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Un grupo de 22 personas, que ingresaron ilegalmente a la finca donde se pretendió desarrollar el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela, dejaron restos de mercurio, un metal altamente contaminante y que se usa en la extracción de oro.
Dos envases vacíos que contenían el metal fueron localizados este martes durate una inspección en la que participaron funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Fiscalía.
"Creo que cada tarrito tenía una capacidad de medio kilo (...) cada uno de esos vale como ¢45.000 (...) se presume que ese producto es importado de manera ilegitima", dijo Alejandro Araya, fiscal adjunto de San Carlos, quien participó en la visita técnica.
Araya agregó: "Los técnicos del Minae me advirtieron de que muchas veces ese mercurio utilizado se recupera y otras es vertido al suelo o al agua y por las lluvias se traslada hasta los ríos (...), es difícil medir el impacto, pero sí se observan los riachuelos sucios por el proceso que ellos realizan, donde mueven el fondo del río".
Durante la revisión del lugar, las autoridades lograron ubicar cerca de 10 campamentos, los cuales fueron construidos cerca de las muchas quebradas de la finca. En criterio de los especialistas, los invasores estuvieron en el lugar entre 22 días y un mes.
Antecedente.
El ingreso ilegal de los mineros al proyecto Crucitas se descubrió el sábado 18 de marzo, por el aviso de vecinos que observaron movimientos extraños en el lugar.
Los invasores fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía. Se trata de 22 hombres que luego de ser identificados quedaron en libertad, sin ningún tipo de medida cautelar.
Alejandro Araya dijo que contra estas personas se abrirá un proceso penal por diversos delitos como usurpación de propiedad privada, e infracciones a la Ley de Vida Silvestre, por contaminación de aguas e invasión de áreas de protección y también por violentar la Ley de Gestión de Residuos.
La finca invadida tiene 850 hectáreas en total y en 192 hectáreas se pretendió desarrollar un gran proyecto minero a cielo abierto. La propuesta del plan lo hizo la firma Industrias Infinito en diciembre de 1999, cuando pretendía extraer hasta 650.000 onzas de oro.
Dos años despues, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez otorgó la explotación, pero con la condición de contar con estudio de impacto ambiental.
La disputa siguió hasta que el Tribunal Contencioso-Administrativo de Goicoechea anuló la concesión del proyecto Crucitas. Por este asunto incluso se originó un juicio penal en el cual se condenó a Roberto Dobles Mora, exministro de Ambiente y Energía (administración Arias 2006-2010), a tres años de prisión por el delito de prevaricato, al firmar el decreto que declaró de "interés público" el proyecto minero Crucitas.
LEA: Exministro condenado por firmar decreto minero ilegal
La propiedad ahora pertenece al grupo Vioyet, el cual pretende dedicar el terreno para uso ganadero.
Jorge Valerín, abogado de la firma, pidió a las autoridades que investiguen quienes son los que financian a los campesinos que invadieron la propiedad, "porque a la zona llegaron en una buseta y cuando los sacaron se fueron en un buseta".
Al respecto, el fiscal Alejandro Araya, dijo que todavía hay varias aristas a investigar. "Llama la atención el recurso humano, se trata de gente seleccionada, con conocimiento importante en la utilización de los insumos y la ubicación en los lugares extratégicos".
Peligroso metal
El mercurio, a pesar de ser un metal, es líquido. Es muy usado en la extracción de oro, pues lo atrae cuando se calienta y lo convierte en un bola sólida, pero a su vez es una sustancia venenosa para el ser humano.
Desde diciembre del 2010, el uso del mercurio en la minería en nuestro país quedó calificado como un elemento que deteriora el ambiente. Así lo estableció un reforma al artículo 103 del Código de Minería.
Sin embargo, en la modificación se estableció un transitorio que concedía un periodo de gracia de ocho años en el los trabajadores organizados en cooperativas mineras de pequeña escala, para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, podían seguir haciendo uso del metal.
Desde noviembre del 2016, Costa Rica avaló el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, firmado en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013. Ese convenio incluye una prohibición gradual del uso del metal en muchos procesos industriales, de minería artesanal y su uso en productos como termómetros, baterías y lámparas.
