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La empresa filipina que resultó descalificada en el proceso de licitación para la modernización y operación de Puerto Caldera, acudió ante la Contraloría para apelar la decisión del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
La firma International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), era una de las únicas dos que habían presentado ofertas para la contratación de un nuevo concesionario para el puerto y resultó descalificada en el proceso de selección debido a que según la Administración no cumplía con un criterio de admisibilidad financiera, por lo que posterior al análisis económico de la oferta del otro consorcio interesado, se declaró en firme su adjudicación.
La compañía filipina presentó una apelación en contra de ese acto, que según la Contraloría se fundamenta en la descalificación improcedente de su oferta y la falta de idoneidad técnica de la oferta adjudicada al Consorcio Sunset.
De acuerdo con el órgano Contralor, actualmente, la impugnación está en estudio de admisibilidad en la División de Contratación Pública, que cuenta con un plazo para resolver sobre la admisibilidad hasta el 15 días hábiles luego del vencimiento del plazo para impugnar.
En caso de que el recurso se admita, la CGR tendrá un plazo de 40 días hábiles para resolver. Esa gestión pondría en apuros al Incop, debido a que los actuales contratos de concesión mediante los cuales opera el puerto vencen este año, por lo que en caso de que deban repetir el proceso, no tendrían tiempo para realizar el traslado de la operación según lo previsto.
El contrato de concesión de gestión de servicios públicos de la Terminal de Puerto Caldera y el de obra pública con servicios públicos para la Terminal Granelera finalizarán el 11 de agosto de 2026. Por su parte, el contrato de gestión de servicios públicos para los barcos remolcadores concluirá el 12 de diciembre de ese mismo año.
El año anterior, la Contraloría General de la República advirtió que el “Protocolo de Salida” que fue presentado en enero de 2025 por el Incop para la gestión de los cierres de contratos “generaría cuellos de botella”, ya que una gran parte de las actividades se concentraban en las etapas finales del período contractual.
La Administración estimó el presupuesto para las obras requeridas para la ampliación y modernización del puerto en $587 millones y estableció que el plazo de la concesión en el que la empresa seleccionada recuperaría su inversión mediante la explotación del puerto sería de 30 años, que podrían prorrogarse.
