En economía hay algunas relaciones de causalidad bien conocidas y fácilmente identificables: la recaudación tributaria se desploma porque la economía se desplomó primero, y los analistas y policy makers no tienen mucho más que hacer que medir la caída y esperar el rebote y, en el caso de los segundos, vigilar los balances presupuestarios con el fin de evitar convertir un problema coyuntural en uno de solvencia y sostenibilidad de largo plazo.
Lo que Costa Rica exhibe desde finales de 2025 es un misterio de otra especie, bastante más interesante y bastante peor comprendido: los ingresos tributarios del Gobierno Central crecieron apenas 0,71% nominal en 2025 y caen 4,42% interanual al primer trimestre de 2026, mientras la economía —esa que supuestamente los genera— creció 4,6% real el año pasado y 3,7% en el arranque de este. La carga tributaria, 12,78% del producto interno bruto (PIB), tocó su nivel más bajo en dos décadas si se excluye el año pandémico.
Una recaudación que se encoge mientras su base se expande no es un fenómeno macroeconómico: es una anomalía que exige explicación, y las explicaciones que se han ofrecido merecen ser tomadas en serio, una por una, hasta ver cuál sobrevive al contacto con los datos.
Desaceleración de la economía
La primera candidata, la desaceleración de la actividad económica, tiene el mérito de la sencillez y el inconveniente de ser falsa, o al menos radicalmente insuficiente. Es cierto que el PIB del régimen definitivo —el que de verdad tributa, porque el régimen especial que empuja el agregado está mayormente exento— creció menos que el titular: 3,05% real en 2025. Pero creció. La demanda interna nominal avanzó 2,9%, el consumo de los hogares 3,2%, y ninguna base relevante retrocedió ni en 2025 ni en el primer trimestre de 2026.
La boyancia tributaria —cuánto crece la recaudación por cada punto que crece su base— fue de 0,18 en 2025, cuando su promedio histórico de dos décadas ronda la unidad y en el cuatrienio 2021–2024 llegó a superar 1,3.
Un sistema tributario que durante veinte años acompañó fielmente a la economía no olvida cómo hacerlo de un trimestre a otro. Y hay un dato estadístico que conviene subrayar porque desarma buena parte del comentario apresurado: a frecuencia trimestral, la recaudación costarricense casi no covaría con el PIB, ni con la demanda interna, ni con el consumo —coeficientes de ±0,1 en condiciones normales—, y el impuesto sobre la renta no covaría con nada, ni contemporáneamente ni con rezago, porque su caja responde al calendario de pagos y a la liquidación del período anterior. Inferir debilidad económica de una renta trimestral débil es, con perdón de la estadística, leer las hojas del té.
Efecto deflaccionario
La segunda explicación, la deflación, es más honorable: los impuestos se cobran sobre valores nominales, y cuando los precios caen, la base nominal crece menos que la real. El deflactor del consumo restó cerca de 2,8 puntos porcentuales en el primer trimestre. Es un factor real, medible y parcial: explica por qué la recaudación crecería menos, no por qué se desploma; y no explica en absoluto la renta, que se paga sobre utilidades del período fiscal anterior.
Tipo de cambio
La tercera explicación es la celebridad del momento: el tipo de cambio. Aquí conviene ser cuidadoso, porque el canal cambiario existe, es verificable y un análisis bien estructurado lo verifica —pero hace mucho menos de lo que se le atribuye.
Donde opera con nitidez es en aduanas. La aritmética del primer trimestre es limpia: las importaciones crecieron 1,0% en dólares, la apreciación fue de 4,5%, y el producto de ambas cosas —las importaciones en colones, que son la base gravable— cayó 3,6%, contra un 6,4% de caída de la recaudación aduanera; la diferencia la pone la composición, porque lo que se enfría no es cualquier importación sino precisamente la de vehículos y bienes duraderos, los de mayor carga tributaria relativa gracias a un selectivo de consumo que llega al 48% y se calcula en cascada.
La relación es tan estrecha que, medida mes a mes durante dos décadas, la correlación entre la importación de vehículos y el selectivo aduanero es de 0,88, y de 0,95 en la ventana reciente. Y hay un matiz normativo que nadie ha mencionado y que comparte calendario exacto con el episodio: desde el 20 de noviembre de 2024, los vehículos ya no se valoran en aduanas con las listas de referencia de Hacienda —el viejo sistema de la «clase tributaria», que operaba como piso— sino con el valor de la factura que exige el Acuerdo de Valoración de la OMC (Decreto Ejecutivo 44712-H); si las facturas declaradas resultan menores que aquellas listas, lo esperable, cada vehículo internado paga desde entonces menos selectivo y menos impuesto sobre el valor agregado (IVA) — una hipótesis que no puede cuantificarse con los datos públicos disponibles, pero que empuja en la misma dirección que el ciclo y la apreciación.
Nada de esto es nuevo, por cierto: en 2008–2009 el mismo mecanismo operó con el signo contrario, cuando el colón depreciándose amortiguó la caída del volumen importado. Hoy el volumen crece y es el colón revalorizándose el que resta. Mismo patrón, distinto mecanismo — y una moraleja incómoda que dejo anotada para el final. Pero aduanas es un quinto de la recaudación, y el desplome no empezó ahí.
Ha sido lugar común —entre analistas y autoridades— extender los efectos del canal cambiario hacia otros tributos, en especial el impuesto sobre los ingresos y utilidades. Y aquí los datos del Banco Central cuentan una historia que casi nadie ha actualizado.
