100 personas, que en apariencia estaban en labores de extracción de oro, fueron detenidas este miércoles en una nueva incursión de la Policía en la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela.
Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, el cual aseguró que los aprehendidos fueron trasladados a San Carlos, para ser presentados ante el Ministerio Público como sospechosos de extracción mineral.
La pena por realizar actividades "mineras de reconocimiento, exploración o explotación, sin contar con el respectivo permiso o concesión", es de tres meses a cinco años de prisión, según el artículo 141 del Código de Minería.
El operativo para la detención de varias personas se realizó este miércoles en Crucitas. (MSP para LN)
Entre las personas capturadas este miércoles hay cuatro menores de edad, quienes quedaron bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Además, hubo cinco sujetos detenidos en flagrancia y otros tres que tienen cuentas pendientes con la justicia por aparentes lesiones, robo y estafa. Se trata de tres individuos de apellidos Quesada, Téllez y Hernández.
El operativo es parte de las medidas implementadas por las autoridades "para combatir la sustracción de oro y los daños al ambiente", causados por los coligalleros que ingresan a la finca Vivoyet, un territorio privado de 805 hectáreas.
"La situación no se resuelve únicamente con fuerza policial. Muchas personas van ahí (a Crucitas) porque no tienen dinero, por lo que la extracción de oro se instaura como una posibilidad de resolver problemas", manifestó Mata.
En los operativos se decomisaron cinco partículas de oro, 2,2 kilos de amalgama (aleación de mercurio con otros metales), 200 gramos de mercurio, un arma de fuego, 12 motocicletas y dos vehículos.
También se hallaron 10 kilos de amalgama, se consultaron 22 motos y se realizaron 111 boletas de tránsito.
(Video) Operativo de la Policía en Crucitas
Mayor irregularidad de extranjeros
El despliegue hecho por Migración, Policía de Tránsito, Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Dirección Nacional de Inteligencia y Seguridad (DIS) y Cruz Roja, junto con Fuerza Pública, permitió el envío a la frontera norte de 300 nicaragüenses que permanecían en el país en condición migratoria irregular.
El jerarca de Seguridad reconoció que en los últimos meses se ha dado un incremento en el ingreso de personas de esta nacionalidad, lo cual atribuye a la expansión de la noticia de que se puede ganar dinero en Crucitas.
Alejandro Araya, fiscal regional adjunto de la zona, confirmó el aumento en la llegada de extranjeros del país del norte, quienes ingresan por el río San Juan.
Sin embargo, asegura que deben recabar pruebas, para identificar cómo y con quién vienen los nicaragüenses a Costa Rica.
"Se ha incrementado la presencia de coligalleros, porque en apariencia han aparecido nuevos yacimientos en otras fincas u otros puntos de Crucitas. Lo complejo es individualizar todas las irregularidades", mencionó Araya.
Antecedentes
Este 2017, la Policía incrementó los operativos para tratar de evitar los daños ambientales en la finca, conocida como mina Crucitas, debido a que allí hay yacimientos de oro.
Los 50 despliegues anteriores permitieron la aprehensión de 186 personas y la incautación de más de 50 herramientas como palas, picos, zarandas, cubetas y machetes, todas utilizadas para la extracción de oro.
También se decomisaron más de tres kilogramos de mercurio, 62,5 mililitros de líquidos no determinados y 136 kilogramos de otros sedimentos.
Se prevé que las acciones policiales se sigan desarrollando en las próximas semanas.
En total se aprehendieron a 83 personas. (MSP para LN)
El terreno donde se genera en este momento la extracción ilegal es pretendido por diversos grupos para sacar oro desde agosto de 1991.
Además, en diciembre de 1999 la empresa Industrias Infinito obtuvo un derecho para iniciar operaciones, pero fue hasta el 2005 que recibió la concesión de explotación minera.
Esa autorización quedó sin efecto en noviembre del 2010 por un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo. La decisión fue confirmada en noviembre del 2011 por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
