Natasha Cambronero, Gustavo Arias Retana. 20 octubre, 2018
En julio pasado, el Poder Judicial invirtió ¢20.000 millones en pago de planilla. Fotografía José Cordero
En julio pasado, el Poder Judicial invirtió ¢20.000 millones en pago de planilla. Fotografía José Cordero

En el Poder Judicial, mes a mes, 1.795 funcionarios reciben más de ¢3 millones de salario, y en algunos casos, esa suma supera los ¢9 millones.

Dicho grupo representa el 13% de la planilla de la Corte y absorbe tres de cada diez colones del presupuesto que ese poder de la República destina para el pago de sueldos. En julio pasado, esa cifra ascendió a poco más de ¢20.000 millones.

Los montos devengados por esos empleados judiciales superan con creces el salario promedio en el sector privado, ¢385.000. Y la diferencia es aún mayor si se compara con el sueldo más bajo que se paga en el Gobierno central, el cual es de unos ¢270.000.

Incluso, como mínimo, duplican el salario bruto promedio del Poder Judicial, el cual es de casi ¢1,5 millones. Así se desprende de un análisis que realizó La Nación de la planilla del mes de julio, la cual fue suministrada por el Departamento de Gestión Humana de la Corte.

Dentro de esa lista de 1.795 funcionarios, hay un subgrupo de 25 altos mandos que ganan más de ¢6 millones y en conjunto consume ¢195 millones mensuales.

El sueldo más alto es de ¢9,5 millones y lo recibe uno de los cuatro magistrados que ostenta el cargo de presidente de sala. El Poder Judicial solo aportó las remuneraciones por empleado, pero no detalló los nombres.

En esa lista aparecen otros 21 magistrados propietarios y suplentes; un juez 5; el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza; y la fiscala general, Emilia Navas.

Para el 2018, el 81% del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, unos ¢384.000 millones, se destinó para el pago de remuneraciones. Y de ese monto, casi ¢155.000 millones se reservaron para costear incentivos salariales, es decir, una tercera parte del total del dinero que el Gobierno le transfiere a la Corte, el cual proviene del cobro de impuestos.

Gráfico
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El 48% gana más de ¢1 millón mensual

En términos generales, el 48% de los funcionarios judiciales (6.660) recibe un sueldo bruto de más de ¢1 millón al mes.

Casi la cuarta parte de la planilla de la Corte (3.284 empleados) gana entre ¢750.000 y ¢500.000 mensuales, y solo 1.034, el 7%, obtiene una remuneración menor a ¢500.000.

En promedio, además de su salario base, cada uno de los 13.726 empleados del Poder Judicial recibe casi ¢1 millón en pluses al mes, de acuerdo con el plan de gastos previsto para este año.

Dentro de ese gasto para beneficios, se incluyen los pagos por anualidades, dedicación exclusiva, disponibilidad, compensación por vacaciones, salario escolar, recargo de funciones y un rubro llamado “otros incentivos salariales”, que es el más gordo de todos y que corresponde a un grupo de 21 privilegios exclusivos para funcionarios judiciales.

Ese tipo de incentivos hacen que el salario promedio en la Corte sea de casi ¢1,5 millones, por encima del sueldo medio que se paga en los ministerios de Seguridad Pública y Justicia, donde el grueso de la planilla la conforman efectivos de la Fuerza Pública y policías penitenciarios.

En Seguridad, ese monto es de ¢654.000 y en Justicia de ¢765.000, es decir, la mitad que en el Poder Judicial. Ambos datos también corresponden a la planilla de julio de esas carteras.

Excitativa del Ejecutivo

Ante la crisis en las finanzas públicas, el gobierno de Carlos Alvarado tomó una serie de medidas para evitar un crecimiento en el costo de los incentivos y por ende, en los salarios en el Gobierno central. Al tiempo que instó al resto de poderes de la República a replicar las medidas.

Por ejemplo, en cuanto a anualidades, ya no se pagará un porcentaje del salario sino un monto fijo; y por dedicación exclusiva, redujo a un 10% y un 25% los porcentajes del sueldo que se pagarán a los nuevos bachilleres y licenciados, en vez de un 20% y un 55%.

Incluso, si la reforma fiscal entrara en vigencia, se congelaría por dos años los salarios de más de ¢4 millones y posterior a ese plazo, las remuneraciones por encima de los ¢5,3 millones solo podrán incrementarse con base en la inflación.