El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) informó este 6 de marzo que Coopeservidores y la Financiera Desyfin continuarán con sus procesos de resolución, luego de que quedaran en el limbo por una acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros.
El Consejo comunicó este jueves de que ayer respondió en el plazo establecido la audiencia conferida para este caso por la Sala Constitucional y que los procesos deben seguir su curso normal.
El pasado 27 de febrero, la Sala Constitucional aclaró que la decisión de acoger para su estudio la acción de inconstitucionalidad que cuestiona la ley que permite el proceso de cierre de estas entidades no suspendía la vigencia de dicha normativa ni los procesos de resolución de ambas instituciones.
En ese momento, Conassif indicó que no había sido notificada de la resolución de la Sala Constitucional. Añadió que, una vez recibida y estudiada esta petición de adición y aclaración del Tribunal, respondería preguntas.
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Este jueves, el Consejo explicó que, una vez notificado sobre la resolución que responde a una solicitud de adición y aclaración planteada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a la Sala IV, realizó los análisis correspondientes y determinó que los procesos de resolución deben continuar.
“Conforme avancen ambos procesos en sus etapas correspondientes, tanto la Administración de la Resolución como el Conassif, estarán informando al público lo que corresponda”, dijo el Conassif en un comunicado.
El 13 de febrero, el proceso de venta de activos de Coopeservidores quedó suspendido luego de que la Sala IV diera curso a esta acción de inconstitucionalidad, según consta en el oficio RES-CS-393-2025. Indicaron que la resolución de la entidad quedaba en pausa.
El Tribunal Constitucional aclaró, el 27 de febrero, que lo único que se suspende es el dictado de la resolución final en los casos judiciales en los que se esté discutiendo la aplicación de la normativa o aquellos en la sede administrativa, en fase de agotamiento de esta vía.
Coopeservidores mantenía, para noviembre del año pasado, obligaciones con el público por ¢232.194 millones y ¢8.149 millones con entidades financieras acreedoras, según los estados financieros en poder de este diario.
En el caso de Desyfin, las obligaciones con el público ascienden a ¢99.900 millones, correspondientes a 3.072 clientes con recursos garantizados y 956 con fondos no garantizados. La entidad tiene activos por ¢146.151 millones, entre buenos y malos, pero ninguno ha sido vendido.

