El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, asegura que el daño ambiental por la minería ilegal de coligalleros en Las Crucitas (Cutris, San Carlos) es de bajo impacto y pequeña escala. Calcula incluso que, en dos años, la propia naturaleza tendrá recubierta de vegetación las zonas afectadas.
El jerarca tampoco cree que las fuentes de agua del área hayan quedado contaminadas por el derrame de metales como cianuro y mercurio, usados al extraer polvo de oro del barro.
Esa es la voloración del ministro después de que unas 4.000 personas entraran a los cerros del extinto proyecto minero de la transnacional canadiense Infinito Gold, la cual planeaba extraer oro a cielo abierto.
En el 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la empresa debido a irregularidades en el decreto de conveniencia nacional, el cual autorizó esa iniciativa. Actualmente, el país está en un arbitraje internacional con Industrias Infinito. Desde entonces, empezaron a ingresar coligalleros al lugar.
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Rodríguez calificó de “artesanales” las invasiones de los coligalleros, quienes removieron tierra, cortaron árboles y usaron cianuro y mercurio. Afirma que las excavaciones no fueron mayores a dos metros y se concentraron en un área de 15 hectáreas.
“Es daño reparable; gente con pico y pala sin maquinaria pesada como ya estaba por ocurrir. Si se saca a esas personas, como ya ocurrió, la naturaleza se restablece sola en dos años; todo se irá cubriendo de vegetación y, en una década, tendremos bosque otra vez y sin costo para el Estado; restauración natural siempre que no hayan más invasiones”, indicó Rodríguez.
Para el ministro, este nivel de daño “no tiene punto de comparación” frente al impacto que habría causado la mina prevista por la empresa extranjera.
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Según explicó, Infinito Gold estimó un área de impacto por su mina del tamaño del Parque Metropolitano La Sabana (unas 72 hectáreas), un reservorio de agua de un área similar y una mina tan profunda como la altura del edificio del Instituto Costarricense de Electricidad (unos 58 metros de profundidad).
El problema es el uso del cianuro, comentó Rodríguez.
La extracción ilegal de oro se basa en una técnica conocida como cianuración del oro o lixiviación con cianuro. El proceso permite extraer metales preciosos como oro, plata, cobre y zinc de minerales que los contienen pero en baja concentración.
Dicha técnica permite crear compuestos cianurados de dichos metales, los cuales son solubles en agua. Estos compuestos se extraen del agua al final del proceso cuando se retira el líquido y la tierra de donde se obtuvieron. Al ser de bajo costo y alto rendimiento, es el método común para este tipo de extracciones.
Sin embargo, el cianuro y el mercurio son altamente tóxicos, al grado de que su uso se prohíbe en decenas de países por el riesgo evidente de contaminación de mantos acuíferos y fuentes superficiales de agua.
Rodríguez aseguró que tanto ministerio de Salud como el Minae pidieron a expertos de la Universidad Nacional (UNA) un análisis sobre el impacto del uso del cianuro y el mercurio en esta zona.
“Están trabajando y, por ahora, no tienen resultados, pero la semana pasada me informaron que, cuando tomaron muestras de agua en ríos del área, no hallaron ni peces ni crustáceos muertos. Si eso no pasó, presumimos que la contaminación de las fuentes de agua pudo ser baja, pero, para tener certeza, debemos esperar los resultados de laboratorio”, adelantó.
Minería interrumpida
El proyecto minero Crucitas empezó en 1993 con una serie de estudios técnicos. A partir de ellos, se determinó que dos cerros localizados dentro de la finca Vivoyet podían darle a la canadiense Infinito Gold entre 800.000 y 1,2 millones onzas de oro.
Sin embargo, la cancelación de la concesión minera, luego de sentencias judiciales emitidas en el 2010 y el 2011, detuvo la extracción legal de oro de ambos cerros a cuatro kilómetros al sur del río San Juan, en el límite con Nicaragua.
Aquella decisión también originó un juicio penal en el cual se condenó a Roberto Dobles Mora, ministro de Ambiente y Energía en la administración Arias (2006-2010), a tres años de prisión por el delito de prevaricato porque firmó el decreto que declaró de “interés público” el proyecto minero. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo debate. Ahora, la Fiscalía se prepara para un nuevo proceso en el que acusa también al expresidente Óscar Arias.
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Desde entonces, las autoridades han intervenido en diversas ocasiones para mitigar el ingreso de oreros. Sin embargo, estos vuelven a ingresar pese a las acciones oficiales.
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Por ejemplo, el viernes 20 de abril por la noche, vecinos de Crucitas de Cutris, San Carlos, denunciaron las amenazas de una turba de unos 300 oreros. Ello obligó a la intervención policial, lo cual derivó en un conflicto que terminó con un muerto, varios heridos y la destrucción del puesto policial y de 15 viviendas.
Producto de aquel enfrentamiento, ocho oficiales de la Fuerza Pública resultaron heridos.
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Durante el 2017, datos de Fuerza Pública indican que se aprehendieron a 1.290 personas en ese lugar y se han puesto a 180 personas a las órdenes de la Fiscalía por cargos como infracción al Código de Minería, tenencia de drogas, portación ilegal de armas e infracción a la Ley de Salud Pública.
Además, se habían decomisado 53 palas, 47 baldes con material, 11 cayucos o pailas para limpiar el oro, cuatro estañones, 10 vehículos, 40 motos y 18 armas de fuego y tres armas blancas.