La madrugada del 5 de octubre, el agua comenzó a colarse en decenas de hogares del cantón Central de Puntarenas. Al amanecer, en algunas localidades, el nivel alcanzaba la altura de las rodillas.
Tatiana Guevara, vecina de El Cangrejal, despertó en medio de la noche y encontró su casa anegada. El agua rozaba la orilla de su cama y, al asomarse por la ventana, no distinguía ni las aceras ni las alcantarillas.
“Es la primera vez que veo algo así”, contó entonces a La Nación esta madre de dos menores, quien ha vivido en la misma vivienda desde hace 43 años.
Durante varios días confluyeron distintos fenómenos que dieron paso a las severas inundaciones en comunidades como Bellavista, San Luis, Fray Casiano, Valle Verde, Valle Azul y Santa Fe, entre otras.
La marea estaba alta, las lluvias se mantuvieron intensas durante horas, los ríos aumentaron su caudal y el estero de Puntarenas, donde desembocan varios afluentes, está saturado de sedimentos, lo cual forma tapones que impiden que las corrientes fluyan con naturalidad.
“Todas las personas saben realmente que cuando el estero ha tenido la capacidad hidráulica en su totalidad, esas cosas nunca pasaban (...). Las inundaciones van a seguir sucediendo”, afirmó a La Nación Mario Rodríguez, regidor en la Municipalidad de Puntarenas.
Los sedimentos que arrastran las corrientes de los ríos, el mar e incluso los desechos provenientes de la ciudad se han acumulado por décadas en el estero, y la discusión sobre la necesidad de intervenir el sitio data de más de 20 años.
Frente al Muelle Azul, ubicado en El Cocal, el estero podría casi cruzarse caminando de un lado a otro, si la marea lo permite. Así lo evidencia el único estudio de batimetría (profundidad) realizado en la zona, elaborado entre febrero y marzo del 2024 por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En este punto del estero, como ocurre en sectores aledaños, la profundidad promedio es de apenas un metro, lo que significa que, a duras penas, podría navegar un bote pequeño de pesca artesanal. En otros sectores, el promedio es de tres metros o un poco más.
Las zonas más críticas presentan una acumulación tan grande de sedimentos que incluso pueden verse fuera del agua, como pequeñas islas, especialmente en las desembocaduras de los ríos y frente a ellas.
Tanto el gobierno local como el central coinciden en la solución: es necesario dragar el estero. Sin embargo, el proyecto es costoso y en Costa Rica no existe la maquinaria requerida para realizarlo. Además, las autoridades nunca antes se han enfrentado a una obra de esta magnitud.
Del estero podrían extraerse más de 100.000 m³ de sedimentos, y todavía no hay claridad sobre qué se haría con esa cantidad de material, suficiente incluso para crear una isla artificial.
Pese a reconocer la urgencia del problema, desde hace más de 15 años, las autoridades no logran ponerse de acuerdo sobre quién debe asumir la responsabilidad.
Más de la mitad del presupuesto local
“El estero de Puntarenas tiene una espesa sedimentación, lo que hace imposible la navegación”, publicó La Nación en 2008. Desde entonces, e incluso desde antes, han trascendido solicitudes de ciudadanos que piden ayuda para dragar el sitio, llegando incluso hasta la Sala Constitucional.
En 2010, los magistrados de dicho tribunal declararon con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano que afirmó que sus barcos no podían navegar porque se quedaban atorados en la arena y detalló que el Decreto Ejecutivo 34551-MOPT le otorgaba a la Municipalidad de Puntarenas la responsabilidad de dragar el estero.
En ese momento, el costo de dragar el sitio se acercaba a los $5 millones. Hoy, tras el paso de los años, el problema se agravó.
Sin estudios ni planes previos, resulta complejo para las autoridades hablar de montos específicos; sin embargo, Verny Jiménez, director de la División Marítimo Portuaria del MOPT, estima que el costo del dragado podría superar los $12 millones, sin considerar el mantenimiento anual.
Para ponerlo en perspectiva, la cifra representa, aproximadamente, el 57% de todo el presupuesto inicial con el que contó la Municipalidad de Puntarenas para este 2025 (¢11.045 millones).
No obstante, antes de pensar en el dragado, Jiménez indicó que corresponde hacer un estudio de impacto ambiental, el cual, al día de hoy, no tiene un presupuesto asignado y tampoco planes para iniciar.
“Ese estudio es grandísimo. Es un estudio sumamente caro y creo que no se ha hecho un estudio de esa magnitud en el país nunca, por lo menos que yo conozca, por lo extenso que es”, explicó.
