Escuchar
El grito desesperado de una vecina de Purral de Goicoechea y el llanto de su hijo, aterrado por el golpe continuo en el cielorraso de su vivienda, quedaron grabados en una videollamada que hizo la mujer a su abogada hace apenas cinco días.
Eran las 5:30 de la tarde del martes 24 de marzo cuando la joven de apellido Sáenz escuchó que alguien golpeaba el portón de su casa, ubicada en la comunidad de Los Cuadros. Al asomarse a la ventana vio que era un grupo de oficiales de la Fuerza Pública.
Sáenz asegura que los policías le exigían abrir el portón, ante lo cual les preguntó si tenían una orden de allanamiento, pues sostiene que no existía motivo para la presencia de las autoridades.
“Les pedí la orden de allanamiento y se burlaban de mí, me sacaban el dedo, me decían que la denuncia no iba a llegar a nada, que me iban a echar el PANI”, se lee en su declaración presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Como no les abrió, varios agentes despedazaron el cielorraso de su casa y entraron por el techo a la propiedad. Además, habrían utilizado un gas, a pesar de que había dos niños, uno muy pequeñito, de unos dos años, aproximadamente, y un escolar.
Todo esto consta en un video grabado por la denunciante y aportado como prueba en el expediente penal 26-007906-0042-PE, que se tramita en la Sección de Delitos Varios del OIJ, por presunto abuso de autoridad.
Cinco días después de los hechos, la mujer no sabe por qué irrumpieron violentamente en su casa y por qué la amenazaban con denunciarla ante el Patronato Nacional de la Infancia.
La Nación consultó al Ministerio de Seguridad Pública sobre los hechos denunciados, pero al cierre de esta nota no habíamos obtenido respuesta.
Ingreso por el techo
Según relató la mujer ante el OIJ, al no lograr derribar el portón, los oficiales, quienes serían de las unidades Lince y Grupo de Apoyo Operacional (GAO), todos con capuchas, levantaron una lámina del techo, abrieron un hueco en el cielorraso y lanzaron gas pimienta al interior de la vivienda, donde Sáenz se encontraba junto a sus dos hijos menores y otros familiares.
“Empezaron a golpear el cielorraso que se caía a pedacitos. Nos gritaban que les abriéramos, porque si no, nos iba a ir peor”, relató la mujer a La Nación.
Cuatro policías ingresaron apuntando con armas de fuego y láseres a los presentes. Uno de ellos abrió el portón desde adentro, para que más oficiales ingresaran, se lee en el documento judicial.
La mujer afirma que durante la intervención le pegaron a su pareja, de apellidos Morales Thomas, con una macana, con las manos y con un arma de fuego; supuestamente le sustrajeron cuatro teléfonos celulares, dos de los cuales fueron quebrados; y que causaron daños en sillones, electrodomésticos, una pantalla, un PlayStation y las paredes.
Además, según su relato, los oficiales desconectaron la electricidad y cerraron la llave del agua durante los hechos.
“Echaron gas pimienta y empecé a echarle agua a mis hijos con un trapito, porque se me estaban ahogando”, dijo Sáenz. “Cuando los policías escucharon que el tubo estaba abierto, me cerraron la llave del medidor.”
La mujer también señaló que un oficial supuestamente la empujó mientras cargaba a uno de sus hijos, golpeándole la cabeza contra una pared de cemento. También indicó que otro agente le habría tocado las partes íntimas mientras le buscaba el teléfono celular, hecho que en un primer momento omitió en su declaración ante el OIJ, “por vergüenza”, según admitió.
El compañero sentimental de Sáenz fue trasladado a la delegación de Calle Blancos, donde estuvo aproximadamente una hora. Según la denuncia, él mismo logró observar el número de la unidad policial: 3778. Fue liberado horas después, al parecer sin cargos.
Sáenz aseguró a este medio que una oficial de la Fuerza Pública le habría dicho a sus compañeros: “Vea, ustedes aquí se metieron ilegalmente, hay niños.”
Videollamada de 25 minutos
Gran parte de la aparente irregularidad quedó registrada en una videollamada. Mariela Villalobos, abogada de Sáenz, recibió una llamada de su cliente en los minutos previos al ingreso de los policías. Al escuchar que la situación escalaba, le pidió que se pasaran a videollamada y ordenó a su asistente que grabara con otro teléfono lo que se transmitía desde Purral.
“Donde ella me dice: ‘Nos van a pegar, se me están subiendo por el techo’, es donde yo le digo que nos pasemos a videollamada”, explicó Villalobos.
La grabación duró 25 minutos. En un momento, cuando los oficiales cortaron el servicio eléctrico, desde afuera, la imagen quedó en negro. “Tírese al suelo y deje grabando, por sus hijos”, recomendó Villalobos, según se oye en una parte del video captado por ella y su asistente.
Cuando supuestamente cayeron los policías desde el techo alumbrando con un foco, fue que Villalobos dice haber visto en la pantalla del celular la imagen de un oficial con casco azul. “Ellos entraron y le quebraron los teléfonos sin darse cuenta de que el teléfono no tenía una grabación, sino una videollamada que se estaba realizando”, dijo la litigante.
Villalobos anunció que solicitará respuestas a todos los entes gubernamentales y que presentará una ampliación de la declaratoria de su cliente para incluir el presunto abuso sexual.
“Esto es un allanamiento ilegal, donde se está pasando por encima la Constitución y todo lo que de eso nos respalda como costarricenses”, afirmó.
La abogada indicó que los daños acreditados son de naturaleza psicológica, moral, física y material, y que están siendo valorados junto a otras colegas. El hombre presuntamente agredido fue valorado en medicatura forense. La familia, según Villalobos, evalúa abandonar la zona por temor a represalias.
Apenas el pasado 17 de marzo, en el programa Interferencia, de Radio Universidad, el diputado electo, Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), afirmó que, en caso de que el Congreso apruebe la suspensión de garantías y libertades individuales, se eliminaría la exigencia de orden judicial para allanar recintos de ciudadanos.
El diputado electo no considera que se produzca un daño a las personas si no se encuentran pruebas de delitos en los allanamientos.
