Advertencias sobre el sistema eléctrico de Costa Rica: exfuncionario del ICE señala vulnerabilidades
El exdirector de Control de Energía del ICE explicó por qué Costa Rica llegó a un punto de vulnerabilidad en el abastecimiento eléctrico, al tiempo que fustigó el manejo político del proyecto por parte de Laura Fernández y del Frente Amplio
Costa Rica tiene espacio para aumentar la energía solar. En la imagen, una planta solar de Coopesantos en San Marcos de Tarrazú. Foto: Rafael PACHECO GRANADOS
Costa Rica tiene espacio para aumentar la energía solar. En la imagen, una planta solar de Coopesantos en San Marcos de Tarrazú. Foto: (Rafael PACHECO GRANADOS)
En la discusión sobre el proyecto de ley de armonización eléctrica, una de las entrevistas más reveladoras sobre el tema es la que concedió a La Nación el exdirector del Centro Nacional de Control de Energía (Cence) del ICE, Salvador López Alfaro.
La entrevista esclarece la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. En resumen: a lo largo de varias décadas, Costa Rica construyó una estructura fundamentada en plantas hidroeléctricas que propició un altísimo porcentaje de energía renovable, de hecho sobresaliente en comparación con los países vecinos. Sin embargo, la capacidad hidroeléctrica llegó a su tope y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no desarrolló a tiempo, con el mismo ímpetu, una o varias energías alternativas, como pudo ser la solar.
El ingeniero especialista en sistemas y mercados eléctricos agregó que el ICE se equivocó, a principios del gobierno de Rodrigo Chaves, cuando tomó la decisión de retirar plantas térmicas. La evidencia está, según dijo, en que ahora el Instituto corre para contratar nueva infraestructura de este tipo mediante una reacción tardía, según el criterio de Salvador López.
El ingeniero avaló la decisión de aumentar la capacidad térmica, que consiste en generar electricidad quemando combustibles, porque se necesita un respaldo, y el verano del 2027 podría convertirse en una prueba de resistencia para el sistema debido a la reducción del agua por el fenómeno El Niño, como ocurrió en el 2024.
“Llegamos a la frontera hidroeléctrica porque, sea por el impacto del cambio climático y el ambiental, hacer más hidroeléctricas es impensable”, explicó López.
Salvador López Alfaro exdirector del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
En consecuencia, el exfuncionario del ICE ve una oportunidad en la generación solar y en las nuevas tecnologías de baterías para el almacenamiento de la energía.
El país tiene otras fuentes que no se pueden expandir más por limitaciones legales, como la geotérmica.
López estimó que instalar al menos 300 megavatios de generación solar (hoy el país solo tiene 17 mw) permitiría trasladar parte de la energía captada en el día a horas nocturnas.
Lamenta el curso político del proyecto de armonización
El exfuncionario, quien fue uno de los autores del proyecto de armonización eléctrica, lamentó el curso político que tomó el expediente, tanto por parte de la presidenta Laura Fernández como de la oposición liderada por el Frente Amplio.
Teme que todo desemboque en “cuatro años tirados a la basura”.
“La posición del Frente Amplio es que no hay ninguna reforma que hacer. Entonces, esto nunca va a tener ninguna posibilidad de vida”, dijo.
Añadió: “Decir que, si hoy no se aprueba esto, habrá apagones es algo vergonzoso. Lo mismo quien diga que la energía será más barata el otro año. Pediría a todos una discusión más racional, pensando en Costa Rica hacia el futuro”.
Salvador López cree que el discurso confrontativo de la presidenta Laura Fernández ya pudo haber matado la reforma legal
“Este proyecto lo veo muerto, con esa actitud de la presidenta Laura Fernández de llamar vagabundos y comunistas a los diputados, no hay disposición para negociar. Usted no usa ese lenguaje para atacar a un adversario político; usted busca acuerdos. Con ese lenguaje agresivo, no veo ninguna posibilidad”, resumió.
La mandataria desconvocó el proyecto de ley desde el 27 de mayo con el argumento de dar un espacio de reflexión a los opositores, y hasta la fecha no hay avance.
El plan de armonización eléctrica consiste en crear un mercado mayorista en el que puedan comprar y vender energía los siguientes actores:
El ICE
La CNFL
Las empresas municipales, como ESPH y JASEC
Las cooperativas de electrificación rural
Los generadores privados de energía
Las industrias
Además, todos podrían comprar y vender en el mercado eléctrico centroamericano.
El plan cambiaría el esquema actual, en el que solo el ICE puede comprar energía. Muchos señalan que este sistema ha limitado la inversión privada.
Una duda que ha surgido es si el proyecto abriría la puerta a la generación privada térmica, que es más contaminante. López Alfaro sostuvo que esa puerta está cerrada: “La ley es absolutamente categórica. Es un mercado de generación exclusivamente renovable. No puede haber planta térmica que se pueda instalar en el marco de este mercado".
Explicó que, si se requiere más energía térmica en algún momento para satisfacer la demanda, solo el ICE podría desarrollarla, según el artículo 16 del plan.
A la situación macro se une el atraso que tiene el país en el esquema de generación distribuida, el cual permite a personas y organizaciones de cualquier tipo generar electricidad para autoabastecerse e intercambiar energía con su respectivo distribuidor de electricidad, como el ICE o la CNFL.
Recientemente, la Sala Constitucional ordenó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) emitir la regulación pendiente para impulsar el uso de energías renovables de la generación distribuida, impulsada mediante la Ley 10086.
Dicha norma estableció un plazo de seis meses para aprobar las tarifas correspondientes a los servicios auxiliares y otro de 12 meses para emitir las tarifas e instrumentos regulatorios necesarios para integrar adecuadamente los recursos energéticos distribuidos al Sistema Eléctrico Nacional.
Varios años después de la entrada en vigencia de la ley, estas obligaciones seguían sin cumplirse, lo que genera incertidumbre jurídica y económica entre los interesados en participar en este mercado.
