Asfura, un empresario de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre, después de los comicios del 30 de noviembre, marcados por la intervención de Trump y por las denuncias de fraude del oficialismo y del candidato Salvador Nasralla, quien fue derrotado por menos de un punto porcentual.
El decreto que fue sancionado por Castro es considerado ilegal por la oposición, juristas y la OEA porque fue aprobado el viernes por diputados titulares y suplentes oficialistas, sin la participación de la oposición a la que se le impidió ingresar al Congreso. Además, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya proclamó oficialmente al ganador.
“Expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general (de votos)”, consignaron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala.
El CNE, según Castro, “se ha negado injustificadamente” a realizar el escrutinio de miles de actas con inconsistencias. Para los países firmantes del comunicado este decreto de Castro está “desconociendo” la autoridad del CNE, que hasta este domingo no se había pronunciado sobre la iniciativa oficialista.
“Reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la república de Honduras”, subrayó el comunicado.
Los ocho gobiernos que firmaron el comunicado también señalaron que las elecciones fueron “validadas” por misiones de observación internacional, por lo que instaron a todas las fuerzas políticas hondureñas a promover el “diálogo”, “respetar el orden democrático” y “garantizar una transición pacífica”.
La presidenta izquierdista pidió el sábado a Trump dialogar mediante “una audiencia o llamada directa” sobre las elecciones presidenciales en las que respaldó a Asfura, quien asumirá el poder el 27 de enero.
Castro hizo su petición luego de que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió que “cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves”.
