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La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) asumirá la deuda y, por tanto, el riesgo y responsabilidad por los créditos que entregue a productores del cereal mediante recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), luego de recibir la autorización legal para funcionar como banco de segundo piso.
Conarroz asume tal riesgo al quedar autorizada a recibir recursos del SBD y prestarlos a productores e industria, mediante una reforma a su ley, aprobada por los diputados en segundo debate el 30 de setiembre pasado.
La ley aún no se ha publicado, se debe reglamentar y, además, la Corporación debe registrarse como operador financiero autorizado ante el SBD, para lo cual debe cumplir requisitos. La reforma también autoriza a Conarroz a gestionar fondos internacionales, ya sean créditos o recursos no reembolsables.
Tanto el SBD como la propia Corporación reconocieron que el deudor ante el sistema es la entidad y no los agricultores que reciban los créditos. En caso de un eventual evento climático, por ejemplo, la Corporación deberá pagar, pues los créditos se van a otorgar contra la cosecha que vendrá.
La entidad de derecho público no estatal dijo tener claro el riesgo que deberá asumir, pues en caso de que los agricultores no paguen sus préstamos será la Corporación quien deba responder.
Así lo afirmó Eduardo Rojas, vocero de Conarroz, miembro de su junta directiva y presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), al ser consultado acerca de las implicaciones de la ley.
Al ser cuestionado acerca de anteriores condonaciones con recursos de este fondo y con participación de arroceros, Rojas afirmó que con Conarroz como operador financiero el riesgo se reduce frente a los bancos por dos razones: el agricultor que acceda a recursos tendrá siempre asistencia técnica de la Corporación para garantizar la buena marcha del cultivo; y la ley ordena a la industria arrocera la retención de las sumas por el préstamo antes de pagar el grano al productor.
Millonario fondo de reserva
Aunque Rojas no habló de que sea un respaldo en esta nueva etapa, Conarroz tiene un fondo acumulado de reservas económicas que suma alrededor de ¢2.000 millones. Este se forma con los excedentes anuales, porque los límites de gasto impiden utilizar todos los ingresos provenientes del 1,5% del valor del arroz entregado por los productores y del 1,5% del valor del arroz importado.
Sin embargo, la diputada socialcristiana María Inés Solís, una de las legisladoras presentes que votó en contra del proyecto al momento de darle el segundo debate, aseveró que no está pensado en el productor nacional, sino en mantener una institución donde se favorecen unos pocos. “Permitir el endeudamiento para canalizar recursos, únicamente va a significar que se repartan recursos para luego venir a solicitar condonaciones”, enfatizó.
La legisladora dijo, además, que los arroceros ya tienen acceso al SBD y que el hecho de meter a Conarroz no hará más que politizar esos créditos.
La Contraloría General de la República (CGR), al ser consultada acerca del proyecto durante su trámite en la Asamblea Legislativa, había considerado innecesario el plan, pues los arroceros ya tenían acceso a recursos del SBD por medio de otros intermediarios financieros.
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Rojas hizo alusión a las dificultades de los productores de arroz para lograr créditos en el sistema tradicional, ante una consulta. Argumentó, de nuevo, que la Corporación es un ente especializado, el cual mediante su asistencia técnica dará más posibilidades de éxito a los arroceros.
En tanto, Miguel Aguiar, director ejecutivo del SBD, consultado acerca de los riesgos y antecedentes de la actividad arrocera, dijo que Conarroz es una entidad especializada en la actividad, por lo que cabe suponer que cuenta con la experiencia y competencia técnica para la identificación y manejo de riesgos asociados con la actividad agrícola de su competencia.
Preparación
Aguiar recordó que, como cualquier otro operador financiero, Conarroz deberá solicitar la licencia ante el SBD y cumplir con los requisitos para lograrlo, entre ellos una estructura interna que permita manejar el análisis de las solicitudes de los créditos, emitir un criterio positivo o negativo para su aprobación y luego seguir el proceso de cobro del préstamo.
“... Deberá contar con los procesos y competencias internas necesarias, por un lado, para cumplir con los requisitos de acreditación y, por otro lado, para una adecuada gestión de sus carteras de crédito”, explicó Aguiar en una respuesta por escrito.
“La Secretaría Técnica (del SBD) brinda control y seguimiento a todos los operadores financieros. Si una entidad cumple con los requisitos para tener una licencia de operador financiero, es porque tiene los elementos mínimos necesarios para una adecuada gestión, caso contrario, no se otorga la acreditación. No vemos porqué un operador financiero que cumpla con los requisitos deba tener un trato diferenciado” dijo Aguiar al responder si a la entidad arrocera se les dará un seguimiento distinto.
La entidad de los arroceros tiene claro que, a diferencia de entidades del sector financiero, no tiene una estructura preparada ni la experiencia en este campo. Al respecto, Rojas explicó que aprobaron contratar asesoramiento externo para preparar esta nueva etapa en el manejo de un sistema de créditos. Dijo que se está buscando a la empresa que hará el análisis y dará las recomendaciones de organización interna.
La contratación definitiva de ese asesoramiento no se hará, explicó, sino hasta que la ley sea firmada en la presidencia de la República y esté debidamente vigente. Entonces, agregó, se estima que quizá el nuevo esquema de Conarroz como operador financiero del SBD esté en funcionamiento hacia marzo del 2022.
“No se puede correr, hay que tener un esquema interno con análisis financieros y de riesgos y pedirle a los productores la protección con seguros. No puede fracasar, sino ser un sistema revolutivo que se mantenga en el tiempo”, enfatizó Rojas.
Calculó que entre 300 y 400 productores medianos y pequeños podrán acceder a los créditos y que esto contribuye a la meta de volver a producir localmente al menos el 50% del grano que se necesita, pues bajó a apenas el 40% de la demanda.
