumentaron exponencialmente a $14 millones y ¢50.000 millones, respectivamente”, agrega.
Otro de los fenómenos catalogados como de alto riesgo es la presencia cada vez más activa de grupos de delincuencia organizada en Costa Rica.
De acuerdo con el documento de Sugef con corte a agosto de 2025, esta amenaza considera modelos de negocios delictivos que se asemejan a una empresa criminal, con una jerarquía clara y divisiones de trabajo definidas.
“Como un área de legitimación de capitales, otra de aprovisionamiento de drogas, otra de logística como obtención de armas, tarjetas de débito y cuentas bancarias (para pagar viáticos a los gatilleros) instalaciones, etc. y otra de operaciones con el pago de ‘planillas’, en el cual se tiene a matones a sueldo y gatilleros para que puedan matar a otras personas”, indica el texto.
Por su parte, el cuarto riesgo identificado con nivel alto es la existencia de corrupción pública, considerada por el ente supervisor como una amenaza transversal que debilita la gobernanza, erosiona la confianza institucional y facilita la comisión de delitos financieros, incluido el lavado de activos y el financiamiento ilícito.
“Para este estudio, se ha considerado el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), principal indicador global que mide la percepción de corrupción en el sector público en 180 países. En la edición 2024 del IPC, Costa Rica registró una mejora en su calificación, pasando de 55 a 58 puntos, lo que refleja avances en la percepción de integridad institucional”, indica el informe con corte a agosto de 2025.
La puntuación ubicó al país en el puesto 42 a nivel global, consolidándose como uno de los países con mejor desempeño en América Latina. Sin embargo, la Sugef advierte que la región continúa enfrentando desafíos estructurales “significativos”, como impunidad, crimen organizado y captura institucional.
“A nivel interno, persisten factores de riesgo que limitan el fortalecimiento del marco anticorrupción, entre ellos la influencia indebida de élites económicas y políticas, debilidades en los mecanismos de fiscalización, prácticas irregulares en contrataciones públicas y gestión ambiental, así como la falta de protección efectiva a denunciantes y periodistas”, agrega la Sugef.
Estas condiciones, según el ente supervisor, pueden facilitar el uso indebido del sistema financiero para canalizar fondos ilícitos, evadir controles regulatorios y obstaculizar la cooperación internacional en la prevención de delitos financieros.
Un riesgo adicional fue catalogado como moderado
Este riesgo moderado identificado corresponde al entorno regional con países con inestabilidad social, política y económica. Esta amenaza incluye delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, de acuerdo con el informe de la Sugef con corte a agosto de 2025.
Además, considera los riesgos a los que está expuesto Costa Rica por su ubicación geográfica y cercanía con países que poseen alianzas con jurisdicciones de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo.
“Según datos publicados en el Reporte de Situación de Costa Rica y la Dirección General de Migración y Extranjería, del 2022 al 2023 han pasado más de 500.000 personas inmigrantes en los flujos de redes provenientes del Darién (Panamá). Las cuales son personas vulnerables, por el factor económico, social o político”, indicó la Sugef en su informe.
En el resumen ejecutivo del informe Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FPADM también se identifica como riesgo moderado la concurrencia de circunstancias que podrían facilitar el financiamiento al terrorismo desde Costa Rica. No obstante, el documento aclara que la cantidad de vulnerabilidades asociadas a esta amenaza es baja, por lo que este riesgo no fue desarrollado en este artículo.
