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En un año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atendió solo 5 de las 73 debilidades señaladas por la Superintendencia de Pensiones (Supén) en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pese a que algunas advertían sobre riesgos de pérdida de recursos, fraude y afectaciones para actuales y futuros pensionados.
Las 73 advertencias derivan de 25 hallazgos identificados por la Supén en un estudio sobre la “desacumulación” del régimen, es decir, los procesos mediante los cuales la CCSS tramita, otorga y paga las pensiones del IVM, así como aquellos relacionados con su eventual caducidad.
Se trata del Informe a la Junta Directiva y al Comité de Vigilancia de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (ICV-2025), con corte a diciembre del 2025 y remitido a la institución el 22 de mayo del 2026 (mediante el oficio SP-516-2026).
Los señalamientos abarcan deficiencias en gobierno corporativo y coordinación entre dependencias; gestión estratégica y atención a las personas usuarias; clasificación, trámite y seguimiento de solicitudes de pensión; y actualización de manuales e indicadores.
También, incluyen controles de acceso y trazabilidad de los sistemas; identificación, tratamiento y cultura de riesgos operativos; y gestión de liquidez, incluidos indicadores, alertas tempranas, políticas de inversión y planes de contingencia.
Según la Supén, estas situaciones podrían exponer al régimen a pérdidas de recursos, fraude y afectaciones para las personas pensionadas y quienes eventualmente lleguen a serlo.
A esto se suma el señalamiento de la Supén sobre 11 oportunidades de mejora adicionales, notificadas en 2021 tras el estudio de supervisión realizado en 2020, que la CCSS tampoco ha atendido y acumulan un rezago de cuatro años.
La Nación preguntó a la CCSS sobre el bajo nivel de cumplimiento de las observaciones de la Supén y el rezago acumulado en aquellas pendientes desde hace varios años. Al cierre de edición, las consultas se encontraban en trámite.
El IVM es el principal fondo de jubilaciones del país, con una cobertura superior al 70% de la población económicamente activa. A diciembre del 2025, el IVM registraba 1,63 millones de cotizantes y 394.892 personas beneficiarias.
Su situación financiera se deterioró de forma acelerada durante el 2025, luego de que la CCSS utilizara ¢50.000 millones de la reserva para pagar pensiones ante el incumplimiento parcial de las obligaciones del Estado y una menor recaudación. Este uso de los recursos estaba previsto inicialmente para 2041 y podría adelantar el agotamiento de la reserva, proyectado para 2047.
Debilidades en gestión de riesgos y liquidez
En el 2024, la Supén realizó un estudio de supervisión sobre los procesos de otorgamiento, pago y caducidad de las pensiones del IVM. Los resultados fueron comunicados a la CCSS el 28 de noviembre de ese año, mediante el oficio SP-1372-2024.
La Superintendencia planteó 73 oportunidades de mejora para fortalecer los procesos evaluados. De ese total, solo cinco habían sido atendidas a diciembre del 2025, mientras que 52 permanecían en proceso y 16 seguían pendientes.
En materia de gobierno corporativo y gestión de riesgos, Supén detectó debilidades en la coordinación entre dependencias, la delimitación de responsabilidades y la independencia del área encargada de administrar los riesgos. También identificó una cultura de prevención insuficiente y controles que no separan con claridad las funciones de supervisión y gestión.
En cuanto a la gestión estratégica y operativa, el informe identifica deficiencias en la atención y comunicación con las personas usuarias, el seguimiento de los plazos para resolver solicitudes de pensión y la estrategia de transformación digital.
A esto se suman sistemas de información, manuales y guías desactualizados, que podrían propiciar criterios distintos, errores y atrasos en la tramitación de beneficios.
El órgano supervisor también encontró debilidades en los controles y la administración de riesgos operativos, entre ellas perfiles de acceso y bitácoras de los sistemas que requieren mejoras, seguimiento insuficiente de las recomendaciones de Auditoría Interna y herramientas limitadas para identificar y monitorear amenazas.
Además, advirtió sobre la falta de mecanismos eficaces para reportar estos eventos y aplicar medidas correctivas cuando se superan los niveles de riesgo establecidos.
En materia de liquidez, Supén detectó deficiencias en indicadores y límites, ausencia de alertas tempranas y debilidades en las políticas de inversión y los planes de contingencia.
También cuestionó el uso de información desactualizada para analizar los vencimientos de las inversiones, lo que limita la capacidad del régimen para anticipar presiones de efectivo y garantizar el pago oportuno de las pensiones.
En lo que va del año, Supén detalló que la CCSS ha remitido información sobre los avances en la atención de las observaciones, así como documentación adicional para acreditar las medidas adoptadas. Parte de estos informes y evidencias permanece en revisión por la Superintendencia, mientras que la institución autónoma solicitó ampliar hasta junio del 2026 los plazos para cumplir algunas de las acciones pendientes, incluidas las relacionadas con la gestión de liquidez.
Cuatro años de retraso en mejoras a la gestión actuarial
En su informe, Supén también señala que 11 observaciones derivadas de un estudio de supervisión realizado en el 2020 permanecen pendientes de atención. La evaluación abarcó la gestión de activos y el área actuarial, y sus resultados fueron comunicados a la CCSS mediante el oficio SP-1630-2020 de enero de 2021.
Estas oportunidades de mejora se concentran en gestión de activos y asuntos actuariales.
Entre ellas figuran la falta de una vinculación efectiva entre la estrategia de inversiones y el apetito de riesgo institucional, la capacitación pendiente de la Junta Directiva en riesgos, finanzas y actuaría, y la implementación de un Código de Gobierno Corporativo. Estos aspectos inciden en la toma de decisiones sobre los recursos del IVM.
En control y gestión operativa, persisten problemas para conciliar el auxiliar de crédito con el balance general, definir responsables del registro contable del modelo de negocio y ejecutar una estrategia de diversificación del portafolio. También hay debilidades en la documentación de los procesos actuariales y el seguimiento de recomendaciones de auditoría.
Otro señalamiento corresponde a la gestión de riesgos. La Política de Gestión Integral de Riesgos aún no se había implementado por completo y faltaba incorporar los riesgos estratégicos al trabajo del área. Según Supén, esto limita una evaluación transversal de las amenazas y su incorporación en la toma de decisiones.
El órgano fiscalizador detalla en su informe que la CCSS ha remitido documentación sobre las acciones emprendidas y solicitado prórrogas para completar algunas tareas. También comunicó que la agenda para implementar la política de riesgos se trasladó al segundo semestre del 2026.
