El servicio de taxis en Costa Rica opera con vacíos y problemas de información con impacto negativo en los usuarios y también en quienes laboran en el sector, lo cual genera, además, largas esperas y subutilización de vehículos.
Así lo concluye un estudio realizado por la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) en el marco de la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El informe Regulación y competencia en transporte remunerado de pasajeros, modalidad taxi y similares se hizo en el contexto del acuerdo con la OCDE para analizar sectores no sujetos a la competencia o monopolios establecidos mediante leyes.
El análisis de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Coprocom determinó que el servicio de taxis padece de vacío de información entre el usuario y quien lo presta, de tal manera que no pueden determinar ni distancias ni tiempos de llegada.
Esa falta de información, según el estudio, se relaciona también con la confiabilidad del conductor, las condiciones de seguridad y calidad del vehículo, el conocimiento de la ciudad y la predictibilidad del precio.
De acuerdo con la Coprocom y la UTA, aunque hay exceso de regulación, por ejemplo, para evitar el alquiler de las licencias de taxi, esa es una práctica que se presenta dentro del sector sin que ninguna autoridad controle la situación. También recomienda revisar la limitación de la cantidad de licencias
Aunque dijo desconocer ese estudio, Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), afirmó, en general, de que hay toda una estructura, montada muy en alto, para dejar en mal el gremio de los taxistas y para preparar el terreno para una apertura del transporte público en beneficio de empresas de plataformas digitales.
Por tanto, agregó, se oponen a que se otorguen a las plataformas digitales un número de permisos igual al actual de taxis, porque sería una apertura velada, como se pretende en un proyecto de ley. Tampoco aceptan que se impongan menos requisitos (revisiones técnicas, seguros, tipo de licencia, número de permisos por persona y otros) a las plataformas que a los taxistas tradicionales.
Vargas se refirió, con ello, al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que está en la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa con el fin de regular el transporte público.
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Manuel Vega Villalobos, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP), aseguró que con la propuesta de ley se promueve una apertura, pero bajo control y con sentido social, pues el objetivo es no perjudicar a los usuarios de menores ingresos, quienes deben utilizar el servicio de buses y trenes.
Ese proyecto fue fuertemente criticado en la comisión legislativa, este miércoles 3 de abril, donde diputados del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), dijeron que necesita muchos cambios. Entre ellos para evitar, aseguraron, que las empresas de plataformas digitales subsidien a las de taxis.
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Los análisis de competencia, en este caso de taxis, se realizan como un compromiso en el proceso de adhesión de Costa Rica a ese grupo de países, pero no son un requisito para el acceso, explicó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), coordinador del plan de ingreso.
Agregó que en el caso de la competencia el requisito es el cambio, mediante ley, de la Coprocom, para darle más independencia tanto de acción como financiera. Empero, los análisis de sectores son comunes entre los miembros de la OCDE y pretenden acercar a los países a los niveles de excelencia en cada caso, explicó el Ministerio.
Necesidad de legislación
La aprobación de nueva legislación en transporte público urge en Costa Rica, en vista de los vicios existentes en el servicio mediante la modalidad de taxis y la irrupción de la competencia con las plataformas digitales, concluyó también el estudio de Coprocom.
“Se recomienda analizar opciones alternativas a la regulación actual (Leyes Nº 7969 y Nº 8955, principalmente), que permitan al transporte remunerado de personas en la modalidad taxi, garantizar los requerimientos mínimos necesarios para la prestación adecuada del servicio”, afirman tanto el estudio realizado por la UTA como los comisionados de la Coprocom al aprobar ese informe.
El CTP, en tanto, recordó que desde enero pasado se envió a la Asamblea Legislativa el proyecto, en el cual se pretende realizar una modificación para un control integral del transporte público, tomando en cuenta desde los buses y el tren hasta los servicios mediante plataformas digitales.
Vega afirmó que el CTP y el Gobierno no están en contra de la apertura, pero en la modalidad de transporte se debe ver con cuidado. Por eso, dijo, se pretende ejercer algunos controles sobre las empresas en todas las modalidades del servicio y también obligaciones tributarias o pago de impuestos.
Sin embargo, Vargas adelantó que los miembros de la UTC no fueron consultados para la redacción de la iniciativa y que se oponen a varios de los puntos relacionados con el control de las plataformas digitales, por ejemplo, un número de permisos igual al actual de taxis.
Tampoco aceptan que se impongan menos requisitos (revisiones técnicas, seguros, tipo de licencia, número de permisos por persona y otros) a las plataformas que a los taxistas tradicionales, a la pretensión de empresas con plataformas digitales de obtener permisos solo para la Gran Área Metropolitana (GAM).
A eso añaden que los carros de las plataformas digitales estén debidamente identificados y que las licencias de operación se otorguen individualmente y no a las empresas.
Entrevista
Director ejecutivo del CTP, Manuel Vega: “Habría presión sobre tarifas”
– ¿Qué opinión tiene del estudio de Coprocom?
– Hemos venido revisándolo en la medida que hay algunos parámetros en los cuales consideran necesario liberalizar un poco la competencia. En el CTP tenemos los cuidados de manejar una competencia con esa amplitud. Porque tenemos un sistema de transporte público masivo, que es el que moviliza la mayor cantidad de personas, los quintiles más bajos.
“Tenemos que tener cuidado porque cualquier otro medio de transporte que utilice el ciudadano de una u otra manera nos estaría presionando al alza las tarifas de los sistemas masivos, habría presión sobre las tarifas”.
– ¿Cómo se presionarían las tarifas?
– El traslado de usuarios a otros servicios que no son los masivos podría reducir el volumen en buses, por ejemplo. Y no es lo mismo que un bus con capacidad para 100 viaje con 95 que con 40. Si sucede esto último se debe aumentar la tarifa para salir con los gastos. Las cantidades de taxis o de servicios por medio de plataformas, para transporte de estudiantes o de trabajadores, tienen que ser siempre considerados en servicios complementarios con los cuidados que eso significa a la integralidad del sistema.
– ¿Eso implica que siempre deben tener controles en todas las modalidades?
– Es necesario que tengan un tipo de regulación estrictamente de carácter operativo para que el sistema, visto en su integralidad, no falle más de lo que ha venido fallando en los últimos años. Podemos tender a creer que la competencia liberalizada implicaría algo bueno, pero no necesariamente, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica ni para comprarse un vehículo, ni una motocicleta, ni todo el mundo puede pagar taxi todos los días.
– ¿Habría algún grado de defensa del transporte masivo?
– El transporte masivo, que es por la modalidad de bus o ahora de trenes, serán los dos sistemas masivos que tenemos que cuidar los funcionarios y los costarricenses para que sea accesible, en su mayoría, a la gente.
– ¿Hay algún cambio con el ingreso de las plataformas digitales?
Definitivamente nos obliga a verlo (el sector de transporte público) con un cristal distinto, más amplio, más armonizado a las nuevas tecnologías. Pero el hecho de que (las nuevas plataformas) sean disruptivas, el hecho de que nos ofrezcan nuevos servicios, no debe en sí mismas implicar una afectación a la colectividad.