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La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, habla frente al Departamento de Estado en Copenhague, el miércoles 21 de agosto del 2019. Este jueves 3 de junio del 2021, se aprobó una ley impulsada por su gobierno socialdemócrata. Foto: AFP (MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP)
Copenhague. Dinamarca, conocida por su dureza frente a la inmigración, aprobó este jueves una ley que permite enviar a los migrantes que solicitan asilo a un país fuera de Europa que actuará como subcontratista, pese a las críticas sobre todo de las Naciones Unidas.
Se trata de la última iniciativa antimigratoria del gobierno socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen que apunta a disuadir a los migrantes de poner un pie en el rico país nórdico, y establece que el solicitante de asilo permanezca en otro país, inclusive si le otorga el estatuto de refugiado.
El texto, apoyado por la derecha y la extrema derecha, fue adoptado por 70 votos a favor y 24 en contra, pero su aplicación solo será posible cuando un país acepte recibir en un centro de acogida de los solicitantes de asilo.
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La Unión Europea expresó inmediatamente su recelo ante esta normativa, que “pone sobre la mesa cuestiones fundamentales relativas al acceso a los procedimientos de asilo y a la protección”, dijo un portavoz de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz, estimando que la decisión danesa tiene que ser estudiada de “manera más detallada”.
El gobierno danés de centro-izquierda aplica actualmente una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa con el objetivo oficial de llegar a “cero refugiados”.
Esa política incluye la retirada del permiso de residencia para los sirios cuyas regiones de origen se encuentran en seguridad y el endurecimiento de una ley “antigueto” para limitar el número de habitantes “no occidentales” en los barrios.
Pagado por Dinamarca
De acuerdo con la ley, todo solicitante de asilo en Dinamarca, una vez registrado y salvo algunas raras excepciones —como una enfermedad grave—, será enviado a un centro de acogida fuera de la Unión Europea (UE).
Si no obtiene el estatuto de refugiado, se le exigirá al migrante frustrado que abandone el país de acogida.
“Pero en el proyecto del gobierno, aquellos que obtengan el derecho de asilo no podrían ‘regresar’ a Dinamarca, sino simplemente tendrían la condición de refugiados en el país tercero”, destaca Martin Lemberg-Pedersen, especialista en temas migratorios de la universidad de Copenhague.
Todo el procedimiento se encomendará al tercer país en cuestión, eso sí, previo pago por Dinamarca.
Hasta ahora, ningún país ha aceptado un proyecto de este tipo, pero el gobierno afirma que lo está discutiendo con cinco a diez que no identificó.
Egipto, Eritrea, Etiopía circulan como candidatos en la prensa danesa. Pero sería sobre todo con Ruanda —que durante un tiempo consideró acoger solicitantes de asilo en nombre de Israel—, donde las discusiones estarían más avanzadas.
A fines de abril se firmó un protocolo de acuerdo sobre asilo y migración, sin mencionar la externalización del procedimiento.
Por supuesto, el sistema “debe ser establecido en el marco de las convenciones internacionales. Es una condición previa para un acuerdo” con otro país, señaló a la AFP el ministro de Migración, Mattias Tesfaye.
El mes pasado, Tesfaye dijo que no se trataría forzosamente de una democracia “tal como la entendemos”.
Vuelta de tuerca
La medida muestra el cambio absoluto de la socialdemocracia danesa respecto a la migración, encarnado por Mette Frederiksen tomando propuestas que antes estaban reservadas a la extrema derecha, señala el politólogo Kasper Hansen, profesor en la universidad de Copenhague.
Solo 761 personas obtuvieron asilo en 2019 y 600 en el 2020, frente a más de 10.000 en el 2015. Respecto a su población, Dinamarca recibe diez veces menos refugiados que sus vecinos alemanes o suecos.
“Este proyecto es la continuidad de una política simbólica, del estilo de Donald Trump y su muro”, dijo el secretario general de la oenegé ActionAid Dinamarca, Tim Whyte.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lo considera “contrario a los principios en los que se apoya la cooperación internacional en materia de refugiados”.
