Los inversionistas de Coopeservidores están preocupados por la última oferta que planteó el Banco Popular (BP) en torno a los ¢18.000 millones en créditos de la cooperativa que el BP aún tenía en revisión, como parte de la absorción del “banco bueno”.
El Popular propuso no devolver esta cartera a Coopeservidores, sino dejársela, pero con un descuento del 49,2%. El Banco planteó cubrir los ¢9.000 millones de diferencia ejecutando parte de una garantía que la Cooperativa había entregado con el fin de no impactar el porcentaje de recuperación de los inversionistas.
En resumen, el Banco Popular conservaría los ¢18.000 millones en créditos, pero dándole un valor menor (con un descuento) y recibiría parte de los recursos de la garantía por la diferencia.
Francisco Ruiz, líder de un grupo de inversionistas afectados de Coopeservidores, cuestionó esta propuesta debido a la magnitud del descuento y afirmó que Marco Hernández, encargado de la resolución de la cooperativa, “no está velando por sus intereses”.
Los inversionistas tienen la aspiración de recuperar la mayor cantidad de dinero posible en el proceso de resolución. Antonio Barzuna, inversionista de la cooperativa, comentó que toda venta que se concrete es positiva, pero cuestionó el descuento.
“Que el Banco se deje esos créditos en análisis es positivo. Toda aquella liquidación de activos es positiva para que podamos seguir recuperando porcentajes adicionales de las inversiones. Lo que nos molesta es ese tipo de descuentos que da el resolutor, porque los acreedores e inversionistas no tienen participación en esas decisiones”, dijo Barzuna.
Estos ¢18.000 millones representan el 6% de los créditos que el BP había absorbido del “banco bueno” de la cooperativa en proceso de cierre, como parte de una operación en la que adquirió tanto activos como pasivos de Coopeservidores, en la misma magnitud.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) había autorizado al Popular a excluir de la cartera crediticia absorbida hasta ¢18.000 millones.
Según un acuerdo del Conassif, publicado en el diario oficial La Gaceta el 14 de marzo, el Banco Popular presentó la nueva propuesta el 6 de febrero pasado.
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Si bien el descuento ofrecido por el BP es alto, otras entidades financieras habían planteado otros mucho más altos por los créditos de Coopeservidores, los cuales fueron rechazados por el Conassif. En algunos casos, se pedían descuentos de hasta el 96%.
El año pasado, la Administración de Resolución de Coopeservidores había depositado una garantía en el Banco Popular por un monto de hasta ¢18.000 millones para poder cubrir la eventual devolución de cartera y evitar afectar a los ahorrantes y otros acreedores.
El Popular había alegado que encontró deficiencias relevantes en la cartera de crédito absorbida durante el proceso de resolución de Coopeservidores. Ante esto, se autorizó que excluyera hasta ¢18.000 millones, lo que equivale al 6,12% de todas las operaciones brutas migradas de la cooperativa al banco.
En el acuerdo de La Gaceta, se indicó que el Popular propuso una compra adicional de cartera crediticia y la posible devolución de una propiedad ubicada en Desamparados, la cual fue traspasada por un monto de ¢443 millones, como parte de la transacción del “banco bueno” de la cooperativa.
El equipo de resolución afirmó que la solicitud se realizó debido a que el Popular enfrenta dificultades para obtener una autorización de uso de suelo del inmueble por parte de la Municipalidad de Desamparados. No obstante, la Administración de la Resolución señaló que aún se encuentran agotando las vías administrativas.
De acuerdo con el acuerdo publicado en La Gaceta, el análisis de todo este planteamiento se vio afectado por una acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros y la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, que sustentan los procesos de resolución de una entidad financiera cuando se declara insolvente.
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El proceso de resolución de Coopeservidores quedó suspendido luego de que la Sala IV diera curso a la acción. No obstante, el pasado 6 de marzo, el Conassif confirmó que se retomaba el curso normal del procedimiento.
La Nación consultó al Banco Popular y a la Administración de Resolución de Coopeservidores sobre esta propuesta desde el lunes 24 de marzo. Ambas confirmaron la recepción de las preguntas, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Amplían plazo
Como parte del acuerdo, el Conassif aprobó ampliar hasta el 31 de marzo el plazo para que se defina el futuro de esta transacción, así como dar el espacio necesario para terminar de efectuar las evaluaciones técnicas y legales relacionadas con la acción de inconstitucionalidad.
Esta es la tercera prórroga otorgada al Banco Popular para definir el manejo de los créditos en revisión. Inicialmente, el plazo se amplió hasta el 31 de enero y, luego, se otorgó una nueva prórroga hasta el 28 de febrero. Ahora, la nueva fecha límite es el lunes 31 de marzo.
El año pasado, el Banco Popular explicó que estas cláusulas de salvaguarda en el proceso de absorción se incluyeron para mitigar riesgos asociados con la calidad de la información migrada y proteger los indicadores financieros del banco.
En total, el Banco Popular absorbió activos valiosos de Coopeservidores por ¢411.580 millones, incluyendo créditos con atraso de entre 1 y 30 días, así como títulos valores, efectivo y bienes inmuebles.
La cartera de crédito fue el principal activo adquirido, con un monto bruto de ¢302.259 millones, compuesto por ¢299.067 millones de saldo principal y ¢3.192 millones de intereses. Esta adquisición representó el 80,5% del “banco bueno” de la cooperativa.
