"Ortega ha ordenado fabricar 'pruebas' en contra de la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)", dijo Cristiana Chamorro en Twitter.
La opositora y periodista fue citada por el Ministerio de Gobernación para responder por supuestas "inconsistencias en los reportes financieros" de la fundación que dirigió entre 2015 y 2019, una organización promotora de la libertad de expresión.
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La fundación "incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador (...) y se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, por lo que el caso ha sido remitido al Ministerio Público [Fiscalía]" para su investigación, señala una nota del gobierno.
En Nicaragua, toda persona bajo investigación fiscal tiene vetada la participación como candidata a ningún cargo sujeto a elección.
En esta semana, el tribunal electoral, con miembros afines al gobierno del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sacó de circulación a un bloque opositor liderado por el Partido Restauración Democrática (PRD), así como al Partido Conservador (PC, derecha), el más antiguo del país.
Chamorro, de 67 años, ya había anunciado sus intenciones de postularse a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre.
La fundación que lideró, como muchas otras en Nicaragua, debió cerrar operaciones en febrero afectada por una ley aprobada por el Congreso oficialista, que exigía reportar sus ingresos de fuentes externas y declararse como agente extranjero.
Esto último fue rechazado por Chamorro, quien defendió su derecho a seguir operando como ciudadana nicaragüense.
"Soy una de los miles de nicaragüenses que estamos cansados de este gobierno, que queremos cambiar Nicaragua, que queremos democracia... Toda Nicaragua está esperando que nos unamos para ganarle a Ortega", ha dicho anteriormente Chamorro.
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La periodista, que no milita en ningún partido, tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup. Ello la sitúa por encima de otros aspirantes opositores a la silla presidencial.
Tras el fallido intento de unidad entre dos bloques opositores, las miradas se enfocaban en Chamorro para liderar una candidatura que enfrente a Ortega, en el poder desde 2007 y quien, según sus adversarios, buscará un cuarto mandato consecutivo.
Ortega enfrentó en el 2018 manifestaciones exigiendo su renuncia que se saldaron con más de 300 personas fallecidas, según organizaciones independientes.
Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos, que lo acusa de corrupción y violaciones de los derechos humanos durante la represión de las protestas opositoras. Ortega sostiene que esas protestas constituyeron un fallido golpe de Estado promovido por Washington.
