“La apoyo, porque es mejor que pase este proyecto que quedarnos sin nada”, expresó el cineasta nacional Esteban Ramírez (Gestación, Presos y Caribe), cerrando filas en defensa de la llamada Ley de Cine, proyecto legislativo que en los últimos días ha despertado un intenso intercambio de amores y desamores.

Tras recibir la semana pasada el aval de Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Educación, y continuar su paso hacia el plenario legislativo, este proyecto de ley (expediente 20.661) ha sido el objeto de vítores por parte del gremio audiovisual –que se ha volcado en su apoyo incondicional– pero el blanco de críticas de distintas cámaras empresariales y no pocos ciudadanos costarricenses.

Pero ¿qué dice realmente la propuesta de Ley de Cine? ¿Es cierto qué impone un nuevo impuesto a los contribuyentes? ¿Sí fuera así, de cuánto dinero es el tributo? ¿En qué se parece o no esta propuesta a otras legislaciones de cine alrededor del mundo? ¿Cuánto dinero aportaría esta ley al desarrollo del cine y a las demás ramas de la cultura?

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Ante informaciones imprecisas y verdades a medias que se han generado en los últimos días, en Viva resumimos los principales puntos del texto, su origen, el impacto real que tendría en el bolsillo de los costarricenses, su beneficio para las producciones ticas y las omisiones que hacen de este proyecto no ser exactamente el que por mucho tiempo soñaron ver concretado los realizadores nacionales.

Lo reconoce el mismo Marcelo Quesada, vocero del gremio audiovisual: “no es el proyecto perfecto, pero si es viable (para aprobarse), es el mejor que se ha tenido". Por eso, a pesar de todo, los cineastas y productores lo defendarán con todo.

El origen de la cuestión (algunas omisiones)

Lo recuerdo bien. Corría octubre del 2017 y desde el amplio balcón que adorna al edificio rosado del Centro de Cine, un fuerte grito interrumpió mi apresurado camino: “Hey, Alex, una cosita, sepa que en unas semanitas sale lo de la Ley de Cine”.

Era Fernando Rodríguez, exdirector de dicha entidad, quien con una sonrisa se congraciaba al adelantarle a este periodista la noticia. El gremio audiovisual había esperado por décadas dicha legislación, por lo que la pregunta de vuelta era obligatoria: “¿Y para cuándo?”.

Ni Rodríguez lo sabía exactamente. Quizá él mismo se vio sorprendido la mañana del 20 de diciembre de ese mismo año cuando un post de Facebook –pues no hubo convocatoria oficial– anunciaba que esa misma tarde la ministra de Cultura, Sylvie Durán, la exdiputada Marcela Guerrero y 21 exdiputados más, presentarían ante la corriente legislativa una nueva propuesta de Ley de Cine.

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Y así tal cual se hizo. Con un grupo de cineastas felices, pero un tanto asombrados, el Salón de Expresidentes fue el espacio legislativo donde dicha propuesta vio oficialmente la luz e inició su tortuoso camino para convertirse en lo que es hoy: una versión con grandes variaciones de forma con respecto a la propuesta original y que brincó de la administración de Luis Guillermo Solís a la de Carlos Alvarado en su afán de prosperar.

Pero ¿qué decía la propuesta original y cuáles cambios sustanciales tuvo con respecto a la actual que se discute en el Congreso?

Lo primero es que proponía cobrar a las salas de cine un 6% de impuesto sobre el boleto vendido para dotar de fondos a distintas instituciones culturales, modificando el tributo que la Ley de Espectáculos Públicos (#5787) dispone desde 1947. Actualmente, dicha legislación grava con 6% de impuesto solo a los cines ubicados en cabecera de provincia, y con 3% los que están afuera.

La propuesta –debido a que la mayoría de cines ahora no están en las cabeceras de provincia–, pedía que se cobrara el 6% a todos los cines sin distinguir ubicación geográfica.

La propuesta de modificar el impuesto contó, de inmediato, con el rechazo de las empresas exhibidoras, las cuales en ese entonces alegaron que era un beneficio establecido y que no se podía retirar de esta forma, sobre todo “en tiempos de contracción de la economía".

Este planteamiento se desechó por completo en el nuevo texto e incluso se modificó en beneficio de las exhibidoras, pues ahora establece que se les aplicaría un 1.5% de impuesto a todas las salas.

Lo que en el 2017 sí celebraron las empresas exhibidoras (Cinemark, Cinépolis, CCM, Nova Cinemas, etc.) fue que no se incluyera en la propuesta de ley presentada por el Ministerio de Cultura el tema de las llamadas ‘cuotas de pantalla’, que en legislaciones de cine como la mexicana obliga a las exhibidoras a mostrar en sus pantallas al menos un 10% de películas locales por un tiempo determinado, y en el caso de la ley dominicana, un 26%. Es decir, en esos países los cines deben incluir por obligación los filmes locales en su programación y no los pueden sacar de cartelera por bajo rendimiento en la taquilla.

