Un total de 1,4 millones de trabajadores percibirán una rebaja adicional en sus salarios a partir del próximo 1.º de enero de 2026. En ese momento, entrará en vigor en Costa Rica un ajuste en las cotizaciones obrero-patronales que financian las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
-Los asalariados pasarán de aportar al IVM un 4,17% a un 4,33% de sus sueldos.
-Los patronos tendrán que subir sus cotizaciones al régimen de pensiones del 5,42% al 5,58%
-El Estado también deberá aumentar su aporte de un 1,57 % a 1,75%
En el caso de un empleado con un salario de ¢1 millón, esto significa que su cotización subirá de ¢41.700 a ¢43.300. Esto es aparte de lo que se paga por el Seguro de Salud.
Este nuevo ajuste se había establecido, desde el 2019, en el transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS con el fin de evitar un mayor deterioro del mayor sistema de pensiones del país.
Con esta medida, el aporte total al IVM por trabajador pasará del 11,16% vigente al 11,66%.
Este nuevo porcentaje regirá hasta el 31 de diciembre de 2028 y, a partir del 1.° de enero del 2029, los aportes volverán a incrementarse a un total de 12,16% entre las tres partes.
Cuando llegue ese momento, la cotización del trabajador subirá a 4,50%, la patronal a 5,75% y la estatal a 1,91%.
Entre el 2009 y el 2029, la cotización total habrá subido de un 7,50% a un 12,16%.
Estos aumentos se aprobaron cuando se acogió una de las recomendaciones de la mesa de diálogo conformada en el 2017 para buscar soluciones a los graves problemas de sostenibilidad de este sistema jubilatorio (IVM), el más grande del país.
Una de las sugerencias fue acelerar los incrementos acordados por la Caja desde el 2005, los cuales se venían aplicando en forma gradual cada cinco años. Ahora, se aplican cada tres años.
Según cifras de la CCSS, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) agrupa alrededor de 1,4 millones de personas asalariadas del sector público y privado.
Esta cantidad no incluye a trabajadores independientes, asegurados voluntarios ni empleadas domésticas; al sumar estos grupos, el total de personas aseguradas alcanza cerca de 1,8 millones.
