Una maestra fue detenida en Honduras tras la viralización de un video en el que se le observa agrediendo a una estudiante, según informaron Infobae, La Prensa de Honduras, El Heraldo, entre otros medios.
El incidente ocurrió el 10 de julio y se difundió ese mismo día cuando usuarios de redes sociales compartieron las imágenes, que mostraban a la maestra en un altercado con una alumna. La difusión del material provocó una rápida condena pública y la intervención del Ministerio Público de dicho país.
La Fiscalía presentó un requerimiento fiscal y acusó a la docente del delito de trato degradante, tipificado en el artículo 214 del Código Penal de Honduras. Durante la audiencia de presentación, el Ministerio Público solicitó al juez la detención judicial por seis días para garantizar la presencia de la imputada y preservar la investigación.
Sin embargo, el juez denegó la prisión preventiva y ordenó que la educadora se presente periódicamente ante la autoridad judicial. La audiencia inicial será en dos semanas.
De acuerdo con el abogado defensor, su clienta no tiene antecedentes penales y la describió como una docente “con años de carrera”. Reconoció que podría haber cometido un error, pero sostuvo que tiene derecho a defenderse sin estar privada de libertad.
La madre de la menor afectada declaró que, si bien no había denuncias previas por agresiones físicas, sí existían reportes de maltrato psicológico y verbal continuos.
Ramírez afirmó que su hija se quejaba de comentarios denigrantes y que, por temor a represalias, la comunidad estudiantil prefería no presentar quejas formales; por eso aconsejó a la menor documentar los episodios.
Testimonios reunidos por los medios señalan que las conductas conflictivas de la docente, según algunos alumnos, se remontan al 2024. Una estudiante que presenció el altercado explicó que el conflicto del 10 de julio se desencadenó cuando Díaz exigió al grupo entrar a su aula fuera del horario previsto.
De declararse culpable, la legislación hondureña contempla penas de prisión o sanciones alternativas para el delito de trato degradante, además de la inhabilitación para ejercer la docencia por un periodo que puede equivaler al doble de la condena.