El caso ya fue adjudicado por el tribunal, y la defensa de Daddy Yankee no se opuso a la emisión de estas órdenes, lo que permitió avanzar con el requerimiento de información bancaria.
Solicitudes cruzadas a instituciones bancarias
El 3 de noviembre, la defensa del artista también solicitó que las entidades financieras entregaran información sobre las cuentas de las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., así como de González y su hermana Ayeicha González Castellanos.
Al día siguiente, González notificó al tribunal que no tenía objeción, siempre que se incluyera también información de las cuentas bancarias de Daddy Yankee.
Las órdenes actuales permiten rastrear movimientos en diversas corporaciones y bienes, incluidos inmuebles y activos líquidos, para determinar con precisión el patrimonio que se encuentra en disputa. Según la abogada, este patrimonio forma parte del caudal postganancial, que debe distribuirse según la ley.
Caudal compartido y medidas ignoradas
López Mulero detalló que inicialmente se habló de $120 millones, una suma que González habría cedido de buena fe a favor del artista, bajo la condición de que respetara las órdenes emitidas por tribunales en San Juan y Carolina. Sin embargo, aseguró que esas medidas fueron ignoradas por Ayala, lo que ha generado un ambiente de desventaja para su clienta.
La abogada afirmó que la situación actual se volvió conflictiva después de que representantes legales anteriores cedieran el control de los fondos al artista, lo que dio pie a controversias porque Ayala, según indicó, habría intentado evadir su responsabilidad en la distribución del patrimonio.
Se señala distorsión y manipulación del proceso
López Mulero manifestó que Daddy Yankee busca confundir a los tribunales y a la opinión pública. Afirmó que ha querido proyectar una imagen errónea de González, señalándola como si se hubiese apropiado de fondos que no le pertenecen. Sin embargo, según la defensa, la transacción de $100 millones fue reconocida por ambas partes y consistió en dividir ese monto en dos partes iguales, depositadas en cuentas personales del artista y su exesposa.
Además, explicó que la transferencia fue revertida por gestiones del propio Ayala, lo que provocó el retiro de fondos ya depositados en la cuenta de González. Esto, según su criterio, representa un incumplimiento del compromiso adquirido ante el tribunal.
La abogada señaló que el control del dinero fue cedido bajo la impresión de que se respetarían las medidas judiciales, algo que no ocurrió. Acusó al artista de desacreditar a su exesposa mediante mentiras, calumnias y distorsiones.
González promueve transparencia, dice su defensa
La representante legal subrayó que quien ha impulsado el intercambio de información es González. Indicó que Ayala, por el contrario, ha buscado crear una narrativa en la que ella aparece como culpable, cuando en realidad ha actuado con transparencia.
Frente a señalamientos por parte del equipo legal del artista sobre una supuesta retención de ganancias de las empresas, la defensa de González sostuvo que se trata de una acusación sin fundamento que deberá probarse en los tribunales.
Además, acusó a Ayala de apropiarse indebidamente de activos y violar los deberes fiduciarios hacia El Cartel y Los Cangris, además de beneficiarse de ingresos que pertenecen a ambas corporaciones.
El caso sigue en suspenso
Sobre el estado actual del proceso, López Mulero indicó que la división de bienes gananciales apenas comienza. Uno de los puntos en disputa es la jurisdicción del Tribunal de Carolina, tema que fue elevado al Tribunal de Apelaciones, luego de que la defensa del artista alegara que dicho tribunal no tenía competencia para conocer la demanda de liquidación del patrimonio.
El recurso legal fue presentado tras la inhibición del juez original del caso, y luego de que la jueza administradora Rosa Benítez asumiera el expediente. El Tribunal de Apelaciones respaldó la actuación de Benítez y determinó que la intervención del juez inhibido no tenía validez legal.
Mientras se resuelve la jurisdicción, el proceso quedó suspendido. Durante este periodo, han circulado versiones incorrectas sobre supuestas revocaciones de medidas que protegían a González, incluyendo una solicitud de adelanto de $10 millones. La abogada aclaró que esa suma correspondía a un anticipo sobre su parte del patrimonio ganancial.
Finalmente, explicó que el objetivo de la solicitud era permitirle a González enfrentar los gastos legales, en un proceso que, según dijo, ha sido diseñado para desgastarla económicamente. Recalcó que las leyes la protegen y que el tribunal debe actuar para equilibrar las condiciones del proceso.
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