Nota de un magistrado en fallo contra Rodrigo Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la exministra de Salud, Joselyn Chacón, lesionaron la libertad de prensa en Costa Rica al utilizar un lenguaje cargado de insultos para referirse a periodistas en una conferencia efectuada el 9 de enero del 2023. Así lo expone el fallo completo de la Sala IV que declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por el reportero Jason Ureña, quien trabajaba para el medio CRHoy en esa época. La sentencia integral fue dada a conocer esta semana.

Para el Tribunal, el lenguaje irrespetuoso y ofensivo constituyó un exceso injustificado que no contribuyó a la democracia ni a clarificar el contenido de un hecho noticioso. El gobierno había convocado a la conferencia para referirse a publicaciones sobre los contactos de la entonces ministra con el trol Piero Calandrelli, quien habría recibido dinero para atacar a diputados y periodistas en redes sociales, desde el anonimato.

En su defensa, Chaves y Chacón emplearon frases como “malditos”, “sicarios políticos”, “asesinos a sueldo”, “banda” y “montón de lobos” para referirse a periodistas de tres medios: CRHoy, Telenoticias y La Nación. Ureña llevó el caso al Tribunal Constitucional y el Estado fue condenado al pago de costas, daños y perjuicios.

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Si bien el fallo fue unánime, tres magistrados constitucionales emitieron notas adicionales por separado. Una de estas, la del juez Paul Rueda Leal, ofrece una importante perspectiva sobre lo ocurrido:

“Los funcionarios públicos, especialmente aquellos de alto rango, actúan en nombre del Estado cuando están en ejercicio de su cargo”, escribió el magistrado. “En otras palabras, las opiniones que emitan ‑según las circunstancias y el contexto‑ no podrán enmarcarse solamente en el ejercicio de la libertad de expresión de un individuo (el funcionario), sino que representan a la vez una postura del Estado frente al administrado. En ese tanto, sus actos, en detrimento de la libertad de prensa, deben valorarse como actos del Estado y no solo de tal individuo”, continuó Rueda.

A la luz de esa explicación, los excesos de Chaves y Chacón constituyeron un ataque del Estado hacia una parte de la ciudadanía, en este caso los periodistas. Sin un freno, cualquier país corre el riesgo de que este tipo de agresiones de Estado se extiendan hacia otros grupos de la sociedad, ya sea por condición socioeconómica, religión, etnia o creencia política, entre otras condiciones. En la historia mundial, abundan ejemplos con terribles consecuencias.

El fallo unánime de la Sala IV advierte de que las frases usadas por Chaves y Chacón pudieron promover el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación, y que el Estado no debe poner en riesgo la integridad física ni los bienes de sus ciudadanos. Nueve meses después de la conferencia, un equipo periodístico del desaparecido noticiario NC ONCE fue agredido por simpatizantes del gobierno, en las afueras de la Asamblea Legislativa.

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En esta semana que culmina, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam) calificaron de amedrentamiento las declaraciones del presidente Chaves contra una jueza del Juzgado Contencioso-Administrativo, la cual congeló el decreto que redujo los aranceles de importación del arroz.

Inconforme por el fallo, el mandatario mencionó reiteradamente el nombre de la jueza en una conferencia de prensa, advirtiendo: “Esto no se va a quedar así”.Las organizaciones de jueces señalaron que evitar la presión o intimidación sobre la justicia compete a todas las personas y, aun más, a quienes ejercen la representación del Estado.

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Mientras tanto, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó pedir disculpas por una agresión de Estado ocurrida hace 75 años, cuando la UCR permitió que “tribunales estudiantiles” forzaran a salir de la institución a profesores y estudiantes después de la guerra civil de 1948, por considerar que sus creencias políticas eran afines al bando perdedor. Algunas de las víctimas terminaron exiliadas o fueron exhibidas públicamente. Hoy, la casa de enseñanza procura reivindicarlas.

Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.

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