Las diferencias cambiarias operan sobre posiciones, y el sector privado costarricense dejó de ser deudor neto en dólares hace casi una década: desde 2017 sus activos en dólares en el sistema financiero superan a sus deudas, desde 2022 también sus activos externos superan a sus pasivos, y al cierre de 2025 la posición acreedora neta ronda los $9.700 millones. Bajo una apreciación del 10%, ese acervo pierde cerca de ¢500.000 millones de valor en colones: el signo de la explicación oficial, por una vez, apunta en la dirección correcta.
Pero entre ese medio billón de colones y la base del impuesto median dos filtros que la explicación omite. El primero es la composición: buena parte de esos dólares son depósitos de hogares, cuyas diferencias cambiarias no pasan por ninguna declaración de renta; la posición del subconjunto que sí declara —las empresas— no es observable en el agregado, y bien puede seguir siendo deudora.
El segundo es la territorialidad: el bloque que más creció —los activos en el exterior, que se triplicaron desde 2019— genera rentas de fuente extranjera que nuestro impuesto ni grava ni deduce; de ese lado del balance, lo único que toca la base es la deuda externa de las empresas, donde la apreciación produce ganancias gravables, no pérdidas.
No es casual que la proyección oficial de pérdida de renta —¢98.000 millones— equivalga a apenas una quinta parte del efecto de valoración agregado: la fracción que de verdad llega a la base es la pregunta, y nadie ha publicado el dato que la responde. Quien traduzca el agregado a recaudación sin el corte entre hogares y empresas está estimando a ciegas. A lo que se suma el calendario: la renta que se paga en 2026 refleja el período fiscal de 2025, de modo que la apreciación profundizada de este año —10% interanual, con el dólar en mínimos de ¢452— pesará sobre todo en la caja de 2026 y 2027. No explica el quiebre que ya ocurrió.
Explicación de la Contraloría
Porque el quiebre tiene fecha, y la fecha es el dato más elocuente de toda esta historia. Hasta el tercer trimestre de 2025 la recaudación crecía 5,9% interanual. En el cuarto trimestre —el primero con Tribu-CR en operación— la recaudación sobre el gasto interno se desplomó 17,5% y la de renta cayó 8,3%, mientras la aduanera apenas retrocedió 1,0%. Cayó primero, y con violencia, exactamente lo que se liquida contra saldos y declaraciones; lo expuesto al tipo de cambio cayó después, y menos.
Esa secuencia tiene una explicación con nombre, apellido y —esto es lo notable— cifra auditada: con la entrada del nuevo sistema, la Administración Tributaria pasó a aplicar de oficio los saldos a favor de los contribuyentes, los impuestos pagados de más en períodos anteriores que antes dormían a la espera de que alguien los reclamara.
La Contraloría General de la República auditó el fenómeno y lo cuantificó: ¢234.826 millones acreditados en un solo trimestre, el 3,6% de la recaudación de todo un año, concentrados en IVA y renta.
Corrigiendo por ese monto, la recaudación de 2025 no creció 0,71% sino 4,28%, con una boyancia de 1,07 —en línea con la economía— y una carga tributaria de 13,24% del PIB. Dicho sin rodeos: descontado el efecto de devolverles a los contribuyentes lo que habían pagado de más, 2025 fue un año fiscal perfectamente ordinario. La recaudación no cayó porque dejáramos de pagar impuestos; cayó, en su parte decisiva, porque ya estaban pagados.
Sería un error, con todo, leer la corrección como un parte de tranquilidad. Que la caída sea administrativa y no macroeconómica aclara el diagnóstico, pero no llena la caja gubernamental: los colones acreditados son colones que no ingresaron, y las necesidades de financiamiento del Gobierno —esas que se cubren con deuda, interna o externa, a las tasas que el mercado defina— son las mismas con explicación buena o mala.
Y lo que queda por delante impone respeto: la Contraloría identificó un acervo de saldos acreditables de ¢1.681.587 millones, el 25,4% de la recaudación anual, del cual lo aplicado hasta ahora es apenas un 14%; y advirtió, de paso, que cerca del 40% de ese acervo presenta inconsistencias, es decir, que ni siquiera sabemos con certeza cuánto de esa montaña es real.
¿Cuánto resta por acreditar una vez depurado? ¿A qué ritmo se aplicará? ¿Es este un fenómeno transitorio —la digestión acelerada de una acumulación que venía de la reforma de 2018 y del desorden pandémico— o una característica estructural del nuevo sistema que deberá incorporarse a toda proyección de ingresos de aquí en adelante? Nadie lo ha dicho, empezando por quien debería.
Quedan dos advertencias, antes de cerrar. La primera es la moraleja aduanera prometida: que la recaudación costarricense dependa tanto del ciclo de importación de vehículos —lo vimos en 2008–2009, lo vemos desde 2023— es una vulnerabilidad estructural que ningún tipo de cambio explica ni resuelve; un sistema tributario cuyo dinamismo cuelga de un mercado sensible al crédito, al dólar y al marchamo es un sistema con los cimientos donde no deberían estar.
La segunda es prospectiva y es la que de verdad importa: el Marco Fiscal de Mediano Plazo está proyectando la trayectoria de ingresos a partir de una caída que, en su componente principal, no es tendencia sino acreditación; proyectar linealmente un fenómeno de esa naturaleza equivale a dibujar el presupuesto de 2027 sobre un diagnóstico equivocado, con las consecuencias de sobreajuste o de sobreendeudamiento que cada quien prefiera imaginar.
Lo mínimo exigible es transparencia: que Hacienda publique, con la periodicidad de sus cifras fiscales, cuánto del acervo se ha aplicado, cuánto se ha depurado y cuánto queda. Mientras eso no ocurra, seguiremos discutiendo el tipo de cambio con la pasión de quien discute el clima, y el elefante contable seguirá sentado, cómodamente y con cifra auditada, en el centro de la sala.