Con el vencimiento, hoy, de la primera licencia de arrastre, se inicia la cuenta regresiva para la industria camaronera.
Desde este miércoles y hasta el 2019, los 44 permisos existentes se irán venciendo, sin que haya posibilidad de renovarlos, gestionar nuevos o reactivar los inactivos.
Esto, por disposición de la Sala Constitucional , que, en la resolución N.º 2013-010540, prohibió el arrastre como técnica para capturar camarón por considerar que esta causa un grave daño ambiental.
La técnica de arrastre consiste en lanzar una red que es sostenida por dos palas (una a cada lado del barco). Con ayuda de pesos, esta red “barre” el suelo para capturar camarones.
En esa misma resolución, la Sala IV dice que se podrá reinstaurar este arte de pesca si se demuestra científicamente su sostenibilidad.
Esto tendría que hacerse por la vía legal y los camaroneros depositan todas sus esperanzas en un proyecto de ley (expediente N.º 18.968), el cual está en estudio en la Comisión Especial de Puntarenas de la Asamblea Legislativa.
Varados en tierra. La primera licencia que se vence le pertenece a Minor Bonilla, dueño del barco camaronero Capitán Bonilla.
Con esta embarcación aparcada en puerto, la tripulación de siete personas pierde su empleo.
Uno de ellos es su capitán, Francisco Javier Reyes, de cuyo salario depende una familia de cinco personas. Con ese ingreso también paga una pensión alimentaria y la deuda por el préstamo de la casa.
“Tengo ya 43 años y a mí, en tierra, nadie me va a contratar. En Puntarenas no hay trabajo; aquí se depende del mar”, comentó Reyes.
Cada tripulante devenga un salario promedio de ¢800.000 mensuales, aunque este depende de lo productiva que haya sido la pesca.
Para Reyes, equiparar ese monto es difícil para una persona que no tiene estudios, que es el caso de la mayoría de los tripulantes.
Bonilla manifestó que el acompañamiento estatal durante esta transición ha sido nulo y alegó no saber qué hacer con respecto a las liquidaciones del personal.
“¿Quién tiene que pagarles a ellos? Por lo justo, yo no sería porque no los estoy quitando, es el Estado el que está diciendo que no más”, dijo Bonilla.
El barco también pierde valor al quedar sin permiso. Según su dueño, el Capitán Bonilla con licencia vale ¢60 millones, pero al perderla se deprecia a unos ¢10 millones.
Bonilla aún tiene dos barcos camaroneros más, a los que les expira el permiso en el 2019.
Otros afectados. Aparte de ellos, otras 15 personas que laboran pelando camarón se verán afectadas al no contar con los 200 kilogramos que esta embarcación descargaba diariamente.
Algunas procesadoras ya están viviendo las consecuencias. La planta Talmana tuvo que despedir a 50 personas desde la resolución de la Sala IV.
“Estamos viendo maneras de reinventarnos, pero no es nada fácil”, dijo Román Chavarría, gerente de Talmana.
Para Chavarría, lo que vive hoy el sector camaronero refleja la falta de un plan de desarrollo para las provincias costeras. “Tiene que ser una economía que dé vuelta y se quede en Puntarenas”, declaró.