La afectación para los inversionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), por el caso del Taller 3R, es mayor a lo previsto.
La subsidiaria del banco estatal presentó un reclamo formal de $4,1 millones en el proceso concursal que la empresa presentó en marzo pasado. Taller 3R afirmó, en su solicitud inicial, que la deuda era de al menos $815.652.
La BCR SAFI alega que Reyva S. A., sociedad anónima vinculada al Taller 3R, le debe esa suma por el impago del alquiler del inmueble NI Uruca, que consta de tres fincas ubicadas en La Uruca, San José (matrículas 1-205015-000, 1-309284-000 y 1-177021-000).
Entre el 2017 y el 2018, la subsidiaria del Banco de Costa Rica le compró las fincas por $11,26 millones a la misma firma que hoy las arrienda. Forman parte del fondo inmobiliario de inversión de BCR SAFI, el cual se utiliza para pagar rendimientos a los inversionistas.
Reyva S. A. es una de las cuatro empresas incluidas en el proceso concursal promovido por Grupo Corporativo Tres Erres Holding. La subsidiaria, que forma parte de este grupo de interés económico, tiene una alta morosidad por impago de arreendamientos con el fondo de inversión inmobiliario administrado por BCR SAFI, que además es propietario del polémico Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
Los procesos concursales tienen como objetivo restablecer la operación de las empresas y organizar el pago de sus deudas. Si esto no es posible, la autoridad judicial establece un plan de liquidación.
La Nación tiene copia de una versión actualizada del expediente 25-000048-0958-CI, presentado ante el Juzgado Concursal de San José el 14 de marzo, en la cual se incluye el apersonamiento al proceso concursal realizado por BCR SAFI.
Según este documento, al 28 de marzo de 2025, Reyva S. A. le adeuda al BCR Fondo de Inversión Inmobiliario $1,8 millones por rentas correspondientes al periodo comprendido entre junio del 2023 y el 31 de marzo del 2025.
A esto se suman $2,1 millones de un saldo de un acuerdo de pago incumplido por Reyva, relacionado con rentas atrasadas de los periodos de enero del 2022 a mayo del 2023, así como $211.642 por intereses moratorios. En total, los rubros suman $4,1 millones.
Taller 3R solicitó protección judicial, el pasado 14 de marzo, por adeudar millones en cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en tributos al Ministerio de Hacienda y con 15 acreedores privados.
Posición de empresa
Manuel Briceño, abogado de Grupo Corporativo Tres Erres S. A., dijo que han depositado más de $1 millón en la cuenta judicial correspondiente al monitorio, por lo que las cifras reclamadas por BCR SAFI no reflejan los pagos ya realizados.
De hecho, la subsidiaria del BCR reconoció que, desde que fue notificada, la empresa del Grupo 3R depositó en la cuenta del Juzgado los montos de las rentas, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se decrete el desalojo inmediato.
“Sin embargo, a pesar de que por derecho esos montos le correspondan al Fondo, en su condición de arrendante, al no estar en firme la resolución intimatoria, el juez de primera instancia aún no ha autorizado el giro a favor del fondo. Lo que es innegable es que ese peculio ya no forma parte del patrimonio de Reyva”, se lee en el documento.
Briceño añadió que el acuerdo de pago cuestionado tiene un cronograma vigente desde el 1.° de marzo del 2023 hasta el 31 de octubre dle 2034, por lo que no puede considerarse incumplido.
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En el escrito, BCR SAFI refutó la deuda que el grupo empresarial reconoció en la solicitud de apertura del proceso concursal, la cual, según el documento, ascendía a $2,7 millones.
En el apersonamiento, la subsidiaria del BCR explicó que, debido al incumplimiento en el pago de la renta por parte de Reyva, según lo estipulado en el contrato de arrendamiento, interpuso un proceso monitorio arrendaticio el 21 de diciembre del 2023.
Según el documento, en dicho proceso ya se dictó una resolución intimatoria mediante la cual se previno a Reyva S. A. a desalojar el inmueble arrendado. También se le ordenó seguir depositando en la cuenta del Juzgado las rentas correspondientes a los meses posteriores a la presentación de la demanda.
De acuerdo con BCR SAFI, actualmente la resolución se encuentra impugnada por Reyva, por lo que no ha adquirido firmeza. No obstante, señaló que esta ya fue confirmada en primera instancia y está pendiente de resolución en segunda instancia.
Las propiedades fueron arrendadas por el fondo de inversión inmobiliario administrado por BCR SAFI a Reyva S. A., mediante un contrato suscrito el 3 de noviembre de 2017, al cual se le incorporó una adenda el 29 de noviembre del 2018.
La Nación envió consultas a BCR SAFI, pero la entidad respondió que la información relacionada con procesos judiciales, administrativos o investigaciones en curso es confidencial y privilegiada.
“En cumplimiento de la normativa, no es posible divulgar detalles adicionales sobre el proceso que se sigue contra el inquilino en cuestión”, indicaron.
Desalojo
BCR SAFI presentó una demanda monitoria arrendaticia contra Reyva S. A. el 21 de diciembre del 2023, es decir, antes del proceso concursal. El monitorio busca tramitar el desahucio originado en una relación de arrendamiento civil o comercial.
En el apersonamiento, la SAFI indicó que el proceso concursal no debe afectar la ejecución de la orden de desalojo, que constituye la pretensión principal dentro del proceso monitorio, ni la recuperación de los montos adeudados por rentas no pagadas.
La subsidiaria del BCR explicó que el monitorio se inició antes de la solicitud de concurso y que su objetivo principal es recuperar el derecho de posesión sobre las fincas arrendadas.
Ante esto, afirmó que el monitorio no debe tratarse como un proceso de cobro, ya que estos son suspendidos antes de la declaratoria del concurso, conforme al artículo 18.2 de la Ley Concursal.
“(...) aquí estamos ante la pretensión principal del desalojo, siendo lo principal que BCR Fondo de Inversión Inmobiliario recupere el derecho de posesión sobre fincas arrendadas, por lo que no se puede indicar que un monitorio arrendaticio sea un proceso de cobro de los que habla el artículo 18.2 de la Ley Concursal”, externó la SAFI.
De acuerdo con el documento, Reyva presentó una solicitud de suspensión inmediata del proceso monitorio. La decisión fue cuestionada por la subsidiaria del BCR, al considerar que no se trata de un proceso nuevo y que el proceso concursal aún no ha sido abierto.
Petitoria
La subsidiaria del BCR solicitó que, en caso de apertura del proceso concursal, el Juzgado declare que este no afecta la ejecución del desalojo ni la continuidad del monitorio, al considerar que no se trata de un proceso de cobro y que fue interpuesto con antelación.
En el marco del monitorio, el 7 de marzo del 2024 se efectuó una retención preventiva de bienes embargables que se encontraban dentro de los inmuebles arrendados. Ante esto, solicitó que dichos bienes respondan con preferencia a favor del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario, por encima de cualquier otro acreedor.
Finalmente, pidió que se ordene a Reyva S. A. desistir de la solicitud de suspensión presentada dentro del proceso monitorio arrendaticio, al considerarla improcedente.