En el texto actual, las cuotas de pantalla, tampoco están incluídas.

Además, el proyecto de ley original y el actual no hacen referencia a las exenciones ni estímulos fiscales para producciones ticas e internacionales. Estos mecanismos sí están establecidos por ley en muchos países y procuran bajar costos para los rodajes locales, así como atraer filmaciones extranjeras de gran presupuesto.

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La omisión de este aspecto, en el 2017, despertó sinsabores en el gremio audiovisual, sobre todo porque otras legislaciones de cine en Latinoamérica tienen ese punto como un pilar. De hecho, Yvette Marichal, cabeza de la Dirección General de Cine de República Dominicana, aseguró que en su país no existiría el cine sin los beneficios fiscales que le otorga la ley.

Eso lo sabe bien el cineasta tico Miguel Gómez (Maikol Yordan de viaje perdido, Italia 90), quien en el 2017 dijo lo siguiente: “lo que uno paga de impuestos es mucho dinero, lo que dificulta que nos volvamos competitivos ante producciones internacionales”. Sin embargo, aunque la renovada propuesta de ley tampoco incluye dichas exenciones, Gómez la apoya y piensa que es un paso adelante.

Lo que sí mencionaba el texto original era que las empresas de cable y nuevas plataformas streaming como Netflix, Mubi, Apple Tv y HBO GO, entre otras, pagarían un 6% de impuesto sobre las suscripciones de usuarios costarricenses, modificando de igual forma la Ley de Espectáculos Públicos. Se calcula que hoy unos 800.000 ticos utilizan estos servicios, principalmente Netflix.

Esta propuesta prosperó parcialmente, pues en el proyecto actual dichas plataformas se gravarían solo con el 1.5%, al igual que los boletos a las salas de cine. He aquí el punto más polémico de la propuesta de ley que hoy se estudia en Cuesta de Moras: las cableras le rechazan de plano y no parece tener el apoyo popular (como es usual con cualquier propuesta de cobro de impuestos).

"Consideramos que el país está atravesando un momento difícil, con una comprobada contracción económica. Los costarricenses aún están asimilando la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y no es momento para establecer un nuevo impuesto que, a fin de cuentas, se traducirá en un aumento del recibo mensual que pagan los consumidores”, explicó Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

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¿Es el 1.5% un nuevo impuesto?

Se grava con una nueva carga impositiva al usuario, por lo que desde ese punto de vista sí se trata de un nuevo impuesto.

Sin embargo, el enfoque de quienes defienden el proyecto, es que más que un nuevo impuesto es una actualización o redestribución del tributo con que la Ley de Espectáculos Públicos grava actualmente a las salas de cine.

Al cambiar las formas en que los costarricenses consumen productos audiovisuales (especialmente con la popularización de servicios digitales), los redactores de la propuesta de ley consideraron justo y lógico, que dicho impuesto se distribuyera de forma paritaria entre las diferentes ventanas donde se muestra hoy el cine: salas, televisión por cable y plataformas streaming.

Entonces quedó escrito: se cobrará un 1.5% de tributo, independientemente de cuál medio utilice para ver películas.

“Es lo que debe de ser. La ley estaba rezagada en este aspecto”, dijo Ana Xóchitl Alarcón, directora del Centro de Cine.

De hecho, Costa Rica no es el primer país que cobra un impuesto a plataformas digitales para financiar el cine o la cultura. Ya varias naciones europeas han introducido cargas tributarias asociadas al uso de Netflix y servicios similares.

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Así la cuestión, hagamos cálculos. Si la Ley de Cine es aprobada hoy, la tarifa de Netflix, que actualmente es de $8,99 (unos ¢5.240), con el impuesto, pasaría a ¢5.320.

En tanto, un paquete de televisión básico ofrecido por Cabletica, cuya tarifa más barata es de ¢15.492, subiría a ¢15.724.

“Es claro que no será gran cosa lo que tendrá que pagar el usuario. Son ₡80 en caso del cable y ₡232 en el caso de las plataformas de streaming. En el caso del cine, más bien bajará el precio”, dijo el diputado Enrique Sánchez, del PAC, uno de los impulsores del proyecto.

¿Boletos más baratos?

Vale aclarar que aunque los precios de los boletos al cine podrían bajar tras la disminución propuesta del impuesto para los exhibidores, no hay una garantía de que así sucederá. La Asociación Cámara de Distribuidores y Exhibidores Cinematográficos de Costa Rica (CADEC) anunció que sus afiliados están “evaluando” la posibilidad de vender más baratos los tiquetes, pero no lo da necesariamente por un hecho.

