“Yo no sé de qué me pueden acusar, no sé en calidad de testigo de qué estoy aquí, no sé de qué lavado de dinero hablan”, afirmó la corresponsal de Univisión, María Lili Delgado, una de las citadas. Le avisaron que pueden volver a convocarla.
La citación "urgente" le fue enviada el lunes a Delgado, a la periodista Verónica Chávez, copropietaria del medio digital 100% Noticias; a Roberto Cárcamo, de ABC stereo; y al empresario Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación, una de las más antiguas del país.
Gadea se mostró sorprendido por la notificación y advirtió que, en caso de ser arbitrariamente vinculado en el supuesto de lavado de dinero, esto representaría un “golpe fatal” para el medio de comunicación que dirige.
“Si nos meten eso (presunto delito), nos paran la radio y estamos listos y servidos”, dijo al medio 100% Noticias.
Además se citó a los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, que trabajaban en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que cerró operaciones en febrero afectada por una ley que exigía reportar la recepción de fondos recibidos del exterior y declararse como agente extranjero.
Los comunicadores se rehusaron a declarar sin la presencia de un abogado. Sin embargo, se les advirtió que si pasaban con un defensor se les iba a cambiar la condición “de testigo a imputado”, denunció Delgado, quien en algún momento laboró para la FVBCH.
Delgado explicó que su relación con la ONG fue en la coordinación de medios y capacitación a periodistas. “Eso no es delito”, aseveró.
La acusación
La indagatoria comenzó el viernes pasado luego de que el gobierno de Ortega vinculó a Cristiana Chamorro con el lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre de su madre (la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro) y cuya actividad es la promoción de la libertad de expresión.
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Según Gobernación, entidad gubernamental que controla las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en los informes presentados por la fundación se encontraron “claros indicios de lavado de dinero”, que deben ser investigados por la Fiscalía.
El viernes, Cristiana rechazó las acusaciones: “Es una incriminación injusta, una monstruosidad jurídica lo que se está montando en contra de esta ciudadana por el delito de haber dicho que quiere servir a los nicaragüenses” como candidata presidencial.
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Además, la opositora denunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas y se le levantó el sigilo bancario.
“Todo este proceso es macabro: me investigan por lavado de activos por defender la libertad de expresión con fondos de un gobierno legítimo y que el mismo régimen autorizó”, afirmó este martes en su cuenta de Twitter.
La aspirante presidencial tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup, y se perfila como contrincante de Ortega, en el poder desde el 2007 y quien, según sus opositores, intentará un cuarto mandato consecutivo.
Con un proceso judicial abierto, Cristiana podría quedar fuera de la contienda electoral del 7 de noviembre, según las leyes de Nicaragua.
Ese mismo viernes, la Policía allanó las oficinas del diario digital Confidencial, que dirige su hermano Carlos Fernando Chamorro. El periodista denunció que saquearon las instalaciones del medio, donde también se llevaban a cabo las grabaciones del programa Esta Semana.
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Carlos Fernando, galardonado este martes con el Premio Ortega y Gasset, dio cobertura a las prolongadas protestas contra el gobierno del 2018 y que se saldaron con 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para Ortega se trató de un “fallido golpe de Estado” promovido desde Estados Unidos.
