El Banco Popular encontró deficiencias relevantes en la cartera de crédito absorbida durante el proceso de resolución de Coopeservidores y tendrá plazo hasta enero de 2025 para analizar la exclusión de operaciones crediticias por un máximo de ¢18.000 millones.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó, luego de una solicitud del Banco Popular, ampliar al 30 de enero de 2025 el plazo de revisión de la cartera crediticia migrada como parte del llamado “banco bueno” de la cooperativa.
Esta extensión permitirá determinar el monto de la cartera a excluir, identificada como “fuera del apetito de riesgo del Banco”, por un máximo de ¢18.000 millones, lo que equivale al 6,12% de las operaciones brutas migradas, según un acuerdo publicado en el diario oficial La Gaceta.
En agosto, la entidad bancaria absorbió activos valiosos por el orden de los ¢411.000 millones, mayoritariamente créditos, aunque también figuraban valores e inmuebles, entre otros.
El Banco Popular confirmó a La Nación que está en el proceso de valoración de una devolución de cartera hasta por el monto citado. Según los análisis elaborados, la cifra sería suficiente para excluir las operaciones crediticias fuera de su apetito de riesgo.
En el acuerdo, el Conassif también autorizó a la resolución de Coopeservidores a otorgar una garantía de hasta ¢18.000 millones para cubrir una eventual devolución de cartera, con el propósito de no afectar el pago a los inversionistas con depósitos no garantizados, aquellos mayores a ¢6 millones.
El Banco Popular sustentó la solicitud de ampliar el plazo de revisión en “una serie de inconsistencias” detectadas tras una revisión detallada de la cartera migrada desde Coopeservidores, el 1.º de agosto de 2024. Según el acuerdo del Conassif, estos problemas no fueron detectados en la debida diligencia previa ya que la información disponible en la cooperativa no se reflejaban.
“No es sino hasta que el Banco realiza la verificación de los datos con los documentos que determina esas incongruencias“, se lee en el documento publicado en el diario oficial, el 4 de noviembre, y aprobado en la sesión del Consejo del 21 de octubre.
El Banco Popular dijo que efectuó una revisión individual de cada expediente para verificar que los créditos migrados cumplieran con las condiciones y el perfil de riesgo. Conforme avanzó el análisis, identificó condiciones en algunas operaciones que no cumplían con los criterios pactados con el Resolutor para realizar la transacción.
La principal inconsistencia detectada por el Banco Popular fue que la cuota del crédito migrado, ajustada conforme a las condiciones del contrato, resultaba mayor a la que el cliente pagaba en la cooperativa.
A finales de agosto, el Banco informó de que un grupo de 16.690 deudores de la cooperativa enfrentó un aumento en la cuota mensual de sus créditos respecto a lo que pagaban en la cooperativa. Esto ocurrió porque las cuotas cobradas por Coopeservidores no eran consistentes con los plazos pendientes de pago, saldos y tasas de interés registradas.
El Banco también identificó incoherencias en los documentos que respaldaban varias operaciones, las cuales podrían convertirse en limitaciones legales que afectarían la recuperación de los créditos.
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La entidad financiera detectó, por ejemplo, problemas en la cesión de garantías, plazos migrados mayores a los indicados en los pagarés y saldos trasladados superiores a los del pagaré original.
El Conassif aclaró que un proceso de debida diligencia no es una revisión exhaustiva de todas las operaciones de la transacción. Por ello, el contrato contemplaba salvaguardas que permitían solicitar la exclusión o devolución de créditos bajo ciertas condiciones, como inconsistencias en pagarés o la ausencia de garantías reportadas como existentes.
El Banco Popular explicó que estas cláusulas de salvaguarda fueron incluidas para mitigar los riesgos asociados con la calidad de la información migrada y proteger los indicadores financieros del Banco.
“Esto es normal en este tipo de transacciones, ya que el comprador, en este caso el BP, en primera instancia solo cuenta con bases de datos, pero hay elementos que están en los expedientes que son revisados en una etapa posterior, donde se confirman cálculos preliminares o se pueden identificar eventuales desviaciones", dijo la entidad.
La Administración de Resolución de Coopeservidores confirmó a La Nación que habrá que esperar hasta que el Banco Popular determine el monto final a excluir, para luego negociar. Eso sí, enfatizaron en que no habrá una sustitución de las operaciones crediticias. Inicialmente esta era una posibilidad, pero el escenario que fue aprobado solamente contempla la exclusión.
A raíz de la solicitud del Banco Popular, la Administración de Resolución consideró cinco escenarios. Entre ellos no aprobar la solicitud o brindar solo la extensión del plazo, sin la garantía, lo que hubiera significado una afectación del porcentaje de recuperación de los inversionistas.
También se evaluó la posibilidad de aprobar la extensión del plazo para sustituir cartera y brindar la garantía solicitada. La Resolución consideró que esto les afectaría debido a que tendrían que inmovilizar otras operaciones que están en negociaciones.
El plazo inicial para el proceso de análisis de la cartera era de tres meses, aunque existía la posibilidad de prorrogarlo por un mes más, hasta finales de noviembre. Finalmente, el periodo se extendió hasta el 31 de enero de 2025.
Garantía para pagar a ahorrantes
La Administración de Resolución de Coopeservidores confirmó que la garantía aprobada por el Conassif, por un monto de hasta ¢18.000 millones, se constituyó mediante un depósito en el Banco Popular, el pasado 22 de octubre.
Este depósito provino de las disponibilidades de la cooperativa y cubrirá el monto que devuelva el Banco Popular en cartera de créditos, por lo que no se afectará a los ahorrantes ni otros acreedores. En el acuerdo para para absorber los activos (créditos, efectivo y valores), la entidad financiera interesada debía también absorber pasivos en la misma suma.
Los encargados de la Resolución también aseguraron que este proceso de exclusión no interferirá con la negociación del fideicomiso, el cual incluye los activos menos atractivos de Coopeservidores ya que son procedimientos independientes.
En total, el Banco Popular absorbió activos valiosos de Coopeservidores por ¢411.580 millones, incluyendo créditos con atraso de 1 a 30 días, títulos valores, efectivo y bienes inmuebles.
La cartera de crédito fue el principal activo adquirido, con un monto bruto de ¢302.259 millones, compuesto por ¢299.067 millones de saldo principal y ¢3.192 millones de intereses.
Esta adquisición representó el 80,5% del “banco bueno” de la cooperativa, junto con el compromiso de asumir obligaciones por el mismo monto ante ahorrantes, inversionistas e instituciones financieras.
