La Asociación Bancaria Costarricense manifestó su oposición a la propuesta del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, de levantar el secreto bancario como una de las medidas para reducir la evasión fiscal.

Chaves hizo la propuesta, el lunes 10 de febrero, ante los diputados, como una de las medidas para reducir el déficit fiscal y con ello comenzar a bajar el endeudamiento público.

"El secreto bancario es un tema muy Costa Rica porque la mayoría de los países no lo tienen para efectos de la Administración Tributaria”, expuso Chaves en el plenario.

Puso el ejemplo de países como Estados Unidos, donde la autoridad tributaria, mediante convenios internacionales, incluso puede pedirle a un país como Costa Rica información bancaria de una persona y Costa Rica se la tiene que dar.

“Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica no tiene la autoridad, para efectos tributarios, para efectos de auditoría, de ver cuál es el pasivo tributario que tiene una empresa o un ciudadano con respecto al gobierno de Costa Rica".

Proceso actual

Actualmente, la Dirección General de Tributación puede tener acceso a información de una persona previa autorización de un juez según lo establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

“Las entidades financieras deberán proporcionar a la Administración Tributaria información sobre sus clientes, incluyendo información sobre transacciones, operaciones y balances, así como toda clase de información sobre movimiento de cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, certificados a plazo, cuentas de préstamos y créditos, fideicomisos, inversiones individuales, inversiones en carteras mancomunadas, transacciones bursátiles y demás operaciones, ya sean activas o pasivas, en el tanto la información sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios”, establece el artículo 106 bis del Código.

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Para ello, el procedimiento inicia con la presentación de una solicitud por escrito ante el juzgado de lo contencioso administrativo.

"La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), por razones de principio siempre ha defendido la posición de que medie la solicitud de un juez para levantar el secreto bancario; es importante considerar que los datos son sumamente sensibles y por seguridad ese procedimiento se debe mantener”, comentó Mario Gómez, asesor legal de dicha organización.

“La ABC considera que no es conveniente el levantamiento del secreto bancario en la forma en que se está planteando, dando acceso a toda la información, sin discriminación de ningún tipo, para que la procesen y saquen conclusiones, eso está prohibido en la gran mayoría de países desarrollados e incluso en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, añadió Gómez.

El asesor de la ABC añadió que el derecho a la privacidad es un derecho constitucional de los costarricenses y se cede ante casos específicos, siempre y cuando exista la intervención de un juez de garantía.

Se consultó también la opinión de la Cámara de Bancos, pero no fue posible tener respuesta al cierre de esta información.

Sobre el tema, Chaves amplió su planteamiento en la conferencia del Consejo de Gobierno del martes 11 de febrero.

"Lo del secreto bancario a mí me llama la atención que la gente no proteste porque las casas, algunas muy valiosas, algunas que reflejan bienestar extraordinario, el registro público de la propiedad está abierto a todo el mundo, por qué no se hace la misma preocupación”, manifestó el Ministro.

Añadió que hay protocolos ciegos para trabajar con dicha información, donde solo la computadora puede hacer los cruces.

“México, imagínese un país con la criminalidad, los secuestros, que tiene México, que gracias a Dios, en Costa Rica no tenemos, maneja estas cosas bien, todos los países normales, los de la OCDE, manejan los sistemas”, resaltó el jerarca.

Actualmente hay un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Hacendarios presentado por la fracción del Partido Acción Ciudadana que plantea modificar los artículos 106 bis y 106 ter del Código y uno de los cambios más importantes es la eliminación de la solicitud ante el juzgado. Este retoma una iniciativa del Frente Amplio que se presentó en el anterior periodo legislativo (2014-2018).