El abogado de Universal Music, Ulrich Richter Morales, indicó que el cantante mexicano Christian Nodal y sus padres, Jesús González y Silvia Nodal, fueron citados por un juez de control federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. La radicación ocurrió el 22 de setiembre.
El litigio se originó en noviembre de 2021, cuando la familia Nodal interpuso una demanda civil contra la disquera para reclamar la titularidad de 50 canciones que formaron parte de los primeros tres álbumes del artista: Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!.
La defensa de Nodal argumentó que él era el productor y creador de esos fonogramas. Universal respondió que el contrato original establecía que la compañía era la propietaria de las grabaciones maestras.
La denuncia penal nació a raíz de una demanda civil interpuesta en noviembre de 2021 por la familia Nodal contra la disquera. En esa acción legal, Nodal reclamaba la titularidad de sus canciones e incluyó certificaciones de 32 contratos supuestamente firmados ante notario.
Universal Music sostuvo que contaba con los documentos que acreditaban su propiedad sobre los discos en disputa. Incluso presentó una carta fechada en abril de 2020, firmada por Silvia Nodal, en la que reconocía a la compañía como “único y exclusivo titular” de las obras. Para la disquera, esta contradicción debilitó la defensa de la familia, ya que un año después la misma madre del artista se unió a la demanda contra Universal.
De acuerdo con la disquera, peritos oficiales de la FGR concluyeron mediante dictámenes en grafoscopía que las firmas en los contratos no correspondían al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien declaró que nunca había trabajado para la familia Nodal ni para sus abogados.
Richter Morales aseguró que en la audiencia estarán presentes tanto la familia Nodal como los representantes jurídicos de Universal Music. Explicó que, si el juez decide vincularlos a proceso, podrían aplicarse medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte o incluso la prisión justificada.
Richter Morales añadió que el caso adquirió mayor gravedad porque los contratos cuestionados se presentaron en un proceso judicial, lo que podría configurarse como un intento de engañar a un juez federal. Según explicó, este señalamiento eleva el conflicto de una disputa civil a un delito federal, con consecuencias que incluyen prisión.
El abogado también explicó que, si el juez decide vincularlos a proceso, podrían aplicarse medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte o incluso la prisión justificada.
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