Por su parte, el alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, afirmó que solo llevar a cabo un análisis como este implicaría una inversión mayor al millón de dólares.
“No está en capacidad de la Municipalidad de Puntarenas poder financiarlo (...). No se cuenta con el recurso para algo tan caro”, aseveró.
Debaten sobre responsabilidades
Por décadas, las autoridades han debatido sobre responsabilidades en el tema del estero de Puntarenas.
Antes, la discusión giraba en torno a los barcos que quedaban atorados y su efecto en la actividad pesquera. Hoy, el problema persiste, pero las comunidades aledañas también están en riesgo latente y aún parece no haber un acuerdo.
Para el director de la División Marítimo Portuaria, tanto el dragado como el estudio de impacto ambiental y el mantenimiento le corresponden a la Municipalidad, pues afirma que la ley que declara la zona urbana de Puntarenas (4071) le otorga al ayuntamiento la responsabilidad de mantener el estero.
“La Municipalidad lamentablemente no puede obviar sus obligaciones legales, tiene que apegarse al principio de legalidad y le corresponde a ellos. La Sala (IV) ya le indicó que debe hacer este dragado”, manifestó Jiménez a este diario.
“Nosotros tampoco podemos asumir una responsabilidad completa, no tenemos los recursos disponibles para hacerlo”, agregó.
Por su parte, el alcalde puntarenense niega que el mantenimiento del estero sea responsabilidad del gobierno local e insiste en que le corresponde al Poder Ejecutivo, porque es un canal de navegación y una vía marítima.
“La Municipalidad es el eje central para iniciar los procesos de dragado, pero por competencia es del MOPT”, indicó Chavarría.
Así han transcurrido por años las discusiones entre las autoridades de turno. Aunque en el pasado se llevaron a cabo mesas de diálogo y se crearon comisiones de alto nivel, no se ha alcanzado un acuerdo para ejecutar las obras y, con el paso del tiempo, la problemática continúa empeorando.
Riesgo creciente
Mario Rodríguez, regidor de Puntarenas, citó varias razones por las cuales el problema del estero ha trascendido incluso el ámbito local y requiere de una intervención urgente.
Afirmó que existe temor de que ciertas partes del manto se sequen y que los manglares de la zona continúen muriendo de forma paulatina. Asimismo, advirtió de que las dificultades de navegación afectan la única fuente de ingreso de comunidades que dependen casi en un 100% de la pesca.
La muerte de la actividad pesquera de la zona, dice, conllevaría consecuencias severas en términos de pobreza, desempleo e incluso la posible influencia de organizaciones delictivas en los sitios más vulnerables con escasas alternativas económicas.
Rodríguez ha enviado al menos tres oficios a la Presidencia de la República entre 2023 y 2024, solicitando ayuda para solventar el problema en el estero. Asegura que sus gestiones no han tenido respuesta.
Incluso, pidió acceder a fondos mediante una declaratoria de emergencia cuando las inundaciones fueron severas, a inicios de octubre, pero afirmó que el trámite fue revocado.
Para este punto, afirma que la discusión debería centrarse en alcanzar un acuerdo entre ambas partes.
“Necesitamos de verdad que el gobierno, con su capacidad técnica y su capacidad financiera, nos ayude al menos con el estudio y nos diga qué soluciones plantean para Puntarenas.
“No estamos pidiendo que se nos regale nada. Estamos pidiendo, como gobierno local, primero que se nos ponga atención y que trabajemos en conjunto”, indicó.
Una draga especializada
De acuerdo con Verny Jiménez, el MOPT trabaja en la compra de una draga anfibia multipropósito, un tipo de maquinaria que, hasta el momento, no existe en Costa Rica.
El artefacto tiene un costo de $4 millones, y la adquisición se ejecutaría con el presupuesto en aprobación para el 2026.
La maquinaria, explica, se utilizaría para dragar no solo el estero de Puntarenas, sino también otros sitios del país que lo requieren.
“Por algo estamos comprando la draga. Es un tema también de país. En este momento, cuando se están exponiendo vidas de las personas y también el impacto económico de la situación… alguien tiene que asumirlo”, afirmó.
La prioridad número uno, señaló, será dragar los canales de Tortuguero, debido a su impacto en el turismo costarricense y por ser un “lugar estratégico para el país”.
En la lista también menciona el estero de Puntarenas, así como los embarcaderos de isla Chira, isla Venado, Drake, Pavones, La Pavona, y los atracaderos de Moín y Caldera.
“Hay muchos lugares que también requieren dragados para mantenerse navegables”, añadió.
No obstante, sin un estudio ambiental, ni siquiera es posible pensar en el dragado en Puntarenas. ¿Quién lo asumirá?