
El nuevo juicio contra la activista Yendry Quirós Conejo, conocida como La Colocha, por las amenazas dirigidas contra el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, ya tiene fecha.
Quirós informó este viernes 7 de agosto, en su perfil de Facebook, que el juicio fue programado para el próximo 27 de agosto, a las 8:30 a. m., en los Tribunales de Justicia de San José.
Quirós aseguró que se presentará al debate y reiteró su inocencia.
“Recibo esta noticia con absoluta paz en mi corazón y con la tranquilidad de quien sabe que no ha cometido ningún delito. Voy a presentarme en los tribunales con la frente muy en alto, con la serenidad de mantener mi inocencia intacta y lista para defender mis derechos”, manifestó.
La activista también cuestionó la forma en que, según considera, opera la justicia dependiendo de la persona sometida a un proceso. “Es imposible no sentir que las cosas se mueven diferente según quién sea la persona procesada”, afirmó Quirós, quien sostuvo que la justicia no debería establecer diferencias por “el apellido, el origen social o las conexiones”.
El contexto del nuevo juicio
El nuevo juicio fue ordenado después de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anulara la sentencia que había absuelto a Quirós por los hechos ocurridos durante una protesta frente a la Asamblea Legislativa el 22 de junio de 2023.
Ese día, mediante un megáfono, Quirós le dijo al entonces diputado Ariel Robles que “se haga un churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz, para que aprenda a ser hombre”. También lo llamó “chuchinga”.

El 4 de marzo de 2025, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José absolvió a la activista. En aquella ocasión, se consideró que sus palabras constituían una “expresión de deseo” y que Quirós no se había atribuido directamente la ejecución del daño anunciado.
El Ministerio Público apeló y el tribunal de alzada acogió el recurso. Los jueces determinaron que el fallo inicial cometió un “yerro jurídico medular”. Aclararon que la ley no exige que el agresor “exteriorice expresamente que ejecutará personalmente el daño”. Lo legalmente relevante, sostienen, es “la exteriorización seria, verosímil e intimidante de un mal futuro”.
El tribunal rechazó la tesis de que la frase fue inofensiva y explicaron que la expresión sobre sacarle el sirope “fue comprendida por todos los intervinientes como referencia a hacer sangrar al diputado”, y bajo ninguna circunstancia “constituye un mero exabrupto ambiguo, ni una expresión inocua”, señala el fallo.
En el documento judicial se explica que, al proferirse públicamente contra un legislador en funciones, la acción adquiere “una connotación objetivamente violenta e intimidatoria” que “excede el mero intercambio áspero de opiniones políticas”.
El fallo advierte, además, sobre la normalización de la violencia institucionalizada y rechaza que pueda minimizarse “bajo la sola consideración de tratarse de frases coloquiales”.
Es por ello que el tribunal ordenó llevar a cabo un nuevo debate ante uno distinto y aclaró que la anulación no constituye “una declaración anticipada sobre la responsabilidad penal de la imputada”.
