Según una nota difundida por la Fiscalía, las medidas solicitadas contra la hija Chamorro comprenden “retención migratoria (...) prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, más la inhabilitación para cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.
La entidad además presentó otra acusación contra Chamorro, de 67 años, “por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”.
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Cristiana es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien en 1990 derrotó a Daniel Ortega en las urnas, cuando este intentó reelegirse después de su primer gobierno.
La Fiscalía abrió el 20 de mayo una investigación contra la fundación que lleva el nombre de la expresidenta y que Cristiana dirigía, porque supuestamente se encontraron “claros indicios de lavado de dinero” en el período 2015-2019.
La opositora, que no milita en ningún partido, tiene la mayor posibilidad de enfrentar una eventual candidatura del presidente Daniel Ortega a las elecciones de noviembre, para un cuarto mandato sucesivo.
Chamorro alega inocencia de los cargos que se le imputan y califica de “macabro” y como “una farsa” el proceso en su contra para sacarla de la contienda electoral.
Además, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria con el fin, según indicó, de evitar que evada el proceso investigativo llevado en su contra.
Asimismo, solicitó se prohíba a Cristiana a concurrir a determinadas reuniones y lugares, y de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.
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Restricciones a periodistas
Estas mismas medidas cautelares, excepto la inhabilitación para cargos públicos, se solicitaron contra la corresponsal de la cadena Univisión en Nicaragua, María Lilly Delgado Talavera, y los periodistas María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
De momento, el Ministerio Público no acusó a esos tres comunicadores.
La Fiscalía informó “que se continúa el proceso por el delito de lavado de dinero, bienes, activos y otros” por el que se investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.
“El Ministerio Público continuará realizando todas diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos. Hemos llamado y seguiremos llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiadas” por esa ONG, adelantó.
Según el Ministerio de Gobernación, esa organización, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, por lo que se ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”.
Por ese caso la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado en su calidad de representante legal de la Fundación Luisa Mercado, que mantuvo relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
