EscucharRocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), solicitó darle a la institución fiscalizadora la potestad legal para remover directivos de un banco si incumplen con los requisitos normativos para ocupar el cargo.
La funcionaria abordó este tema en su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, a la cual acudió para referirse al nombramiento de tres miembros de la Junta Directiva del Banco Popular (BP), por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, quienes incumplen con la experiencia para ejercer sus funciones.
La funcionaria profundizó en este tema tras haber recomendado al Poder Ejecutivo y a la Directiva del Banco Popular (BP), el pasado 30 de julio, destituir a Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente de la entidad, y a los directivos María Clemencia Palomo Leyton y Eduardo Navarro Ceciliano, por no cumplir con el requisito de experiencia necesario para sus cargos.
Rocío Aguilar sobre nombramientos en BP
Aguilar solicitó a los legisladores impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Banco Popular, con el fin de evitar que los intereses de grupos o las presiones políticas determinen la elección de los directivos de esta entidad pública.
“Las competencias de la Superintendencia hoy no le permiten que ante situaciones de incumplimiento de idoneidad sea la Superintendencia la que exija la remoción, sino que queda en el órgano decisor (el Poder Ejecutivo en el Popular). Esta es una competencia que debe ser subsanada”, recalcó Aguilar.
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Advirtió que la permanencia de personas no idóneas, como es el caso en el Banco Popular, afecta el gobierno corporativo y las calificaciones de las entidades. Además, subrayó que la remoción se llevaría a cabo conforme a un debido proceso.
Asimismo, consideró necesario encontrar una solución a este problema, ya que las dificultades en la conformación de la Junta Directiva del Banco Popular tienden a reaparecer de manera recurrente.
“El nombramiento de directores en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular ha generado conflictos. Es importante hacer una revisión de esos nombramientos y evitamos que temas de intereses de grupos o presiones de carácter político puedan ser las que determinen definiendo quiénes pueden ser directores o no en una entidad como el Banco Popular”.
La funcionaria destacó la urgencia de realizar correcciones en el Banco Popular, al ser una entidad de carácter sistémico, lo que significa que cualquier inestabilidad en su operación podría afectar a todo el sistema financiero nacional.
No obstante, enfatizó que el incumplimiento de la entidad pública no está relacionado con su solvencia, ya que las contribuciones mensuales obligatorias de trabajadores y patronos aseguran una sólida suficiencia patrimonial para el banco.
Este indicador es fundamental para evaluar la solidez del capital de las entidades y su capacidad para enfrentar riesgos inherentes a sus actividades. El BP registró un nivel de 21,41% y el grado mínimo es del 10%.
De hecho, la falta de idoneidad de los tres directores, nombrados por el Consejo de Gobierno, ocasionó que el Banco Popular cayera en irregularidad financiera de grado 1 desde enero pasado. Para volver a la normalidad, la institución debe cumplir con 236 correcciones en áreas de gobierno corporativo, idoneidad, falta de conocimientos de directivos, rendición de cuentas y riesgos de gobernanza.
El gobierno controla desde el inicio de la administración la Directiva del Banco Popular porque eligió a los tres miembros representantes estatales y a los cuatro de la Asamblea de Trabajadores del BP, luego de rechazar a las personas recomendadas.
Respuesta negativa
Aguilar explicó en su comparecencia que desde el inicio de la actual Administración advirtió al Poder Ejecutivo sobre las carencias en el requisito de experiencia para ocupar el cargo de los tres directivos elegidos por el Consejo de Gobierno.
Sin embargo, Casa Presidencial rechazó la recomendación dada por Sugef de cambiar a las personas, contó la funcionaria, porque cuando se les eligió las nuevas reglas de idoneidad para el cargo no habían entrado a regir. Por tanto, el gobierno decidió no aplicar la normativa más rigurosa a los directores cuestionados.
La jerarca explicó que la falta de idoneidad de Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, para ocupar la presidencia del BP, es que no tiene la experiencia en los últimos ocho años de ocupar un cargo de alta gerencia o en una directiva de una entidad financiera. Mientras que en los otros directivos el requisito es de cinco años como mínimo.
El liberacionista Francisco Nicolás Alvarado cuestionó las razones por las que el Poder Ejecutivo mantiene a personas en cargos pese a no cumplir con la ley. Además consultó a la superintendente si el BP tiene la potestad para adquirir bonos de deuda política en la campaña electoral del 2026.
Aguilar respondió que todas las entidades supervisadas pueden tomar dicha decisión de financiamiento si su apetito de riesgo financiero lo permite.
Entre tanto, Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista catalogó como una irresponsabilidad y ocurrencia mantener en el cargo a personas que carecen de experiencia comprobada.