“CADEC no fija precios. Nosotros evaluamos y consideramos hacerlo, pero son las empresas exhibidoras (Cinépolis, Cinemark, CCM, entre otras) las que finalmente deben tomar la decisión”, advirtió Luis Carcheri, presidente de CADEC.

En síntesis: que bajen los precios de los boletos al cine o que las películas ticas se mantengan en la pantalla grande un tiempo determinado, dependerá exclusivamente del criterio de las exhibidoras. El proyecto de ley no le metió el diente a esto, pese a ser un reclamo constante de los cineastas.

“Bueno sí, aceptamos que queda legislación pendiente al respecto, pero hay que ir paso a paso. Si nos poníamos a pedir todo, hubiera sido complejo la viabilidad del proyecto. Por ahora confiamos en las exhibidoras y distribuidoras, que por lo general han tenido apertura con la producción nacional”, dijo Marcelo Quesada, vocero del gremio audiovisual.

Además, Quesada recordó que la nueva ley propone que un representante de los distribuidores y exhibidores de cine se sume al Consejo Nacional de Cinematografía, algo que nunca se ha hecho. Este es el ente que, entre otras funciones, selecciona los filmes ticos que se envían a consideración a premiaciones internacionales y emite criterios sobre cómo distribuir fondos de apoyo a los productores locales.

“Sentimos que esto hará que sean más sensibles con la realidad de las producciones ticas”, agregó Quesada.

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¿El impuesto ‘streaming’ solo ayuda al cine tico?

No, en lo absoluto. El cine nacional solo recibirá una fracción de esos impuestos.

La propuesta de modificación a la Ley de Espectáculos Públicos es clara en que los nuevos tributos a las cablera y plataformas streaming beneficiarán al Teatro Nacional con un 40% de los dineros, un 22% a la Compañía Nacional de Teatro, 9% para el Museo de Arte Costarricense y otro 9% para el Instituto Nacional de la Música.

El cine se beneficiará solo con un 20% de esos ingresos, los cuales en específico irán destinados a financiar el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual (El Fauno).

“El Fondo contará así con un presupuesto por ley y no dependería del presupuesto ordinario del Centro de Cine para su ejecución. Ya vimos lo frágil que es esto. El último recorte que se le hizo al Centro de Cine, de ¢100 millones, iba a impactar en el Fauno de alguna manera. Con la nueva ley, en cambio, quedaría blindado”, agregó Xótchil.

¿Qué es El Fauno?

El Fauno es un fondo económico concursable para el financiamiento de proyectos de creadores audiovisuales costarricenses. Se instauró en el 2015 y es administrado por el Centro de Cine.

En el Fauno, el porcentaje que el Estado asigna a cada proyecto es reembolsable si la película tiene ganancias.

Cintas como Apego, de Patricia Velazquez, Ámbar, de Esteban Ramírez, y Violeta al fin, de Hilda Hidalgo, han sido realizadas gracias al apoyo de dicho fondo.

Actualmente el monto que reparte El Fauno es de ¢250 millones anuales, pero con la aplicación propuesta del impuesto de 1.5% a las boletos de cine, plataformas streaming y cableras, aumentaría considerablemente.

“El fondo, según las proyecciones, podría duplicarse. Es decir, será de aproximadamente ¢500 mill-{ñones”, aseguró Xotchil.

Por otro lado, el Teatro Nacional, según proyecciones del diputado Sánchez, recibiría por este tributo ¢1.026 millones anuales, unos ¢400 millones más de lo que recauda actualmente.

“Si eso es así, y el proyecto no tiene cambios en el camino, claro que es positivo para el Teatro”, dijo Karina Salguero, directora del Teatro Nacional.

Este dato es muy revelador, pues aunque actualmente el Teatro Nacional recibe el 50% de los fondos de la Ley de Espectáculos Públicos, de aprobarse la nueva legislación tendría más recursos para operar, aún cuando su porcentaje baje al 40% con la propuesta de Ley de Cine.

“Esto se debe a que se amplia la base contributiva. Como hay más actores, la recolección de ingresos es mayor”, explicó Sánchez.

El futuro del proyecto

A ciencia cierta no se sabe cuando se discutirá el proyecto de Ley de Cine en el plenario de la Asamblea Legislativa ni qué apoyos tiene para ser aprobado en primer debate, donde necesitará mayoría simple (29 votos de 57) para salir avante. Lo cierto es que desde ya cineastas y entes opositores al proyecto mueven sus fichas en los pasillos de Cuesta de Moras.